Final de legislatura

El final de la presente legislatura presenta uno de los niveles de tensión política más elevados de nuestra reciente historia democrática. Los malos resultados obtenidos por el PP en las elecciones municipales, autonómicas y catalanas están provocando que el gobierno utilice todas los mecanismos propagandísticos a su alcance para revertir la realidad. En estos días la Comisión Europea ha dado la razón al comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión Europea, Pierre Moscovici, emitiendo un informe en el que afirma que España incumplirá los objetivos de déficit para los ejercicios presupuestarios 2015 y 2016, a pesar de que el gobierno español, por medio de Rajoy, sus ministros y sus acólitos medios de comunicación, afirman categóricamente que desde que asumen la responsabilidad de gobierno han cumplido siempre con el déficit. Sabemos que no es cierto; en 2012, el déficit permitido era del 5,8 %, siendo realmente el 6,7; en 2013, Europa autorizó el 4,5 %, siendo al final del 6,5; en 2014 el límite era del 5,8 %, subiendo en la realidad sólo un poco (aquí sí se acercó el gobierno), al 5,9%. En varios medios de comunicación privados, incluido el ente público de Radio Televisión Española se ha vituperado al emisario y se le ha dicho de todo: que "es socialista y encima francés, con la tirria que nos tienen los gabachos", entre otras lindezas.

Y que cada partido político utilice medios de comunicación privados afines como altavoz para ensalzar las bondades de su gestión y que silencien sus miserias, es entendible en un Estado que reconoce y protege el derecho a expresar libremente pensamientos, ideas y opiniones; pero en un medio público se tiene que facilitar el acceso a todas las opciones políticas, sociales y culturales. Sabemos que todos los gobiernos democráticos han utilizado los medios de comunicación públicos para arrimar el ascua a su sardina, pero parecía que esta caciquil costumbre se había terminado con la Ley 17/2006, de 5 de junio (del gobierno de Zapatero, que alguna cosa no hizo tan mal) que posibilitaba la elección del presidente del ente público por mayoría cualificada de los miembros del Congreso de los Diputados; algo que fue roto unilateralmente por el gobierno de Rajoy (mediante la reforma aprobada por Real Decreto Ley 15/2012, de 20 de abril, utilizando, además, la perversa técnica de legislar por Decretos Leyes sin que pueda acreditarse claramente la extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86.1 CE), quién rompió el consenso al permitir que el Congreso de los Diputados, en segunda votación, elija al presidente de la corporación sin el requisito de esa mayoría cualificada. Con lo cual sigue siendo un instrumento de manipulación informativa y de censura. Si el gobierno del PP practicara el consenso como herramienta política se habría unido a todos los grupos políticos (parlamentarios y no parlamentarios como Ciudadanos y Podemos) en la firma del manifiesto elaborado por periodistas de RTVE en el que abogan por la independencia y la pluralidad informativa.

Pero no sólo utilizan sus medios de comunicación afines y el Ente Público RTVE, sino también el Congreso de los Diputados; lugar elegido por el PP para hacer balance de la actual legislatura, a cargo de la Vicepresidenta Sáenz de Santa María, la misma que también usa las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros para criticar a la oposición y la misma que se monta un baile de modernidad en algunos programas de televisión.

Incluso esta semana también el gobierno ha querido utilizar la celebración de la Fiesta Nacional de España, el 12 de octubre, para intentar transmitir a los ciudadanos que España son ellos, por lo que hay que tirar la casa por la ventana en la celebración para que se perciba desde el exterior que el PP es la salvación de España y que los "otros" lo único que hacen es dilapidarla. Hay muchos millones de personas que nos sentimos tan españoles o quizá más que ellos y nos ofende clamorosamente que se intenten apropiar de la historia, la cultura, la tradición y la idiosincrasia que nos une. Y hay que recordar que ser españoles buenos y honestos se identifica con el respeto por la libertad, la igualdad, la tolerancia, la justicia social, la solidaridad y también el respeto a la legalidad vigente. Respetar la ley es, para el gobierno catalán, respetar las reglas del juego y si pretenden algo más, deberíamos reformar la Carta Magna, para que pueda reconocerlo. Pero también respetar la ley es no lesionar o poner en peligro bienes jurídicos colectivos violando el deber de solidaridad que marca el artículo 31 de la CE, es decir, vulnerando el sagrado principio de no defraudar, de no evadir ni blanquear capitales o de no desviar fondos públicos para fines privados.

Por cierto, a propósito de este último argumento, ¿por qué, y siempre según las informaciones aparecidas los últimos días en los medios de comunicación, el Sr. Rajoy está pagando con dinero público las ayudas asistenciales que necesita su padre, de 95 años, para atender su grave dependencia y que, al parecer, suponen un coste de unos 5.000 euros mensuales? Desde luego, en un país que garantiza el Estado del Bienestar debería ser así, pero para todos los ciudadanos. El problema no es que se estén pagando con dinero público las atenciones que necesita el padre del Presidente, faltaría más, sino los más de 400.000 dependientes que llevan meses esperando las ayudas y que no llegan. Claro que sí, el respeto a la ley debe ser para todos, también para el presidente del gobierno.