Los procuradores de Castilla y León dejarán de estar aforados en el nuevo Estatuto

De las palabras a los hechos. De las musas al teatro, en expresión que tanto gusta a algunos dirigentes públicos. Las tan repetidas, en los últimos meses, promesas de regeneración democrática para luchar contra la corrupción y poner fin a determinados privilegios de la clase política, especialmente los que tienen que ver con los aforamientos, se van a hacer realidad en Castilla yLeón en los próximos meses. Para ello será necesario que salga adelante la cuarta reforma del Estatuto de Autonomía, la principal norma institucional de la comunidad autónoma, la que le da sentido como autonomía en el ámbito del Estado.

Esta reforma se acaba de poner en marcha con la remisión a las Cortes, por parte de la Consejería de la Presidencia, del texto base para la negociación política que se abrirá en el plazo de dos semanas en la Cámara regional. Junta y grupos parlamentarios acordaron en septiembre que la Consejería de la Presidencia elaboraría un texto que serviría de punto de partida a las negociaciones que iniciaron en julio para reformar el Estatuto de Autonomía. Tres bloques pactaron entonces: regeneración democrática, avances sociales y municipalismo.

El de la regeneración aparece en el frontispicio de la reforma no porque tenga más importancia que el resto, sino porque entra en el Título I, relativo a los derechos y principios rectores. La corrupción ha alejado sobremanera a los ciudadanos de las instituciones, los partidos y los dirigentes públicos. La corrupción y todo lo que conllevan los privilegios institucionales. Los partidos, sobre todo los denominados emergentes, han insistido en los últimos meses en la necesidad de poner coto a esos privilegios y promover, a la vez, una serie de prácticas cuya ausencia a estas alturas de la democracia se hacen más que extrañas. Entre estas se encuentran los debates electorales. Si el Estatuto de Autonomía es modificado en este apartado de acuerdo al texto remitido por la Consejería de la Presidencia a las Cortes, los debates electorales entre candidatos a la Presidencia de la Junta serán obligatorios a partir de 2019. La propuesta de modificación estatutaria contempla la reforma de la Ley Electoral para, entre otros aspectos, incluir en la principal norma institucional de Castilla yLeón «la obligatoriedad de la celebración de debates».

La reforma electoral que impondrá el Estatuto tendrá que ver también con el procedimiento electoral y otros aspectos relativos a las campañas y los gastos y subvenciones electorales. Para ello serán modificados los apartados 3 y 4 del artículo 21 del Estatuto, en el que se incluirá que un alcalde o concejal de un municipio de más de 20.000 habitantes no podrán ser procuradores de las Cortes.

El TSJ y los políticos

Las restricciones parlamentarias no se detendrán ahí. El Estatuto mantendrá que, aún después de haber cesado en su mandato, los procuradores gozarán de la inviolabilidad por los votos emitidos y las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Incluso, que «durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de la comunidad, salvo en el caso de flagrante delito».

Pero del artículo 22 se suprimirá el siguiente texto: «... correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Castilla yLeón. Fuera del territorio de la Comunidad la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo».

La supresión de este apartado es un primer paso, muy significativo, para la reducción de privilegios. Este apartado regula que los parlamentarios regionales deben ser enjuiciados por elTribunal Superior de Justicia, lo que supone, en la práctica, un privilegio de notable distinción respecto al resto de ciudadanos. Su supresión, si finalmente los partidos de las Cortes aceptan la propuesta planteada por la Consejería de la Presidencia, reducirá notablemente las prerrogativas con que cuentan los procuradores de las Cortes.

Blindar los ayuntamientos

El mayor ataque que ha sufrido el municipalismo español, en general, y el castellano y leonés, muy en particular, se dio durante la pasada legislatura nacional. Y lo hizo de la mano de un ministro del Partido Popular, Cristóbal Montoro, acompañado de una animosa cúpula de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que se sentaba entonces quien era presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maíllo, hoy vicesecretario de Organización nacional del PP. Ese ataque contra los municipios buscaba un supuesto ahorro de 8.000 millones de euros vía la supresión de los ayuntamientos más pequeños; en Castilla yLeón, el 90% de los que hay. Herrera y su equipo se batieron el cobre contra semejante intento del Gobierno de Rajoy. «Los alcaldes quedarán para ir a la procesión el día de la patrona», llegó a alertar el presidente de Castilla y León. Tras un largo y fuerte pulso, Montoro dio marcha atrás.

Pero el ataque a los pueblos pequeños no ha desaparecido. En la campaña del 20-D, Ciudadanos ha hecho bandera de su propuesta de desaparición de las diputaciones y la fusión de pueblos pequeños. Le han llovido los ataques y las críticas, especialmente del PP, quien se erigió como adalid del municipalismo, censurando que los de Albert Rivera «quieran cerrar los pueblos».

En Castilla y León el municipalismo es una seña de identidad. No es para menos, con 2.248 municipios y más de 6.000 núcleos de población. Por eso, la Junta, el PP, el PSOE, Podemos y Ciudadanos acordaron en julio que uno de los bloques de la reforma del Estatuto debería reforzar el papel de los municipios. Así, la Junta pone sobre la mesa la modificación de 13 artículos del Estatuto para, entre otros fines, salvar a los ayuntamientos con el ascenso de su existencia a la categoría de ley orgánica, de tal manera que un intento desde la AdministraciónGeneral del Estado de suprimirlos o fusionarlos vía decreto o ley no orgánica no pueda hacerlo sin tener que llegar a reformar el Estatuto castellano y leonés; de ser así, el escándalo político, institucional y administrativo sería de tamaño sideral, de la mano de un conflicto de competencias. A la vez, el Estatuto recogerá todos los avances vinculados a la ordenación territorial que se han producido estos últimos años, que han permitido ya empezar a ordenar los entonos de las ciudades y que ha de continuar por el medio rural.

Fuente El Norte de Castilla