España pierde el 23% de sus explotaciones agrarias en la primera década del siglo XXI

Las organizaciones Plataforma Rural, Fundación Mundubat, Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas, (COAG) Sindicato Lábrego Galego (SLG), EHNE Bizkaia, la Confederación de Mujeres del Mundo Rural (CERES) y Sindicato de Obreros del Campo (SOC) junto a la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, han presentado hoy en el Congreso de los Diputados la campaña "Por una política de tierras justa y sostenible en España y Europa" que parte de las conclusiones del Estudio sobre la propiedad de la tierra en todo el territorio comunitario. Entre las mismas, destacan.

La propiedad de la tierra en Europa se ha vuelto tan desigual que en algunas regiones alcanza niveles parecidos a los de Brasil o Colombia, países conocidos por su inequidad en la distribución de las mismas. Según datos oficiales, el 3% de las fincas controlan el 50% de la superficie agraria útil en la UE.

En el Estado español, la evolución de número y dimensión física de las explotaciones sigue las tendencias observadas a nivel europeo y, en concreto, el estudio recoge que en la primera década del siglo XXI:

El número de explotaciones agrarias se ha reducido un 23,2%. En valores absolutos, las CC.AA que han sufrido un mayor abandono han sido Comunidad Valenciana (49.460), Andalucía (48.200) y Galicia (37.050).

La Superficie Agraria útil (SAU) debido al abandono de explotaciones, fenómenos urbanísticos y recalificación de los usos del suelo, ha disminuido un 9,2%, lo que equivale a 2,4 millones de hectáreas. En 10 años, se han perdido 659 hectáreas cada día.

La media del tamaño de las explotaciones ha aumentado un 18%. El incremento se ha concentrado entre las explotaciones de tamaño medio-grande. La pequeña explotación (menos de 5 ha) representa el 52% del total pero sólo el 4,3% de la superficie. La mediana explotación (entre 5 y 70 ha) representa el 40,8% de las explotaciones con el 32% de la tierra. La gran explotación (entre 70 y 500 ha) representa la mayor parte de la tierra cultivada (46%). Y la propiedad latifundista (más de 500 ha) que acapara el 17% de la superficie pero sólo suponen el 0,44% de las explotaciones.

Los cambios en el uso del suelo son evidentes; los procesos de urbanización, la expansión de las áreas industriales, la construcción de grandes infraestructuras, y el destino de áreas territoriales a la explotación energética van presionando progresivamente sobre la tierra agraria. Pero en la pérdida de tierra agraria inciden otros factores como el precio de la tierra, la falta de relevo generacional, o los mecanismos de cese en la actividad.

Los datos del estudio muestran una estructura de la tierra que además es injusta desde el punto de vista de sexo y edad. Las mujeres sólo son propietarias del 23% de la tierra. Aunque en algunas Comunidades Autónomas como Galicia el porcentaje se eleva al 47%.

Mientras que los jóvenes tan sólo son titulares del 6,6% de la tierra, las personas de más de 55 años son titulares del 51% de la tierra. La edad en la tenencia de la tierra va ligada naturalmente a la edad en la titularidad de las explotaciones.

Las organizaciones promotoras del estudio consideran necesario el abordaje global de una política de tierras pública, activa, justa, social y sostenible acorde con los retos de futuro a los que se enfrenta la sociedad en general, y el medio rural y el sector primario en particular. Desarrollar y aplicar cada una de las medidas propuestas exige un análisis pormenorizado y un debate intenso que proponemos desarrollar en diálogo con las organizaciones sociales representativas.

Los principales objetivos de esta política de tierras deberán ser definidos de manera concreta, pero las organizaciones citadas consideran que deben girar en torno a:

• Frenar el proceso especulativo sobre la tierra agrícola.
• Garantizar un acceso más igualitario y democrático a la tierra por parte de los sectores sociales y económicos en activo que promueven una dinamización económica del medio rural.
• Favorecer en especial el acceso de mujeres y jóvenes a la tierra.
• Evitar la concentración de la tierra y el acaparamiento por determinados sectores económicos.
• Proteger el suelo agrario y la calidad del suelo agrario, es decir, su fertilidad y capacidad de conservar biodiversidad
• Asegurar su uso de manera que garantice el equilibrio territorial.

Para conseguir estos objetivos, se deben desarrollar a nivel institucional y político las siguientes actuaciones:

• La creación de una institucionalidad concreta como puede ser una Agencia Pública de Gestión y Gobernanza de la Tierra que deberían asumir los objetivos de las políticas de tierra e impulsar y coordinar los diversos instrumentos puestos en marcha
• Desarrollar, mejorar y consolidar los Bancos de Tierras y darles profundidad en el marco político definido para que dejen de ser únicamente meros gestores e intermediarios en el mercado de la tierra.
• Iniciativas encaminadas a la aprobación de Leyes de Protección del Patrimonio Agrario Público; dada la dispersión en la titularidad, reclamamos mecanismos de cesión de la gestión, el uso e incluso la titularidad de estas tierras entre las diversas administraciones para que su gestión sea más coherente y eficaz.
• Recuperar el contenido de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural porque en su contenido se planteaban figuras interesantes al tema que nos ocupan como "la agricultura con contrato territorial" que nunca fueron exploradas con seriedad.
• Transparencia en la información y que repercute en la acción política se refiere al tratamiento estadístico del factor tierra.
• Reactivar y revitalizar los espacios de titularidad comunitaria y pública de la tierra exigen la derogación de la Ley de racionalidad y sostenibilidad de la administración local. Sin embargo la derogación de la ley aunque es un primer paso necesario, no es suficiente para apoyar y fortalecer la particularidad de la gestión comunal que existe en amplias zonas del estado.