Junta y Fiscalía habilitan un sistema de información contra la violencia de género

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y la Fiscal Superior de Castilla y León, María Lourdes Rodríguez, han firmado un protocolo de actuación conjunta entre ambas entidades para la coordinación de las actuaciones del modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género.

Alicia García ve en este acuerdo un nuevo paso y un avance muy significativo en la implantación del modelo integral de atención a las víctimas de violencia de género 'Objetivo Violencia Cero', ya que reforzará la coordinación entre ambas instituciones y permitirá un eficaz y ágil intercambio de información enfocado a ofrecer una atención integral y una protección personalizada a las víctimas, mejorando la respuesta de las instituciones y optimizando recursos.

Este refuerzo a la colaboración entre Junta y Fiscalía supondrá la utilización de un sistema de información unificado que permitirá a los diez fiscales de la Comunidad especializados en violencia de género disponer de la información social necesaria para el ejercicio de sus funciones en relación a la atención y proyección a las víctimas. Este sistema unificado de información permitirá a los fiscales contar con más información de los distintos recursos a disposición de las víctimas enmarcados en el modelo 'Objetivo Violencia Cero', proporcionará más información para la redacción de su informe de acreditación respecto de si la denunciante es víctima de violencia de género, en tanto se dicta la orden de protección; permitirá adecuar la propuesta de orden de protección que formula la Fiscalía a la situación concreta de las víctimas y mejorará la protección a la mujer y a las personas que de ella dependen, especialmente de los menores, al tener información actualizada de la situación social de la víctima.

A partir de la firma de este protocolo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pone a disposición de los fiscales especializados en violencia de género herramientas e información que pueden serles de utilidad en el desempeño de su trabajo. Por un lado, tendrán acceso al informe de valoración de la situación de violencia de género elaborado por los profesionales de los servicios sociales de los CEAS, que contiene la información constantemente actualizada obtenida respecto a la víctima, informaciones como sus necesidades de ayuda inmediata, necesidades de apoyo para la autonomía o necesidades de los menores a su cargo, entre otras. Además, los fiscales tendrán también acceso a la información sobre los recursos de la Comunidad para víctimas de violencia de género. Junto a esto, tendrán también acceso a la historia social de las víctimas, en la que figura la información relativa al CEAS de referencia, las valoraciones realizadas o las prestaciones que han sido concedidas.

Junto a esto, la Fiscalía tendrá como interlocutores directos a los profesionales de las gerencias territoriales de Servicios Sociales. Se establece el compromiso de ambas partes en la formación continua de todos los profesionales implicados y la Fiscalía asume el compromiso de difusión de los instrumentos del modelo 'Objetivo Violencia Cero' entre los profesionales del Ministerio Fiscal para favorecer su aplicación por los profesionales implicados y hacer de este modelo un modelo de todos.

Impulso en la implantación modelo de atención 'Objetivo Violencia Cero'

Desde el mes de septiembre de 2015, momento en el que la Junta de Castilla y León aprobó las Directrices del modelo de atención integral a víctimas de violencia de género 'Objetivo Violencia Cero', se ha venido realizando un intenso trabajo a través de destacadas actuaciones encaminadas a lograr su implantación y la efectiva implicación de todos los agentes que trabajan para erradicar la violencia de género en Castilla y León. También a nivel presupuestario ya que, en 2016, la Junta está destinando más de cuatro millones de euros para continuar implantando este modelo, lo que supone un 3,3 % más que el año anterior.

Fruto de este trabajo para implantar el modelo, se ha propiciado el compromiso de los representantes políticos de todas las administraciones; se han constituido grupos de trabajo con 75 profesionales de las corporaciones locales para la concreción del modelo, de las guías y procedimientos de actuación; se han mantenido reuniones técnicas con las 24 corporaciones locales con más población de Castilla y León para poner en marcha de manera conjunta el nuevo modelo de trabajo en red en Castilla y León.

