La Junta impulsa el empleo para 6.000 personas con discapacidad

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha afirmado este lunes que Castilla y León es un referente en su apuesta por el empleo de las personas con discapacidad. Como prueba, ha recordado que fue una de las primeras comunidades en aprobar la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública y en reservar contratos para Centros Especiales de Empleo. Y también fue pionera en introducir en la Comunidad itinerarios dirigidos al empleo para las personas con discapacidad.

Este conjunto de actuaciones, impulsadas por la Junta de Castilla y León, ha beneficiado a más de 6.000 personas con discapacidad en el último año, de los que 4.300 están trabajando en Centros Especiales de Empleo. Así lo ha manifestado la consejera durante la visita que ha realizado a la residencia para enfermos mentales de Burgos, que constituye un ejemplo de la apuesta que está realizando la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por la promoción de la autonomía personal.

Marcos ha realizado un repaso a la aplicación del acuerdo, de julio de 2012, por el que la Junta de Castilla y León se comprometía a hacer una reserva de contratos a los Centros Especiales de Empleo y a incorporar cláusulas sociales en los procedimientos de contratación pública de la Administración autonómica para favorecer la inserción laboral de los colectivos más vulnerables y de difícil empleabilidad.

Desde su puesta en marcha, la Junta de Castilla y León ha reservado contratos a Centros Especiales de Empleo por importe de 16,3 millones de euros. Durante el último año se ha duplicado la contratación en reserva de contratos a este tipo de centros, pasando de 4,7 millones adjudicados en 2013 a 9,5 millones en 2014, lo que evidencia la importancia que otorga el Ejecutivo autonómico al empleo de las personas con discapacidad.

En 2014, la reserva de contratos supone ya un 22,65 % de media en el conjunto de las consejerías, superando en 16 puntos el compromiso de la Junta de reservar el 6,5 % del importe total de los contratos de la Administración autonómica dentro de un catálogo de actividades -limpieza, lavandería, catering, paquetería, imprenta, almacenamiento, jardinería, logística, entre otras- a Centros Especiales de Empleo.

Y en cuanto a las cláusulas sociales, la consejera ha detallado que, desde finales de 2012 a diciembre de 2014, la Junta de Castilla y León ha adjudicado contratos a empresas que incorporaban cláusulas sociales por valor de 358,47 millones de euros. Solo durante el pasado año, se han adjudicado contratos con cláusulas sociales por importe de 173,3 millones de euros, lo que significa que el 71 % del importe total de las contrataciones que realizó la Junta llevaban aparejadas aspectos sociales.

Se trata de impulsar en las empresas una visión más social y, para ello, la Junta prima a la hora de adjudicar un contrato a aquellas empresas que incorporen medidas que redunden en el fomento del empleo de personas en riesgo de exclusión social o en la inserción de personas con discapacidad, que fomenten la estabilidad en el empleo o que promocionen la igualada efectiva entre mujeres y hombres.

Esta apuesta por el empleo de las personas con Discapacidad se mantendrá en 2015. En este sentido, la Junta aprobó recientemente un paquete de subvenciones, por importe superior a los 3,3 millones de euros, para fomentar este año la inserción laboral de las personas con discapacidad. La Consejería duplica así la subvención destinada a la realización de itinerarios que permitan a las personas con discapacidad dar el salto al mercado laboral. De esta cantidad, la mitad irá destinada específicamente a los jóvenes de entre 16 y 30 años para que realicen itinerarios personalizados.

Recursos para las personas con enfermedad mental

Con la apertura de la residencia de enfermos mentales de Burgos, la Junta culmina el despliegue del modelo de coordinación sociosanitaria de la discapacidad por enfermedad mental. Este sistema, pionero en España, garantiza una atención integral e individualizada en cada una de las fases a un colectivo formado por más de 15.173 personas en la Comunidad (2.473 en Burgos) y al que el Ejecutivo autonómico ha destinado en esta legislatura 43 millones de euros, que han servido para financiar recursos y servicios.

Se trata de la quinta residencia de estas características, que se abre en la Comunidad. Tras la experiencia de éxito desarrollada en Toro (Zamora), le siguieron los pasos la residencia Doña Cinia, ubicada en León, Asovica, en Soria, la residencia para personas con enfermedad mental en Ávila y la de Burgos. Está prevista, además, la apertura próximamente de otro centro residencial en la capital leonesa.

En el último año, Castilla y León ha sumado cuatro nuevas residencias para dar respuesta las 24 horas al día y los 365 días al año a las necesidades de personas de entre 16 y 65 años, residentes en la Comunidad, que tengan reconocida la situación de Dependencia y que padezcan discapacidad por enfermedad mental grave, prolongada y estabilizada. De las más de 2.000 plazas nuevas que se han creado durante esta legislatura para personas con discapacidad en la Comunidad, 615 son plazas para personas con discapacidad por enfermedad mental.