La corrupción en Italia compromete el derecho a la igualdad

Dario Sammarro. Activista de Amnistía Internacional.

El Corruption Perception Index 2014 de Trasparency Internacional señala a Italia como el país más corrupto de la U.E., y a nivel mundial la clasifica entre los países que no llegan a la suficiencia en tema de trasparencia, detrás de Sudáfrica y Kuwait (http://www.transparency.org/cpi2014 ó http://transparencia.org.es/). El informe de 2011 del "Group of State against corruption" dice que la corrupción en Italia está "profundamente arraigada en diferentes áreas de la administración pública, de la sociedad civil y en el sector privado. Los sobornos parecen práctica común para obtener licencias, permisos, contratos públicos, préstamos, aprobar los exámenes, ejercer la profesión médica, hacer acuerdos en el mundo del fútbol, etc. Es un fenómeno generalizado y sistémico que afecta a la sociedad en su totalidad.

La sensación de que España se pudre por dentro por culpa de la corrupción está muy extendida entre los ciudadanos; lo mismo ocurre en Italia. La confianza en nuestras instituciones sigue en caída libre mientras vemos desfilar por los juzgados o por las primeras páginas de los periodicos a personajes diversos; en tanto, la crisis hostiga los derechos humanos, especialmente de las personas con menos recursos económicos que han tenido que recurrir a entidades cuyos directivos no han tenido escrúpulos en acaparar millones de euros de modo ilícito en muchos casos.

La corrupción es una de las principales causas de la ineficiencia de los servicios para la comunidad, del colapso financiero de las finanzas públicas, así como la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones. El Tribunal de Cuentas italiano ha determinado que el daño económico directamente relacionado con el fenómeno de la corrupción desde el año 2009 hasta ahora, es por lo menos de 60 mil millones de euros cada año.

Este fenómeno afecta negativamente a uno de los principales derechos humanos: el derecho a la igualdad. Este pertenece al grupo de los derechos de segunda generación y se relaciona estrechamente con los derechos de origen económico,social y cultural que garantizan las mismas condiciones y el mismo trato a los ciudadanos. La corrupción compromete concretamente el principio de igualdad en el sentido sustancial, pues viola el artículo 3.2 de la Constitución Italiana : "es deber de la Republica quitar los obstáculos de origen económico y social que limitan de facto la libertad y la igualdad de los ciudadanos, que impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la participación efectiva de todos los trabajadores en la organización política, económica y social del país".

El Parlamento Italiano ha aprobado en estos días una nueva ley contra la corrupción, que fundamentalmente aumenta los poderes de la Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC), define el instrumento para identificar las empresas cotizadas en el mercado financiero, castiga fuertemente la falsa contabilidad e impone penas severas para los culpables.

A pesar de este paso, creo que a nivel político la necesidad primaria para combatir el fenómeno es elevar la trasparencia: los ciudadanos deberían tener el control de los actos de gobierno en todos los niveles, comenzando desde el nivel local de la administración pública; de facto la corrupción tiene interés en excluir la participación. Una posición tan decisiva corresponde a los medios de comunicación, que deben informar sobre las actividades de las instituciones públicas para hacer entender razones y objetivos.

Personalmente sigo el pensamiento de profesionales de alto nivel como el Profesor Renato Rolli, estimado jurista y maestro indiscutible del tema, (desde hace muchos años estudia y lucha contra el fenómeno), que cree que la corrupción es resultado de una irrefrenable desintegración moral antes que social. Y por eso creo que para luchar eficazmente contra la corrupción se debe actuar antes sobre el nivel ético. La educación moral de los ciudadanos debe inspirarse en los principios de la dignidad de la persona, de la solidaridad y del bien común. Los funcionarios públicos deben recuperar el sentido de la legalidad. Es necesario difundir una verdadera cultura de la "cosa pública". Se debe inculcar ya desde la escuela el sentido de la común pertenencia a un solo cuerpo social y que los particulares no pueden apropiarse de los bienes de la comunidad.