Legitima irracionalidad

Vivimos un esperpento electoral. Los 100 días de gobiernos autonómicos y locales nos ha dejado al descubierto las vergüenzas de los apuntalamientos de las estructuras oligárquicas de nuestro país. Puede, incluso, que sea una de las razones por las que el empleo ha mejorado en España.

Con tantos ayuntamientos y ahora corralitos territoriales, perdón por la jerga, Comunidades Autónomas, sostenidos por pactos y multipactos políticos, no queda más remedio que entrar en los juegos de puestos de confianza.

Las aguas tormesinas bajan turbias. Ya se ha consolidado la tendencia podemita de Madrid y Sevilla a Salamanca. Parece ser que las posturas de Podemos y de Partido Popular ya tienen cada vez menos diferencias, incluso más allá del logo.

La cuestión fundamental del vínculo entre política y economía reside en el gasto. Sería más que interesante que la comunidad politóloga a la que pertenezco realizara un estudio sobre la balanza entre el antes y el después en el gasto público en cargos de confianza. Un antes y después desde las últimas elecciones y el nivel de gobernanza obtenido. Vaya, que si el equilibrio político que buscaban los electores en su última voluntad electoral les ha salido por un ojo de la cara.

Convencidos del control del gasto público que iba a suponer la participación política de mayores actores (más cargos públicos de distinto color político que controlaran las decisiones de enjundia) y la eliminación del reparto entre ERE's y Gurtel's parece que finalmente no va a tener traslado a lo que de verdad importa a los electores: mayor ahorro del gasto público.

¿Cuál es la legitimación política de tener más cargos de confianza que puestos obtenidos por las elecciones? Dicho de otro modo, los electores están otorgando a los partidos políticos un número de sillas y éstos están asignado un número total más elevado de cargos de confianza. En Salamanca esto ha supuesto una reserva de crédito de casi 500.000? al año y, los primeros que han puesto el grito en el cielo han sido los propios funcionarios. Lógico, son ellos los que conocen de primera mano la situación real de las arcas municipales y, después de años de discurso austericida, ahora parece que si hay dinero, pero que no llegará a todos.

A pie de calle nadie comprende que el mismo alcalde que haciendo propio el discurso paternalista del ejercicio de la toma de decisiones por responsabilidad política en el ámbito de los recortes en lo público (entendido aquí como lo de todos) haya ahora para lo privado (entendido aquí como los circunscrito a los partidos políticos). Vaya, que ahora no hay para el pueblo, pero sí hay para mí y los míos. Si el discurso de austeridad venia marcado por el "lo hacemos por vuestro bien", ahora que debemos pensar, que lo hacen "por nuestro mal" ¿por lo mal de no haber dado mayorías absolutas? Caro va a salirle esta política a los que la siguen, ya sea el PP en Salamanca o Podemos en Madrid.

Nada legitima la irracionalidad. La locura ha tomado el poder desde las últimas elecciones locales. En la calle familias, empresarios y jóvenes emprendedores harían maravillas con los 1,6 millones de euros que se van a gastar, adicionalmente, en cargos de confianza en esta legislatura en Salamanca: reformar el Mercado Central, la Estación de Autobuses, los accesos a Salamanca, los proyectos emprendedores o de asentamiento y consolidación de empresas jóvenes y estratégicas e incluso, ese decidido apoyo al aeropuerto que siempre se ha negado. En fin, que la democracia se ha devaluado porque a cada reparto electoral se le van sumando nuevas garrapatas a este famélico sabueso llamado pueblo español.

Las futuras citas electorales vendrán marcadas por altas abstenciones y preferencias electorales dirigidas a opciones radicales, fundamentalmente debidas a que las formaciones clásicas están dejando entrever lo baratos que venden sus principios.