La Generalitat devuelve los primeros ‘papeles de Salamanca’

Policarpo Sánchez ha mostrado su satisfacción porque el Gobierno de Puigdemont ha devuelto documentos al Archivo de Salamanca, en concreto los del relojero de la Puerta del Sol, Guillermo Suils, del PSOE de Asturias y de Nestle.

No obstante, la batalla judicial, que comenzaba el investigador salmantino en 2014, seguirá su curso, ya que restan miles de legajos pendientes de devolución. De hecho, desde la citada asociación hablan de unos 400.000 legajos. El 9 de junio habrá una reunión sobre este tema con Jusèp Boya, director general de Archivos, Bibliotecas, Museos y Patrimonio de la Generalitat de Catalunya.

Declaraciones de Policarpo Sánchez, presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca

Antes de comenzar, debo recordar que cuento con el apoyo oficial del Ayuntamiento de Salamanca, de las Cortes de Castilla y León, de la Junta General del Principado de Asturias y de los siguientes partidos políticos: PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, Izquierda Unida, Foro Asturias, UPyD, VOX, Unión del Pueblo Leonés y Unidad Regionalista de Castilla y León. Que más de 32.500 personas han firmado a través de la asociación cívica HazteOir.org, exigiendo a la Generalitat de Cataluña que devuelva los documentos que mantiene indebidamente en su poder. Y que la demanda judicial que presenté contra la Generalitat ha llegado hasta el final.

La Generalitat de Cataluña, presionada social, política y judicialmente por la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, se ha visto obligada a devolver documentos al Archivo de Salamanca.

Hoy es el día más feliz de mi vida desde que inicié la lucha en defensa de la legalidad, porque puedo decirle a Guillermo Suils que, por fin, la documentación de su padre ya está donde quería: en el Archivo de todos los españoles, que tiene su sede en Salamanca.

Hace casi 5 años manifesté públicamente que la devolución de un solo documento sería una victoria, porque la Generalitat de Cataluña no lo haría voluntariamente, sino presionada judicialmente a cumplir la Ley. Ese día ha llegado. Ha merecido la pena tanto esfuerzo por ver cumplido el sueño de esta familia.

También ha devuelto una parte de la documentación del PSOE de Asturias que mantenía indebidamente en su poder. En concreto, la que había sido trasladada identificada erróneamente como si se tratase del PSOE de Sabadell, cuando, en realidad, eran los refugiados socialistas asturianos en esa localidad que habían constituido una Agrupación de la Federación Socialista Asturiana.

Tanto un caso como el otro eran ejemplos flagrantes de incumplimiento de la Ley. Una persona, empleado de una joyería en la Puerta del Sol de Madrid, que jamás pisó Cataluña en toda su vida; y un partido político que, por un error en la transferencia, había sido enviada su documentación a Cataluña.

A pesar de ser casos tan claros, reiterada y públicamente denunciados durante 5 años, sólo han sido devueltos para tratar de evitar una Sentencia condenatoria por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Mi demanda judicial exige el cumplimiento de la Ley y la Sentencia del Tribunal Constitucional, a lo que la Generalitat se niega, y ha soltado los documentos que le quemaban en las manos. Aquellos que figuraban en el cuerpo de mi demanda y que más mediáticos se habían hecho. La demanda judicial es la clave para entender por qué ha devuelto esos documentos.

La devolución a Salamanca se ha llevado a cabo en total secreto y, actualmente, los documentos se custodian en la cámara acorazada del Archivo en lugar de reintegrase a su sitio, a sus cajas. Una prueba más de la falta de transparencia y oscurantismo con que se intentan tapar las irregularidades cometidas en los envíos ilegales de documentos. No se ha informado a los investigadores ni a los ciudadanos en general de esta devolución. Quienes los busquen donde estaban nunca los encontrarán.

Hemos vencido y es un momento para disfrutar, porque es una victoria de la defensa del cumplimiento de la Ley.

No es la primera vez que la Generalitat de Cataluña devuelve documentos a Salamanca, y siempre dentro del mismo contexto: la presión de mis denuncias. El 9 de febrero de 2015, devolvió 4 documentos de familias de Madrid y Cantabria que figuraban como prueba, a modo de ejemplo de los envíos ilegales, en el cuerpo de mi demanda. Curiosamente, se produjo a los pocos días de rechazar el TSJC el recurso del abogado de la Generalitat para que esta demanda fuese archivada.

Igualmente, el 6 de octubre de 2011 devolvió 408 documentos del PSOE de Asturias. Un mes antes denuncié a través de los medios de comunicación la salida ilegal de esta documentación. El día anterior a su devolución en secreto a Salamanca, el Ministerio de Cultura mintió por escrito al Gobierno de Asturias, asegurando que mis denuncias públicas eran falsas y que esta documentación nunca había salido del Archivo de Salamanca. Demostré documentalmente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tanto la entrega a la Generalitat como la posterior devolución.

