La Junta se implica en garantizar el futuro de la planta de Bioetanol de Babilafuente

La Comisión de Economía y Hacienda, celebrada este viernes en las Cortes de Castilla y León, ha aprobado por unanimidad una Proposición no de Ley presentada por los Procuradores del PSOE por Salamanca, y defendida por Fernando Pablos, donde se insta al gobierno regional a realizar, junto con el resto de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma, todas las gestiones que sean necesarias para garantizar el mantenimiento de la actividad y el empleo en la planta de bioetanol que actualmente existe en el municipio salmantino de Babilafuente.

Pablos ha argumentado en su intervención, para hacer ver la importancia y la necesidad de esta iniciativa que "la planta, propiedad de la empresa Abengoa, emplea directamente a cerca de un centenar de trabajadores, a los que hay que sumar la gran cantidad de puestos de trabajos indirectos cuyo mantenimiento y continuidad está directamente ligado con ella. Empleos, todos ellos, que corren un serio problema de desaparición".

Además, ha afirmado el Procurador salmantino, "que un posible cese de actividad de la planta implicaría que los sectores asociados a su supervivencia se vieran seriamente dañados, con un aumento mayor del desempleo en la comarca de las Villas, en la provincia de Salamanca e incluso en otras de la Comunidad Autonómica de Castilla y León".

Para entender esta situación, y el gran impacto que tendría un posible cese de la actividad, ha apuntado Fernando Pablos, "hay que tener presenta el gran volumen de cereal que emplea esta fábrica para su producción diaria. Un día normal de producción se traduce en una capacidad de procesar en torno a 1.500 toneladas de cereal, lo que supone que en las instalaciones entren unos 110 camiones de cereal diarios para mantener activa la producción". Junto a esto, "la partida por camión- cisterna del etanol y del subproducto generado (ddg) supone un tráfico diario de unos 40 camiones, a los que hay que añadir otros 24 camiones más de CO2 generado en el proceso de fermentación del etanol, que es embotellado por una empresa auxiliar que genera más puestos de trabajo". Un tráfico terrestre al que hay que sumar el ferroviario por donde también se transportan materiales vinculados a la factoría.

Por tanto, ha argumentado Pablos, "un posible cierre de esta planta supondría la desaparición de muchos puestos de trabajo en el sector transporte, con el impacto negativo añadido en el sector servicios de la comarca (hostelería o estaciones de servicio) que se vería seriamente perjudicado si desapareciera la actividad económica que genera la planta en la actualidad".

Y, a mayores, "habría que tener presente el enorme impacto negativo que supondría un posible cierre en el sector de la agricultura, con grave perjuicio para agricultores y almacenistas. Es muy difícil calcular la gran cantidad de personas perjudicadas si se diera el caso del cese de actividad, ya que buena parte de la producción de maíz de Castilla y León está reservada para la producción de la planta, alcanzando también a las producciones de otras comunidades autónomas".

En las últimas fechas ya se han efectuado despidos en la plantilla de las contratas, a los que hay que sumar la reducción de trabajadores en una sociedad del grupo de empresas a la que pertenece la planta de bioetanol, dedicados a I+D+i con el fin de optimizar procesos y generar formulas nuevas para producir etanol de forma más eficiente y respetuosa con el medioambiente y contribuir a un mantenimiento sostenible, y que prestaban sus servicios en la propia planta de Babilafuente.

Estos argumentos, ha concluido Pablos, son los que han llevado al PSOE a hacer este llamamiento y pedir el amparo de la Junta y del gobierno regional para conseguir su implicación en la continuidad de esta empresa en su actual ubicación. Una implicación encaminada a evitar el cese de actividad, y por consiguiente la pérdida de empleos, en una empresa vital para Salamanca