El Constitucional suspende por unanimidad la resolución soberanista

El Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por 11 magistrados, ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la resolución soberanista, que queda suspendida por el voto unánime de los magistrados. Asimismo, el tribunal apercibirá a las personas responsables de que una eventual desobediencia les llevaría a incurrir en un delito y a la suspensión de sus funciones, informa El Norte de Castilla.

El pleno, reunido durante más de tres horas, comenzó pasadas las 16.30 a estudiar el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la resolución del Parlamento de Cataluña que anuncia el comienzo del procedimiento independentista. El recurso señala que la citada resolución "viola con total evidencia" hasta ocho artículos -1.2, 2, 168, 1.3, 1.1, 9.1, 164 y 23- de la Constitución Española además de los principios de lealtad constitucional y de fidelidad a la Carta Magna.

El Gobierno presentaba poco después de las 12.00 horas de este mediodía el recurso, después de recibir luz verde en un Consejo de Ministros extraordinario presidido por Rajoy y que ha contado con la presencia de todos los ministros. El recurso lo ha presentado la abogada general del Estado, Marta Silva de Lapuerta, contando con el aval del Consejo de Estado recibido ayer. Dicho recurso se anticipa a una posible desobediencia al dictamen del alto tribunal e incluye los primeros pasos para desatar el incidente de ejecución previsto por la reciente reforma de la Ley Orgánica que regula al Constitucional.

Tal como explicó Marta Silva a las puertas del TC, la solicitud del Gobierno contempla la suspensión cautelar de la vigencia de la declaración mientras resuelve sobre el fondo lo que, al admitir el TC el recurso, se acuerda de forma automática durante al menos 5 meses en cumplimiento del artículo 161.2 de la propia Constitución.

Por otro lado, el Gobierno solicitó que la providencia dictada esta tarde por el tribunal de garantías se notifique a un total de 21 altos cargos -entre ellos la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y del presidente en funciones, Artur Mas-; que dicha notificación se haga "bajo apercibimiento expreso de suspensión de sus funciones", lo que de incumplirse daría lugar a acciones penales; y que se añada la prohibición también expresa de que la cámara autonómica emprenda iniciativas legislativas que pretendan dar cumplimiento a la resolución.

El Constitucional apercibirá a los responsables de que dicha insumisión, constituiría un delito y motivaría también la suspensión de sus funciones. Entre los señalados, un total de 21 altos cargos catalanes citados por su nombre y apellidos, figuran el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell.

Fuente: El Norte de Castilla