La Administración de Justicia de la región supera sin grandes sobresaltos el primer mes de aplicación obligatoria de la ley, dirigida a reducir el enorme volumen de documentación física y tratar de agilizar los tiempos
La Administración de Justicia de Castilla y León ha superado, no sin cierto agobio pero también sin incidencias graves, el primer mes de la entrada en vigor de la obligatoriedad de que todas las comunicaciones entre los colectivos profesionales de la Justicia (procuradores y abogados, los primeros) y los órganos judiciales se realicen vía telemática a través de la plataforma Lexnet, con el fin de empezar a transitar definitivamente hacia el demandado expediente digital que contribuirá a reducir los tiempos y los atascos en los juzgados y tribunales.
Comunidad pionera en la implantación del nuevo sistema ?se lleva trabajando en ello desde 2008?, ha conseguido en un mes, desde el pasado 4 de enero hasta ayer mismo, tramitar el 10% de todos los escritos que se han presentado por la vía digital en el conjunto de los juzgados de España. Son 480.970 mensajes digitales (escritos, escritos- traslado, inicio de asuntos, inicio de ejecuciones, itineración, notificación, traslado) de un total de 5.462.362 mensajes vía telemática registrados en todo el territorio nacional, dato que incluye a las comunidades autónomas con competencias de Justicia.
La secretaria de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Pilar Rodríguez, el secretario coordinador de Valladolid, Carlos Gutiérrez, junto a sus 52 compañeros de la provincia y, en conjunto, los aproximadamente 200 letrados de la Administración de Justicia en Castilla y León, están siendo los fontaneros de «este gran cambio en la manera de trabajar» que supone dar el salto del siglo XIX al XXI en los despachos judiciales y que va más allá de la tecnología, puesto que supone «un cambio de mentalidad».
«Había que ponerle fecha y el ministro Catalá la ha puesto con el 'papel cero'», resume Gutiérrez, que es defensor a ultranza de este salto tecnológico judicial, aunque reconoce que, para que la transición se produzca de forma satisfactoria, «es fundamental la calidad de las herramientas porque, por ejemplo, en una vista donde ya el secretario no transcribe lo que se dice, se tiene que grabar bien el testimonio, porque si no se percibe bien, tendrá que anularse el juicio».
Escollos
El escollo principal, no obstante, es «la sensibilidad, se choca con la manera de trabajo tradicional». Algún magistrado bromea con que, en lugar de las dos pantallas que les han instalado para cotejar documentos necesitaría cinco, pero lo cierto, y lo reconocen los artífices de la transición tecnológica, es que en el último año se está produciendo una mayor implicación del estamento judicial representado por los jueces decanos, como el de Valladolid, Ignacio Segoviano, sino también de la Presidencia del TSJ. En este sentido, el magistrado José Luis Concepción, reelegido para el cargo hace unos días, ha anunciado que centrará este nuevo mandato de cinco años que acaba de estrenar en completar la digitalización y que peleará con el Ministerio para conseguir recursos que lo permitan.
De entrada, además de los problemas de funcionamiento que se van detectando a medida que los profesionales utilizan la herramienta, lo que se ha producido es un desplazamiento de la carga de trabajo de unos departamentos a otros. El más sobrecargado, reconoce el secretario coordinador de Valladolid, es la Oficina de Registro y Reparto, ubicada en el Decanato, puesto que en ella se centraliza la entrada de todos los escritos digitales y los funcionarios están desbordados. Ha sido necesario solicitar refuerzos. En los juzgados de instrucción también tienen más trabajo, porque les toca escanear los atestados que les llegan de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hasta que estas se incorporen más adelante al 'papel cero'.
Además, hay que tener en cuenta que en esta etapa de transición todavía 'conviven' papel y notificación telemática, de forma que la ansiada agilización para el justiciable tardará todavía algún tiempo. Pero la notificación electrónica supone que un trámite que llevaba una semana de idas y venidas del papel desde el juzgado al abogado, se reduce a tan solo 24 horas. Es un pequeño paso, pero sin retorno, que contribuye a que la Justicia sea más Justicia porque será menos lenta.
Fuente El Norte de Castilla