Desarticulada una banda que ofrecía empleo público por cantidades entre 500 y 3.000 euros

Efectivos del Grupo de Delincuencia Organizada Antidroga de Ávila han detenido a ocho personas que formaban parte de un grupo organizado a las que se le acusa de delitos de Estafa, Blanqueo de Capitales y Usurpación de Funciones Públicas, dentro del marco de la "Operación Moscoso".

A finales del pasado año, se tuvo conocimiento de que en varias poblaciones de esta provincia se estaba ofreciendo la posibilidad de ocupar plazas en la Administración Pública, sin examen , a cambio de pagar ciertas cantidades de dinero por parte de los interesados. Ahondando en la investigación, se determina la existencia de un grupo organizado con funciones jerarquizadas el cual se dedicaba a cometer un delito continuado contra el Patrimonio basado en "Estafa", asimilando al fraude, timo y engaño.

Se averiguó la participación de un individuo haciéndose pasar por Inspector del Ministerio de Educación y Ciencia que, apoyado por un grupo estructurado y ubicado en otras provincias se dedicaban a la captación de personas, principalmente desempleados, a las cuales tras una primera entrevista este individuo ofrecía a sus víctimas distintos puestos de trabajo de la Administración a cambio de considerables cantidades de dinero que oscilaban entre los 500 y 3.000 euros por participante, que tendrían que abonar en un número de cuenta, o en efectivo a los estafadores a cambio de acceder a los llamados puestos de la Administración en su modalidad de "libre designación".

Asimismo, se determinó la existencia de tres focos de estafadores ubicados en Ávila, León y Toledo, provincias en las cuales cada uno de ellos captaba a sus víctimas, cuyo jefe sería el que decía ser el Inspector del Ministerio, principal objetivo y residente en Ávila capital. Tras ganarse la confianza de estas personas, que por lo general carecían de trabajo estable o sin él desde hace tiempo, accedían a las pretensiones de los estafadores, optando por pagar la cantidad de dinero que se les solicitaba; todo ello en base a apertura de expediente y otros trámites falsos. Para conseguir la confianza de los estafadores, facilitaban números de cuenta bancaria a las víctimas para realizar sus ingresos, solicitándoles documentación personal a cada una de ellas; llegando incluso a la devolución de la cantidad ingresada de aquellas personas que sospechaban del engaño que podrían estar sufriendo. De esta manera hacían ver a los demás afectados que la operación realizada era de total legalidad.

Una vez analizadas estas cuentas bancarias se ha contabilizado hasta el momento la cantidad de 96.000 euros estafados, destacando además de la cantidad anotada otro tanto de dinero superior ya que algunos perjudicados habrían pagado en mano a los estafadores, estimándose, que hasta el momento, ha podido afectar el engaño a unas 200 personas. El modus operandi versa en una teoría simple, pero sofisticada aplicación. En pocas palabras, las mismas se presentan como "holdings" que intervienen el dinero sólo y exclusivamente para optar a una plaza en el mercado laboral. El objetivo de los estafadores entablar una conversación con cada una de sus víctimas personalmente, presumiendo que no hay nada que esconder.

La estafa en cuestión está basada mediante un sistema estructurado, donde en realidad las nuevas víctimas pagaban con el fin de obtener su soñado puesto de trabajo, agravándose la situación de estas personas ya que son sensibles a no haber podido optar por un trabajo remunerado desde hace tiempo; así como su precaria situación económica al carecer del mismo. Los estafadores a la hora de cometer este tipo de delito utilizaban lo que en el ámbito de la comunicación, marketing y la psicología de sus víctimas estrategias persuasivas, todo ello para llevar a éstas a una total credibilidad de sus actos.

Su primer objetivo consistía en conseguir que cada víctima creyera en la realidad de la oferta de trabajo que se le presentaba, de tal forma que los estafadores establecían conversaciones telefónicas y personales con sus víctimas para de esa manera ganarse su confianza. Con todo ello, incluso crearon grupos de Whatsapp entre todos ellos para esta informados de las fechas que los estafadores anunciaban para las correspondientes firmas de los futuros contratos y de tal ansiado puesto de trabajo. Una vez que se aproximaba el día de la firma de los mencionados contratos, el estafador participaba a sus víctimas que había existido cualquier tipo de anomalía en el Gobierno Central y/o Europeo, de tal forma que esas fechas eran aplazadas permanentemente.

Seguidamente la misión de los estafadores ha sido en todo momento ir convenciendo a sus víctimas y reforzando su argumento para presumir de legalidad del anuncio.

Por lo cual se ha desarticulado un grupo de profesionales, repartidos por distintas comunidades, cuyas víctimas del delito residen en las provincias de Ávila, Valladolid, León, Salamanca, Toledo, Ciudad Real, Madrid, Badajoz, Murcia y Valencia.