Más de 160.000 interesados en la acción judicial contra los concesionarios promovida por la OCU

La OCU impulsa una acción judicial pionera en España contra la mayoría de empresas del mercado de distribución de automóviles. Se trata de una acción colectiva, en defensa de los afectados por la actuación anticompetitiva llevada a cabo por la mayoría de marcas y distribuidores de automóviles en nuestro país. Esta acción tiene como objetivo conseguir que se indemnice a los compradores de vehículos por el daño sufrido. Para ello, OCU contará con un equipo de expertos en derecho de la competencia y acciones colectivas.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha declarado probada la existencia de lo que se conoce como un "cártel" (acuerdo secreto entre empresas competidoras para impedir la competencia en el mercado, en beneficio de todas las empresas participantes en él, con el consiguiente perjuicio de todos los compradores de coches, y de la economía en general). Este cártel ha operado entre la mayoría de las empresas automovilísticas de España durante los años 2006 a 2013. La CNMC ha impuesto sanciones millonarias en diferentes expedientes a los miembros del cártel por vulnerar la libre concurrencia.

Ahora le toca el turno a los miles de consumidores, que pueden reclamar judicialmente una indemnización por el precio que han pagado de más en la compra de su coche, como consecuencia de esa actuación contraria al derecho de la competencia.

Hasta la fecha, más de 160.000 consumidores han contactado con OCU para interesarse por esta acción. OCU busca obtener una justa indemnización por los daños y perjuicios sufridos por los consumidores. De los usuarios que se han puesto en contacto con OCU, más de 70.000 cumplen los requisitos para ser considerados afectados, ya que se encuentran entre los clientes de los concesionarios y marcas sancionadas.

Para ello, OCU va iniciar una acción pionera en España, que por el número de potenciales afectados podría convertirse en una de las mayores de la historia. Además, será de las primeras acciones que se interpongan en España, tras la aprobación, ahora hace casi un año, de la nueva Directiva Europea de Daños.