Sin embargo, la devolución del 2016 es la más emblemática, porque, con ella, la Generalitat trata de contentarme, por una parte, en la fase final del proceso judicial, y de transmitir falsamente al TSJC que había unos pocos errores entre tantos documentos trasladados, y se ha subsanado. En nuestro escrito de Conclusiones dejamos claro al Tribunal que la familia Suils y el PSOE de Asturias son solo unos ejemplos entre los miles de incumplimientos de la Ley que hemos demostrado en los anexos presentados con la demanda. El propio reconocimiento del Ministerio de Cultura de que no existe una relación pormenorizada de lo trasladado a Cataluña, impide conocer en su totalidad la documentación indebidamente en poder de la Generalitat.

¿Qué falta por devolver a Salamanca?

Cuando comuniqué a la familia Suils que habían devuelto la documentación de su padre, Guillermo tuvo un enorme gesto de generosidad. Me preguntó: "¿y lo de las demás familias? No. No lo han devuelto. Sólo de la familia Suils, porque se ha convertido en el caso más mediático para explicar las irregularidades cometidas. Como decía antes, a la Generalitat de Cataluña le quemaba en las manos este documento y trataba de salvarse de una condena judicial, devolviéndolo. Las demás familias tienen el mismo derecho a que devuelvan sus documentos. La familia Sales, de Castellón, de la que hemos demostrado con una enorme cantidad de pruebas ante el Tribunal que jamás pisó Cataluña al igual que los Suils. La familia Más, de Valencia. La familia Torregrosa, de Alicante. La familia Espejo, de Málaga. La familia Martínez, de Murcia. La familia Blasco, de Teruel. La familia Paredes, de Huesca. Todas estas familias, de 23 provincias españolas, tienen el mismo derecho que la familia Suils a que se cumpla la Ley. Esa documentación robada a Valencia, Murcia o Aragón no es la memoria del pueblo catalán, y tienen que devolverla, en cumplimiento de la Ley.

Falta también de devolver el grueso de la documentación del PSOE de Asturias. Hasta ahora han devuelto la identificada como del propio PSOE de Asturias y la identificada por error como del PSOE de Sabadell. Falta por devolver la más numerosa: la identificada por error como del Centro Asturiano de Barcelona. Mientras que en los casos anteriores, la Generalitat se excusa en un error compartido con el Gobierno de España, a través de la Comisión Mixta que autorizó los trasladados, hay un agravante en este último caso: la Generalitat ha cometido un fraude de Ley al entregar la documentación del PSOE de Asturias a una persona jurídica diferente, y, por eso, no la devuelve.

Solicitamos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que haga cumplir la Ley a la Generalitat y, por ello, mi demanda sigue adelante.

Solicitamos al Tribunal también que se cumpla la Sentencia del Tribunal Constitucional que establece que, cuando los documentos no pueden retornar a sus propietarios, porque desaparecieron hace más de 70 años, como es el caso de numerosas entidades, la Generalitat tiene que devolverlos al Archivo estatal en Salamanca. Por ejemplo,

Hemos pedido al Tribunal que se devuelvan 770 documentos y 1 libro de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética; 22.873 documentos del Socorro Rojo Internacional; 27.738 documentos de Solidaridad Internacional Antifascista; 146 documentos de la Aliança Nacional de la Dona Jove, entre otros.

También hemos pedido al Tribunal que devuelva los documentos que la Generalitat ha entregado a quienes no son sus legítimos propietarios, en un claro fraude de Ley, como los 1.519 documentos del Centro Asturiano de Cataluña (entre los que se encuentran los del PSOE de Asturias), o los 68.522 documentos (hasta el 2011) entregados al CADCI que, según Sentencia de un Juzgado de Barcelona, ratificada por la Audiencia Provincial de Barcelona, no es la persona jurídica a quienes se incautaron los bienes en 1939.

Hoy, como decía al principio hemos ganado, porque hemos obligado a la Generalitat de Cataluña a cumplir la Ley, devolviendo documentos que mantenía indebidamente en su poder en un hito histórico. Pero proseguimos con la lucha en defensa de la legalidad, en defensa de las familias que están sufriendo dolor y daño, en cumplimiento de las resoluciones judiciales.

El 9 de junio me reuniré con Jusèp Boya, director general de Archivos, Bibliotecas, Museos y Patrimonio de la Generalitat de Catalunya. La reunión tendrá lugar a las 13.00 h. en la sede de la Dirección General, Palau Moja, Portaferrissa, 1-3. Deseo que podamos llegar a un acuerdo. Para ello, le propondré algo imposible de rechazar: el cumplimiento de la Ley. Sé que será difícil que se muestre favorable, por ejemplo, al retorno a Salamanca de los documentos del CADCI, porque en la Generalitat han predominado para su entrega criterios políticos por encima de los jurídicos, y quedaremos a la espera de la Sentencia del TSJC. Pero veo factible llegar a un acuerdo para que se devuelvan los documentos de las familias no catalanas, que no tenían ni domicilio ni residencia en Cataluña, o en el caso del PSOE de Asturias.

Celebro la victoria por los documentos devueltos y continúo en la lucha en defensa de la legalidad.