El futuro de las pensiones

Entre las recomendaciones que estableció el Pacto de Toledo, aprobado por el Congreso de los Diputados en abril de 1995, se encuentra la creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que se constituyó formalmente en el año 2000 y recibió los primeros ingresos en 2001. Este fondo de reserva prevé que en años de bonanza económica se destine una partida presupuestaria que garantice la prestación de las pensiones en épocas de crisis económica. El fondo fue creciendo progresivamente hasta el año 2011. A partir de 2012 inició un vertiginoso descenso, dado que en estos años el gobierno ha utilizado esos dineros durante los meses de julio y diciembre (cuando se abonan las pagas extraordinarias de los pensionistas). En tres años y medio (falta contabilizar la paga extra de diciembre de 2015) el fondo ha disminuido notablemente; el gobierno de Rajoy ha sacado 43.000 millones de euros en este periodo (el 52%), quedando en la "hucha de las pensiones" un total de 39.520,46 millones.

Enlazando con este asunto, en estos días hemos conocido otro grave incumplimiento electoral del gobierno de Rajoy relacionado con el derecho de los contribuyentes que están próximos a su jubilación. En 2011, cuando gobernaba Zapatero, el PP pidió en la revisión del Pacto de Toledo que se incluyera una recomendación para que se facilitara el conocimiento del importe de las cotizaciones realizadas. Así, en julio de 2011 Zapatero contó con el apoyo del PP para aprobar una disposición adicional en la que se estableció la obligación de la Seguridad Social de informar a cada trabajador mayor de 50 años sobre la cuantía de su jubilación. El gobierno tenía preparada una carta para enviársela a todos los contribuyentes que superasen esa edad en la que les informarían sobre las cuantías concretas de sus pensiones al momento de jubilarse. Pero finalmente esa carta no será enviada y, en consecuencia, los trabajadores de esa edad no conocerán la cuantía de su pensión. El motivo es, al parecer, la escasa cuantía de las futuras pensiones, que sufrirán un drástico recorte. Será una medida tremendamente negativa que afectará cada día a más ciudadanos, porque, afortunadamente, la esperanza de vida es cada vez mayor.

La sostenibilidad de las pensiones y el mantenimiento de su poder adquisitivo pasan, necesariamente, porque haya un incremento de la población activa y, además, que sea con trabajos estables e indefinidos cuyos salarios sean dignos y adecuados a las necesidades de los ciudadanos; algo que no se está cumpliendo porque la reforma laboral de 2012 posibilita la implementación de trabajos temporales con ridículos salarios y pésimas condiciones laborales. Una solución finalista en las relaciones laborales, como la adoptada en España, y cuyo objetivo fundamental sea exclusivamente emplear al mayor número de personas ?y, por tanto bajar como sea en las estadísticas oficiales las altas cifras de desempleados- sin importar ni el salario ni los derechos de los trabajadores, se convierte en una espiral diabólica que puede acabar con los éxitos sociales y económicos conseguidos en los países de nuestro entorno geográfico y cultural durante el último tercio del siglo XX. En España, las diferencias salariales entre los que más cobran y los que menos se ha acrecentado peligrosamente en los últimos años. Los ricos, lo son más, y los pobres, no sólo son más pobres sino que también se han incrementado. Disminuyen las políticas sociales (algo que perjudica aún más a los ciudadanos con menos recursos) y no se aborda un sistema impositivo realmente progresivo que incremente el gravamen de las rentas más altas.

Pero no se han deteriorado sólo las políticas sociales y de redistribución de renta y riqueza entre los ciudadanos, claves para el buen funcionamiento del Estado del Bienestar, es decir, del Estado Social que debe intervenir en los procesos económicos para corregir las desigualdades sociales, económicas y culturales, sino que también está resultando afectado el Estado de Derecho. Los resultados del Barómetro externo de la Abogacía 2015 establecen que un 60 % de los ciudadanos considera que el Estado de Derecho en España está en una situación "peor" que en el conjunto de países más avanzados y perciben una grave erosión en la calidad de la democracia. Estos porcentajes de ciudadanos insatisfechos con las leyes e instituciones son el doble que los registrados en 2008. Y lo más llamativo es que el 81 % de los encuestados considera que los gobiernos han tenido más interés en controlar a la justicia que en dotarla de más medios.