La morosidad en las comunidades de vecinos supera en Salamanca los 10 millones de euros

10,04 millones de euros. Esta es la cifra que alcanza la morosidad en las comunidades de vecinos en Salamanca y correspondiente al año 2014, habiéndo incrementado ligeramente con respecto al año anterior (2013), un 0,40%. Salamanca se sitúa como la cuarta provincia de Castilla y León con la cifra más alta de morosidad, por detrás de Valladolid (20,05 millones), León (14,03 millones) y Burgos (11,02 millones), según los datos recogidos en el Cuarto Estudio Global sobre la morosidad en las Comunidades de Propietarios en España elaborado por el Observatorio de las Comunidades de Propietarios, dependiente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, estiman además que la morosidad de las entidades financieras, sociedades inmobiliarias y entidades públicas de gestión alcanza los 2,5 millones en Salamanca.

En el conjunto de Castilla y León la estimación de la morosidad con las comunidades de vecinos alcanzó en 2014 los 84,90 millones, un 1,07% más que en 2013 (84 millones). Del total, 20,37 millones corresponden a la morosidad bancaria. No en todas las provincias de la región ha subido la morosidad, en algunas como Ávila ha descendido ligeramente, un 0,29% hasta quedar en los 6,98 millones de euros; Soria, con un 2,33% (2,93 millones), Segovia (0,67% y una morosidad de 5,96 millones) y Zamora, con un descenso del 1,63% (7,87 millones de morosidad).

El informe establece, en términos generales y para el conjunto del país, que hay dos tipos de morosos. Por un lado, los morosos accidentales, que son aquellos que no pueden abonar sus cuotas por problemas económicos derivados de la situación de crisis laboral y económica 51%) y, por otro lado, los morosos intencionales, los que pueden pagar, pero no lo hacen.

El Informe también corrobora que las entidades financieras siguen adjudicándose inmuebles y su comportamiento, en cuanto a los pagos de las cuotas de comunidad, se caracteriza por el sistemático retraso, atendiendo estos pagos cuando es necesario para la transmisión del inmueble a terceros o, en su caso, son objeto de reclamación de pago por parte de las comunidades de propietarios.