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Begiko, propietaria de los terrenos de la mina, interpondrá una denuncia por un presunto delito de ...
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LA JUNTA CONOCE LA PROPIEDAD DE LAS PARCELAS

Begiko, propietaria de los terrenos de la mina, interpondrá una denuncia por un presunto delito de ...

Actualizado 23/05/2015
Miguel Corral

BARRUECOPARDO | También está pendiente de resolución un recurso contencioso-administrativo contra la caducidad de los derechos mineros por no haber sido informada durante el procedimiento

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Después del anuncio del BOCyL del pasado día 20 de mayo, en el que se anunciaba la apertura de un expediente de expropiación forzosa a los titulares de terrenos afectados por el proyecto de la empresa Saloro para la extracción de wolframio en la mina de Barruecopardo, la empresa Begiko S.A., propiedad de los terrenos que figuran a nombre de la Coto Minero Merladet, presentará la semana próxima una denuncia por un presunto delito de prevaricación en tanto que la Sección de Minas de Salamanca conocía la propiedad real de los terrenos, en este caso, y como recogió este diario, 127 hectáreas repartidas en 7 parcelas.

Además de esta demanda, Begiko S.A. presentará alegaciones al expediente de expropiación, a lo que suma un recurso contencioso-administrativo que se encuentra pendiente de resolución y por el que reclama los derechos de explotación de la mina. Esta petición la argumenta en que a pesar de ser la propietaria de los derechos de explotación, durante el procedimiento de caducidad llevado a cabo por la Junta no fue informada en ningún momento de este procedimiento.

Es más, el Boletín Oficial de Castilla y León, en su publicación del 23 de marzo de 1994, hizo público el anuncio de la caducidad de la concesión a nombre de Coto Minero Merladet por "haber resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar a Coto Minero Merladet", si bien, como sostiene María del Rosario Cañete Aguado, propietaria y administradora de Begiko S.A., a la vez que letrada, "en 1984 Coto Minero Merladet había informado a la Junta de su cambio de domicilio, por lo que ni Coto Minero Merladet ni Begiko sabían nada del expediente de caducidad", hasta que en 2012 "solicitamos la reanudación de la explotación minera y se nos dijo verbalmente, en una reunión en la Sección de Minas en Salamanca, que las concesiones estaban caducadas".

Begiko solicitó a la Junta en junio de 2001 que se le informase de cuantos expedientes se hunieran instruido en la Sección de Minas, como así reza en una nota interna del Letrado Asesor

La Junta aduce, a este respecto, "que no sabía de la existencia de Begiko SA, cuando resulta que en el Auto del Juzgado en 1988 se embargaron los terrenos y las concesiones mineras, librándose oficio para su inserción en el Registro de la Propiedad y en el Registro Minero". La empresa Coto Minero Mercadet entró en concurso de acreedores en 1988 tras presentar suspensión de pagos, por lo que todos sus bienes y derechos, concesiones mineras, terrenos, escombreras, maquinaria y utillaje salieron a subasta judicial y fueron adquiridos por Begiko S.A.

Como igualmente Begiko desconocía los permisos de investigación concedidos a la empresa Siemcalsa, con participación pública, en agosto de 2001. A este respecto, en junio de 2001, Begiko solicitó a la Junta, mediante escrito de fecha 1 de junio de ese año, se le informase "de cuantos expedientes se hayan instruido" en la Sección de Minas, como así reza en una nota interna del Letrado Asesor de la Junta y foliada en el expediente de revisión abierto a petición de la propietaria el 15 de julio de 2014, por el que reclama la propiedad de la concesión para la explotación minera. En esta nota, el asesor advierte a la Junta que "cuando se otorga el permiso Saldeana el 1 de agosto de 2001, autorización sobre la que se asienta la concesión a Saloro S.L, había escritos de Begiko solicitando ser parte de cualquier expediente relativo a sus propiedades".

Sobre el contenido de esta nota y del procedimiento llevado a cabo por la Sección de Minas, la actual administradora de la empresa sospecha de la existencia de otras irregularidades, aunque por el momento no ha querido que fueran desveladas. Se trataría de documentos supuestamente expedidos por el anterior administrador de Begiko.

Titularidad de los terrenos

A este dilatado proceso, en el que Begiko S.A. viene reiterando y demostrando ante la Administración autonómica la propiedad de todos los bienes y derechos que hasta marzo de 1988 fueron de Coto Minero, se suman las solicitudes realizadas para la explotación de áridos de la mina en enero de 2014, tanto de gruesos como de finos.

Las escombreras de gruesos son explotadas actualmente por una empresa de Barruecopardo, según Cañete, "sin título y sin autorización de Begiko S.A. y que, ante nuestra denuncia y un juicio, actualmente se encuentra en vía administrativa bajo un expediente de revisión de oficio instada por nosotros".

Asimismo, sobre las escombreras de finos, Cañete demuestra con documentos que "el expediente de otorgamiento ha estado paralizado por la Administración hasta enero de 2015". Ante este hecho, añade que "nos vimos obligados a interponer demanda por denegación por silencio, y sorpresivamente en enero de 2015, un año después nos solicitan documentación, por lo que en esta demanda desistimos y actualmente ha sido publicado el anuncio de calificación como recurso de la sección b, resultando que la mayor sorpresa es que tras leer la información de LAS ARRIBES AL DÍA, he recabado el anuncio de expropiación y lo firma la misma persona que con fecha 20 de enero de 2015 me solicita la documentación de Begiko, resultando que en el anuncio de expropiación indica que los terrenos son de Coto Minero Merladet".

En la documentación remitida en febrero de 2015 a la Sección de Minas de Salamanca se incluyen documentos notariales sobre la adquisición de los bienes y derechos de Coto Minero, certificaciones del Registro de Propiedad de los terrenos y la concordancia con el Catastro actual realizada por un ingeniero, "está todo certificado y enviado, o sea que lo sabe la Junta hace más de dos meses, y ahora dice que va a expropiar los terrenos de Coto Minero Merladet", lo que en opinión de Cañete se estaría incurriendo en un presunto delito de prevaricación.

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