Aportación del Estado a la Dependencia

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia, constituyó, sin duda alguna, uno de los pilares más importantes del Estado del Bienestar en nuestro país, máxime en una sociedad como la actual donde cada vez hay más personas mayores y, por ende, necesitadas de cuidados que, por la edad, no pueden asumir por sí mismas. Según la citada Ley, las Administraciones Públicas (Estado y Comunidades Autónomas) tienen que aportar la financiación suficiente para atender a todas las personas que se encuentren en situación de dependencia.

Durante la semana que ahora termina se ha divulgado el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 y el Gobierno se ha encargado de hacer propaganda con unas cuentas a las que califica de "presupuestos sociales", cuando la realidad no es tan benéfica como se nos está vendiendo por parte del Ejecutivo, más preocupado por los resultados electorales de finales de este año (elecciones generales) que por la cobertura de las necesidades de los ciudadanos. Es más, como bien han calificado algunos líderes de grupos de la oposición política, con la presentación y discusión del proyecto de ley de presupuestos, asistimos al primer gran acto de campaña electoral del PP

Uno de los argumentos más consistentes de que los presupuestos del próximo año no tienen ese carácter social es precisamente el incumplimiento financiero del Gobierno con las personas dependientes. Eso es lo que se asegura en un informe elaborado por el Observatorio Estatal para la Dependencia que ha presentado la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Según el presidente de esta asociación el presupuesto de dependencia es "un fraude" porque a este ritmo de financiación se tardarán 25 años en atender a todas las personas con derecho a prestaciones. Y según la disposición transitoria primera de la Ley 39/2006, el 1 de enero de 2016 deberían estar atendidos todos los dependientes con derecho reconocido, pero actualmente nada menos que el 40 % de estos dependientes reconocidos están esperando las ayudas. Las estadísticas son demoledoras, ya que alrededor de 100.000 personas han fallecido desde el año 2012 hasta ahora sin recibir las atenciones a que tenían derecho. Según el presidente de esta asociación, el Estado "incumple la obligación legal de cofinanciar el sistema en igual proporción a las administraciones autonómicas", porque la media de aportación al sistema de ayudas se sitúa en un 78 % por parte de las Comunidades Autónomas y tan sólo un 22 % por parte del Estado.

En un momento como el actual en el que al Gobierno se le llena la boca diciendo un día sí y otro también -en relación a la propuesta secesionista de la Generalidad catalana, manifestada en la convocatoria de lo que ellos denominan plebiscito independentista-, que lo que tiene que hacer Artur Más y su gobierno es respetar "la ley", nos preguntamos ¿acaso la está respetando el Gobierno de Rajoy en relación al cumplimiento de sus obligaciones financieras con las personas dependientes? Además, el Gobierno está promoviendo la asfixia financiera de las Comunidades Autónomas porque, de una parte les exige, por medio del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que deben cumplir con el objetivo de déficit del 0,3 % y, de otra, no aporta a las Comunidades Autónomas las cantidades a las que está obligado según lo estipulado en la Ley 39/2006.

Como consecuencia de estos incumplimientos del Estado hay gravísimas desigualdades en el desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) entre las diferentes Comunidades Autónomas. Así, tan sólo 5 Comunidades aprueban en la gestión del desarrollo del referido SAAD. La mejor valorada es nuestra CA de Castilla y León que obtiene un claro sobresaliente (9,6), a la que siguen País Vasco (7,9), Andalucía (7,5), Extremadura (6,7) y La Rioja (6,7). Pero el resto (12) suspenden, siendo Valencia (1,3), Ceuta y Melilla (2,5) y Madrid (3,3), las peor valoradas.

Pero no sólo la dependencia tendrá una financiación escasa en los Presupuestos Generales del Estado. En nuestra provincia de Salamanca las inversiones se reducirán en un 20 % y es la última de la región en inversión por habitante.