La Junta asegura que Vitaldent cumple los criterios de atención odontológica que exige la ley

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, aseguró que Vitaldent cumple los criterios exigidos por la normativa para prestar el servicio de atención odontológica. Además, desvinculó el avatar que supone el presunto problema fiscal de la franquicia con las garantías sanitarias que la Administración exige a este tipo de establecimientos para realizar su actividad clínica.

Sáez Aguado se refirió a la situación de esta empresa en los pasillos de las Cortes donde se celebra un pleno, después de que este martes se conociera el desarrollo de la operación 'Topolino' contra el fraude fiscal y blanqueo de capitales, que ha concluido con la detención de 13 personas, entre ellos el propietario de la firma, Ernesto Colman, así como el registro de las oficinas centrales de la empresa, de tres despachos de abogados y de los domicilios de los imputados.

Asimismo, Sáez Aguado separó la atención de esta clínica dental con los asuntos fiscales o la vulneración de los derechos de los consumidores. Además, el consejero de Sanidad explicó que su departamento tiene entre sus funciones la de controlar el cumplimiento de los requisitos que se piden a las clínicas dentales. En la Comunidad se contabiliza al menos una veintena de establecimientos de Vitaldent en las nueve capitales de provincia, además de Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Ponferrada y Benavente.

Los arrestados formaban parte de un grupo organizado creado dentro de la estructura empresarial, diseñado para eludir el pago de impuestos a la hacienda pública. Para evitar sus obligaciones fiscales, el máximo responsable de la empresa ingresaba las ganancias obtenidas de las franquicias de la marca en entidades bancarias de Suiza o Luxemburgo. Posteriormente, parte de este capital era reinvertido en España mediante la adquisición de bienes inmuebles, vehículos y otros artículos de lujo, culminando de este modo un proceso de blanqueo.

La operación está dirigida por la Fiscalía Especial Contra la corrupción y la Criminalidad Organizada y por el Juzgado de Instrucción número 2 de Majadahonda (Madrid). En esta misma actuación se ha decretado la prohibición de disponer sobre 124 fincas repartidas por toda España, 36 vehículos a motor y una aeronave valorada en un millón de euros.