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Actualizado 22/04/2015
Agustín Domingo Moratalla

Hay un problema importante: ¿con qué criterios se constituirán los consejos de transparencia? No estaría mal incluir estas cuestiones en la agenda de los próximos días para que los candidatos tomen posición y nos desvelen la respuesta a una pregunta clave

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Uno de los temas centrales de la agenda política seguirá siendo la lucha contra la corrupción. Es un problema que sigue ocupando los primeros lugares entre las preocupaciones de los ciudadanos según las encuestas del CIS, que ha condicionado la elaboración de las listas y que se hará presente en la agenda política.En la lucha contra con la corrupción una de las tareas más urgentes es la promoción de una cultura de la transparencia. No olvidemos que ahora disponemos de instituciones con capacidad para evaluarla en todo tipo de instituciones. De hecho, la Fundación Transparencia Internacional tiene como misión luchar contra la corrupción estableciendo indicadores de rendición de cuentas con los que medir la información que se proporciona a los ciudadanos. No sólo los partidos o las administraciones se están sometiendo a estas evaluaciones, también los clubes de fútbol han mostrado su interés para ser evaluados, maquillar sus caras y presumir de transparencia.

Resultado de esta presión que la sociedad civil ha realizado para luchar contra la corrupción, para hacer accesible la información y para fomentar la integridad, ha sido el Portal de Transparencia, exigido por la ley 19/2014 que obliga a que las administraciones rindan cuentas. El portal y la ley que lo promueve eran necesarios para mejorar la calidad de la democracia. Ahora bien, ¿son suficientes? ¿nos podemos conformar por eso?
A mi juicio se ha dado un paso necesario pero insuficiente. En primer lugar porque no está claro el régimen de sanciones e incumplimientos que se aplicarán a quienes no cumplan la normativa. El portal recoge alguna información del gobierno y los ministerios, espera con ello satisfacer la curiosidad. Ahora bien, no hay que confundir la satisfacción de la curiosidad con el derecho a saber, constitutivo de una democracia avanzada.
En segundo lugar, hay temas sobre los que se limita el acceso, en políticas de seguridad, financiera, monetaria, patrimonial o medioambiental. Parece lógico que así se haga porque tan importante como los datos y el principio de publicidad, es el principio de prudencia. Ahora bien, esto significa reconocer que la acción política es mucho más que la rendición de cuentas en las administraciones públicas. El político no es un simple gestor administrativo sino un profesional de la prudencia que sitúa la información a los ciudadanos dentro los derechos fundamentales. No se trata sólo de mejorar la calidad de los servicios públicos sino de incrementar la legitimidad de las decisiones políticas.

Por último, hay un problema importante: ¿con qué criterios se constituirán los consejos de transparencia? No estaría mal incluir estas cuestiones en la agenda de los próximos días para que los candidatos tomen posición y nos desvelen la respuesta a una pregunta clave: ¿quién vigila al vigilante?

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