Además, se han elaborado distintas herramientas de apoyo como una guía de orientación jurídica, una guía de coordinación para los profesionales de los servicios sociales y un manual de intervención psicológica; se ha contratado a 125 nuevos profesionales en estas corporaciones locales para reforzar el sistema de atención a víctimas de violencia de género y se han convocado, tanto en 2015 como en 2016, ayudas destinadas a las empresas y entidades para contratar a mujeres víctimas de violencia de género.

Junto a esto, se ha buscado la implicación de los distintos agentes implicados en la lucha contra la violencia de género para unificar y coordinar las actuaciones del modelo de atención integral. En estos últimos meses se han firmado protocolos con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que está permitiendo dar mayor agilidad a la tramitación de las órdenes de protección y que los jueces y letrados de la administración de justicia puedan disponer del informe de violencia de género y de la historia social de cada víctima; con el Consejo de la Abogacía de Castilla y León para la realización de programas de formación en materia de violencia de género, formación especializada que se está desarrollando actualmente y que llegará a más de 650 profesionales, especialmente abogados del turno de oficio de violencia de género. Y hoy se ha firmado un protocolo con la Fiscalía de Castilla y León para coordinar actuaciones y utilizar un sistema de información unificado que redunde en beneficio de la atención y protección a las víctimas.

Al mismo tiempo, está en marcha un Plan de formación para 850 profesionales de las corporaciones locales dirigido a iniciar la implantación progresiva de la figura del coordinador de caso, que será el profesional de referencia de la víctima y el responsable de activar todos aquellos recursos que puedan necesitar a lo largo de todo el proceso y, respecto al fomento de la integración laboral de las mujeres víctimas de violencia de género, se ha incluido a este colectivo entre los destinatarios de los proyectos de inserción socio-laboral en Castilla y León, medida adoptada dentro del nuevo Acuerdo de directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública, aprobado en julio.

En lo que respecta a próximas actuaciones dentro de la implantación del modelo integral, está prevista la elaboración de protocolos de detección y atención inicial a víctimas de violencia de género en diversos ámbitos, para institutos y universidades, para los servicios sanitarios, para el teléfono de atención 012, el 112 o las entidades del tercer sector, y dirigir actuaciones a la necesaria colaboración y coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad y a la Delegación del Gobierno de Castilla y León, tanto a nivel tecnológico para establecer sistemas de información compartidos de los respectivos sistemas de gestión como a nivel organizativo.

Red 'Objetivo Violencia Cero'

El modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género 'Objetivo Violencia Cero' plantea un enfoque de trabajo en red para dar una respuesta individualizada, inmediata y adecuada a las necesidades de cada mujer afectada, de forma que garantice su seguridad y su autonomía, junto con sus hijos e hijas y otras personas de ella dependientes. En este sentido, los datos de atención y recursos de la Red en 2015 fueron los siguientes: A través de este modelo integral, la Red de 14 centros de acogida y tres centros de emergencia atendió a 461 personas. Prestó servicios de apoyo psicológico a casi 900 personas, servicios de orientación y asesoramiento jurídico en todo tipo de materias como civil, penal o laboral por profesionales especializados a 264 mujeres. Al mismo tiempo, se concedieron ayudas económicas específicas a las mujeres víctimas, como la prestación económica para fomento de la autonomía de mujeres víctimas de violencia de género, con 50 ayudas concedidas por importe de 270.936 euros. También, las víctimas cuentan con un acceso a la Renta Garantizada de la Ciudadanía en condiciones especiales y, en 2015, fueron 116 víctimas las que accedieron a renta garantizada.

En 2015, se convocaron líneas de ayudas para empresas y entidades, destinadas a fomentar la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género de Castilla y León por un importe de 100.000 euros. Se beneficiaron de esta subvención 21 empresas y se subvencionaron 21 contrataciones. En 2016, también se han convocado y se ha incrementado el presupuesto hasta los 147.000 euros. Junto a esto, se adjudicación a mujeres víctimas en régimen de arrendamiento un total de 30 vivienda protegidas que beneficiaron a 78 personas y se prestó servicio de orientación psicológica a maltratadores a 55 hombres mediante el programa Fénix.