Castilla y León tramita más de 24.000 expedientes electrónicos de Justicia Gratuita
El uso del expediente electrónico de Justicia Gratuita permanece estable
A destacar el aumento de la inversión en Violencia de Género, con 7,6 millones, un 2,9% más que el año anterior
Una vez pasado el impacto de las tasas judiciales tras su derogación en febrero de 2015 se ha producido una leve disminución del 0,3% del gasto en Justicia Gratuita con respecto a 2014, alcanzando una inversión de 227,1 millones de euros frente a los 227,8 millones de 2014.
Esta es una de la conclusiones del X Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita en España, elaborado por Abogacía Española y Wolters Kluwer. Esta práctica estabilización de costes se produce tras varios años de reducción de las inversiones en Justicia Gratuita con un descenso en cinco años del 11%, pasando de los 254,5 millones de euros invertidos en 2011 a los 227,1 millones de 2015 destinados a este servicio fundamental para los ciudadanos.
Esta leve disminución con respecto a 2014 se ha producido principalmente por la mayor reducción en el Turno de Oficio, con 154,8 millones de gasto y un descenso del 1% con respecto a 2014, cuando se destinó a este servicio 156,3 millones de euros. Por su parte, la Asistencia Letrada al Detenido ha tenido un leve incremento del 0,4% con una financiación de 43,5 millones de euros.
Cabe destacar el incremento de la inversión en Violencia de Género que con un importe de 7,6 millones de euros tiene un aumento del 2,9% con respecto a 2014. Mientras que la compensación que perciben los Colegios de Abogados por los Gastos de Infraestructura para financiar la gestión del Servicio de Justicia Gratuita también aumentó en 2015, en este caso un 2,2% al incrementarse su importe a 21,1 millones de euros. Este gasto tiene una tendencia a la estabilización por la implantación del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita, que reduce los costes de gestión y acorta los tiempos de tramitación. En los últimos cinco años, los Gastos de Infraestructura han tenido una reducción del 1,1% pasando de los 21,4 millones de euros en 2011 a los actuales 21,1.
Los ciudadanos tramitaron en 2015 en los Colegios de Abogados o a través de los juzgados 905.161 solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita, lo que supone un descenso superior al 6% con respecto a 2014 cuando se recibieron 969.775 expedientes.
Tras los análisis pertinentes de estas solicitudes, los 83 Colegios de Abogados remitieron a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita (organismos dependientes del Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia) 749.000 expedientes, de los que se ratifican una media superior al 84%.
Comunidades autónomas como Castilla y León, Murcia y Asturias mantuvieron una media del 90% en las ratificaciones por las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de los expedientes remitidos por los Colegios de Abogados. La ciudad autónoma de Ceuta alcanzó una ratificación del 95% de expedientes confirmados.
El uso por los ciudadanos del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita permaneció prácticamente estable durante 2015, periodo en el que se tramitaron 621.648 solicitudes con esta herramienta tecnológica del Consejo General de la Abogacía Española, lo que supone una leve disminución del 1% con respecto al año anterior.
En 2014, fueron 627.741 los expedientes de ciudadanos que utilizaron este servicio, mientras que en 2013 el Expediente Electrónico se utilizó en 565.492 solicitudes de Justicia Gratuita. En cinco años se ha duplicado el uso del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita, pasando de 316.922 expedientes en 2011 a 621.658 de 2015.
Por Comunidades Autónomas, la que más expedientes electrónicos tramitó en 2015 fue Andalucía, con 116.480 solicitudes de Justicia Gratuita por vía digital; seguida de Madrid, que el año pasado gestionó 97.690 expedientes; Comunidad Valenciana, con 91.843; y Cataluña, en la que 77.926 solicitudes de ciudadanos se tramitaron a través de las entidades colegiales.
Galicia y Canarias superaron los 35.000 expedientes, mientras que la Región de Murcia y Castilla y León tramitaron más de 24.000. Por su parte, Castilla-La Mancha, Baleares, Extremadura, Aragón y el Principado de Asturias superaron las 14.000 solicitudes recibidas en 2015.