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El Ayuntamiento ayuda a dos nuevas familias a que no pierdan su vivienda
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COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

El Ayuntamiento ayuda a dos nuevas familias a que no pierdan su vivienda

Actualizado 07/04/2015
Redacción

Ha concedido una aportación de más de 5.000 euros para costear deudas contraídas con la comunidad de propietarios y suministros esenciales de la vivienda

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La Comisión de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salamanca ha concedido esta mañana dos nuevas ayudas extraordinarias a familias en riesgo de desahucio al atravesar graves problemas económicos.

En esta ocasión las aportaciones municipales ascienden a 5.238 euros. En concreto, 2.043 euros se destinan a una familia compuesta por un matrimonio, en la que ambos se encuentran en situación de desempleo. En el caso de la segunda aportación, se destina a una familia formada también una pareja. En ambos casos las aportaciones municipales se destinarán a solventar deudas contraídas con la comunidad de propietarios y suministros esenciales de la vivienda.

El objetivo del Ayuntamiento de Salamanca con estas ayudas es apoyar a las personas que peor lo están pasando. Pueden acceder a estas ayudas extraordinarias, que ascenderán a un máximo de 3.195 euros anuales, las familias salmantinas en situación de emergencia social, con todos sus miembros en paro, con escasos ingresos (entre 7.668 y 11.502 euros anuales dependiendo del número de miembros de la familia) y que no puedan hacer frente a la hipoteca.

Estas cantidades económicas se destinan, por ejemplo, al pago temporal de la cuota hipotecaria, para que la cuantía libre de que disponen las personas les garantice atender sus necesidades básicas, o a los gastos ordinarios de renovación de préstamos hipotecarios o resolución de los mismos en caso de dación en pago (tasación, notaría, gestoría y registro). Estas ayudas también podrán financiar la puesta al día respecto a cuotas vencidas cuando esta deuda imposibilite los acuerdos con las entidades bancarias o el levantamiento de embargos de pequeña cuantía anotados como cargas registrales que impidan la renovación del préstamo hipotecario.

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