La jerarquía católica, el catecismo y el Estado aconfesional

Como sabemos, la Constitución española de 1978 fue fruto de un consenso político entre los diferentes grupos políticos del Parlamento español. Recoge aspiraciones tradicionales de la izquierda española como la democracia o el Estado Social, junto con la aconfesionalidad del Estado, pero también mantiene posiciones defendidas por la derecha como la declaración sobre la indisoluble unidad de la Nación española o la referencia en el artículo 16.3 al mantenimiento de relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones, aspecto éste último que no se aplica puesto que los presupuestos generales del Estado asignan partidas únicamente para la religión Católica.

La batalla por la separación de la Iglesia y el Estado planteada en 1977 fue extraordinariamente dura porque para la Iglesia española podía suponer el fin de sus privilegios económicos, políticos y sociales derivados de su apoyo incondicional a la Dictadura Franquista. Eso significó la movilización de la jerarquía católica de entonces en contra del proyecto constitucional al que se tildaba de ateo, hasta el punto de que el cardenal Primado de Toledo pidió a los católicos el voto en contra del texto constitucional.

No fue la única batalla que dio la jerarquía católica, la segunda gran batalla se dio con la educación. De acuerdo con la Constitución se garantizaba el derecho a la educación y se reconocía la libertad de enseñanza, pero en el mismo artículo 27 el Gobierno de UCD con el apoyo de Alianza Popular y los nacionalistas catalanes añadieron que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Por la vía del artículo 27.3 la Iglesia católica se aseguró la enseñanza del catecismo en la Escuela pública y privada, dejando muy mermada la separación de la Iglesia y el Estado que consagraba el 16.3."Ninguna Confesión tendrá carácter estatal".

Por si fuera poco, la presión de la jerarquía católica forzó la negociación de un seudo-concordato que sustituyera al franquista de 1953 pero que concedía cuantiosos privilegios económicos y sociales a la Iglesia católica española. Dicho seudo concordato firmado en 1979 es en realidad preconstitucional puesto que se negoció a la par que la Constitución con manifiesto secretismo por el Gobierno de Adolfo Suárez. Desde mi punto de vista debería ser derogado para ajustar la libertad religiosa a partir del principio de separación de la Iglesia y el Estado y la igualdad legal de todas las confesiones religiosas reconocidas en España.

En la mayoría de los países democráticos de nuestro entorno, la enseñanza del catecismo es un asunto de la Iglesia y no se encuentra en la escuela como una asignatura evaluable a la par que las matemáticas o la geografía.

En Estados Unidos, un país muy religioso, no se imparte dentro de la escuela como asignatura reglada ningún catecismo, ni católico, ni protestante, ni judío, ni musulmán, son las diferentes Iglesias las que se ocupan de adoctrinar a sus fieles fuera de la Escuela.

Más de 30 años después de aprobada un Constitución que consagra la aconfesionalidad del Estado, obispos españoles siguen empeñados en condicionar decisiones políticas de Gobiernos y Parlamentos como si estuviéramos en la época de la unión de la Iglesia y el Estado Franquista. Resulta escandaloso ver a obispos salir a la calle para protestar contra el matrimonio civil y el divorcio en los años 80, o más recientemente con el matrimonio homosexual y la reforma del aborto, pero nadie los ha visto protestando en la calle contra los recortes en educación o sanidad, defendiendo a los colectivos vulnerables o sencillamente pidiendo perdón por los abusos de la iglesia con los más desprotegidos, los niños.