Pablos se muestra convencido de que no se dará un supuesto cierre de las urgencias en Las Arribes

Cerca de un centenar de vecinos de Villarino y Pereña de la Ribera asistieron ayer sábado en esta última localidad a una charla informativa promovida por el Ayuntamiento y que tenía dos puntos esenciales: las consecuencias que se pudieran derivar de la Ordenación del Territorio respecto a las urgencias en el subcentro de guardias de Villarino, y el proyecto de concentración parcelaria en este término municipal. En la mesa estaría los procuradores del PSOE, Fernando Pablos y Juan luis Cepa, y el alcalde del municipio, Luis Rodríguez.

La preocupación de muchos ciudadanos de Las Arribes por que la aprobación de la Ley de Ordenación del Territorio pudiera conllevar el cierre de las urgencias en los subcentros de guardias de Villarino y Barruecopardo estaba justificada. Para ello había que remontarse al verano de 2013 cuando el PSOE llegaba a un acuerdo con el PP en las Cortes regionales para aprobar la Ley de Ordenación, pero con la condición imprescindible de la reapertura de las urgencias hasta que se produjera el desarrollo de la Ley.

La presentación del borrador del mapa de las unidades básicas de ordenación por parte de la Junta de Castilla y León levantaba todas las alarmas, aunque como señalaba días atrás en Vitigudino el delegado territorial de la Junta en Salamanca, Bienvenido Mena, el desarrollo de la norma no afectará a los servicios básicos esenciales, entre ellos la sanidad y, por ende, las urgencias.

Si bien con alguna reserva, el procurador del PSOE por Salamanca y presidente provincial de los socialistas, Fernando Pablos, concluía en esta charla informativa estar "convencido" de que la Junta no llegará al supuesto de un cierre de las urgencias, porque de lo contrario "no aprobaremos el mapa", explicando además, en este sentido, la composición actual de las Cortes, con 42 procuradores del PP y otros tantos en la oposición, 25 de ellos del PSOE. Según Pablos, esta circunstancia impediría a los populares el desarrollo de la ley si no cuenta con más apoyo que el de su Grupo parlamentario.

En opinión del procurador socialista, la composición de las Cortes autonómicas no permitirá "cambios a peor" en lo que se refiere a servicios básicos, poniendo como ejemplo la cobertura asistencial complementaria en pequeños municipios, sobre la que señaló la necesidad de reducir los ratios asistenciales actuales por la pérdida generalizada de población.

Asimismo, Pablos añadía que "el meollo está en el contenido, no en el mapa", aspecto este que aún se desconoce pero que los socialistas quieren que abarque de forma más amplia los servicios básicos actuales. A este respecto puso como ejemplo la educación en las comarcas de Ledesma y la Sierra, donde los alumnos no pueden cursar bachillerato y carecen ?en algunos casos? de transporte a los centros de referencia, una situación que contradice la ley al estar implantada la educación obligatoria hasta los 16 años.

"Aquí estamos como gatos escaldados"

Por su parte el alcalde de Pereña, Luis Rodríguez, quiso recordar que "nadie ha dicho que se vayan a quitar las urgencias, pero aquí estamos como gatos escaldados", unas palabras con las que quería recordar el acuerdo alcanzado entre PSOE y PP para el retorno de las guardias nocturnas. Y aunque también informó del no rotundo mostrado por el delegado territorial a este respecto, el regidor ribereño mostró sus dudas sobre las consecuencias que finalmente traiga para los pueblos la Ordenación del Territorio, porque en su opinión la "ley no garantiza la pervivencia de los municipios", si no su población, y subrayó que la norma, de momento, no contempla ninguna medida para contrarrestar este efecto, por lo que, una vez más, señaló que "necesitamos menos orden y medidas para paliar la despoblación".

Por último, Fernando Pablos concluyó este punto de la sesión señalando que la Ley de Racionalización de los ayuntamientos aprobada por el Gobierno central "está condenada a que se derogue", lo que pondría freno a las políticas de privatización de servicios esenciales impulsadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y los gobiernos del PP en varias comunidades autónomas.

Concentración parcelaria

En este punto el alcalde narró las conversaciones mantenidas con el director general de Estructuras Agrarias y el jefe del Servicio Territorial de Agricultura a los que les expuso la baja dotación presupuestaria con la que contaba el proyecto de concentración de Pereña de la Ribera, 145 ?/Ha frente a los más de 700 ?/Ha de Cerezal de Peñahorcada o Ahigal de los Aceiteros.

Fruto de esas reuniones, el regidor informó que la Junta de Castilla y León ha aumentado el presupuesto en una cantidad similar al presupuesto de ejecución de la primera partida y que ascendía a 479.000 euros, por lo que la segunda parte del proyecto contará "con otros 500.000 euros más" de ejecución de obra.

Tras la intervención del primer edil, este pasó la palabra al procurador Juan Luis Cepa, que explicó le proceso que ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León en el desarrollo de las concentraciones parcelarias desde 2011, momento en el que decidió la paralización de proyectos para una vez aprobada la nueva Ley Agraria retomar con financiación aquellas ya iniciadas, como es el caso de Pereña. Esta circunstancia, según Cepa, se dio ante la insistencia del Grupo socialista, pues recordó que la Ley Agraria conlleva la aplicación de contribuciones especiales para los propietarios.

Aunque aún el presupuesto destinado a este proyecto se queda muy por debajo de lo asignado a otros municipios, el alcalde señaló que "nos debemos dar por satisfechos", especialmente teniendo en cuenta que la Junta solo financiará en el futuro concentraciones para regadío y que, en este caso, no aplicará contribuciones especiales.