La situación política repercute en el 64% de las empresas del país
La previsión de crecimiento de la economía española se mantiene en el 3,2% para este año
La situación política de este último año han tenido influencia en la actividad del 64% de las empresas, según se desprende a la Encuesta sobre Morosidad y Financiación Empresarial realizada en junio, que se incluye en Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial nº 10, elaborado por Cepyme (organización de la que forma parte Confaes) con la colaboración de la Dirección General de Industria y de la Pymes.
Un 28,2% de las empresas consultadas señaló que la situación de interinidad política tenía un notable impacto sobre su actividad empresarial, y un 35,5% indicó que este impacto era moderado. Para el 34% de las empresas consultadas esta situación no tiene ninguna influencia sobre su actividad.
Crecimiento del 3,2% durante 2016
La previsión de crecimiento de la economía española se mantiene en el 3,2% para este año, pese a la gradual desaceleración en el ritmo de crecimiento trimestral que se viene registrando durante el actual ejercicio. Dicha desaceleración conducirá a un crecimiento anual del 2,3% en 2017, que se traducirá en 390.000 nuevos empleos y una tasa de paro del 17,9%, según los datos contenidos en este Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial.
El período medio de pago de las operaciones comerciales entre empresas se redujo en el segundo trimestre de este año desde los 83,4 hasta los 80,1 días, que representan el mínimo de la serie histórica (desde el primer trimestre de 2008). Por su parte, la deuda comercial en retraso de pago volvió a incrementarse, representando ya el 72,1% del total del crédito comercial. Este comportamiento del porcentaje de deuda comercial en retraso de pago y el periodo medio de pago confirma la necesidad de abordar reformas de calado que permitan erradicar las malas prácticas en materia de cobros y pagos, según pone de relieve el Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial de CEPYME.
Este estudio pone de relieve asimismo la preocupante evolución de la denominada "morosidad extrema", es decir, aquellos efectos denunciados, que entran en la categoría de dudoso cobro, y que en agosto acumulaban una demora de 1.087 días, casi tres años de impago. El coste financiero de la morosidad se situó en el entorno de los 900 millones de euros en el segundo trimestre del año, lo que equivale aproximadamente al 0,1% del PIB.
Por sectores, construcción y textil vuelven a situarse a la cola en materia de cobros, con períodos de pago de 93,2 y 93,1 días respectivamente, más de 30 días por encima del plazo legal (60 días). Por el contrario, papel y artes gráficas y el sector químico son los que mejor comportamiento han mostrado, con 70,7 y 73,6 días, respectivamente.
Castilla y León, autonomía con los pagos más rápidos
En lo que se refiere a la evolución de la morosidad interempresarial por Comunidades Autónomas, cabe destacar el empeoramiento del periodo medio de pago entre empresas en Aragón, tradicionalmente la Comunidad mejor pagadora, que ha pasado de 68,7 a 77,8 días. Castilla y León encabeza la lista de las Comunidades Autónomas con menor período de pago entre empresas, con 71,3 días (72,2 días en el trimestre anterior), mientras que Extremadura se sitúa a la cola, con 95,2 días (79,7 días en el trimestre anterior).
El período medio de pago se reduce especialmente en el segmento de las microempresas, al pasar de 85,6 a 76,1 días. Entre las pequeñas empresas, este período se reduce desde los 80,9 hasta 79,4 días, mientras que en las medinas pasa de 86,2 a 84 días.
Por lo que respecta a la morosidad de las Administraciones Públicas, el período medio de pago en las Comunidades Autónomas se sitúa en 72,2 días, más de 42 días por encima del periodo legamente establecido (30 días), convirtiéndose estas entidades en el nivel administrativo con peores registro de pago a proveedores. En el ámbito de las corporaciones locales, el periodo medio de pago se mantiene estable en torno a los 60 días. El Estado y los organismos y entes públicos son los niveles administrativos que presentan menores períodos de pago, con 56 y 48 días, respectivamente. En ambos casos, por encima del límite legal de 30 días.