Sistema Sanitario y Responsabilidad Social

La Salud como derecho básico tiene tanta trascendencia que su ausencia impide a las personas conseguir su integración social a través del trabajo y disfrutar de la Vida. En consecuencia, debe ser fomentada tanto de forma individual como colectiva a través de un sistema sanitario efectivo y sostenible que atienda a los pacientes para curar sus enfermedades. La Salud es importante en sí misma; quien experimenta su falta reconoce la pérdida de su capacidad funcional. Para conseguirla individualmente lo recomendable es llevar a cabo un estilo de vida saludable, o sea, responsabilidad individual. Para obtener la Salud Pública hace falta tener claro que es necesaria para todos como Sociedad; responsabilidad social que consiste en tener un buen sistema sanitario adecuadamente gestionado y financiado que sea universal, accesible, de calidad y seguro.

Desde 1986, año en que se promulgó la Ley General de Sanidad, se sentaron las bases legales de nuestro Sistema Nacional de Salud desarrolladas por los distintos Sistemas Autonómicos de Salud, ofreciendo cada vez mayor número de prestaciones y servicios. No obstante, el crecimiento ha sido desordenado y no programado a nivel nacional por la falta de coordinación en el Consejo Interterritorial de la Salud.

El resultado de esta dinámica básicamente administrativa se pudo sobrellevar por estar enmarcada en una época de bonanza económica; pero ahora, en época de vacas flacas, toca gestionar para perseguir que el sistema sea sostenible y conseguir con los mismos recursos, mejorar la Calidad Asistencial. Además, se suma a este reto, la falta de previsión y planificación que ha existido para hacer frente a la cronicidad y los enfermos pluripatológicos lo que ha conlleva que se tenga que abordar este tema cuando peor es la situación socioeconómica.

Ahora no cabe otra que mantener el Sistema Sanitario y para ello habrá que seleccionar las prioridades generales para poder financiar los pilares básicos de la responsabilidad social, la Educación, la Sanidad, la Justicia y los Servicios Sociales. No ya para conseguir y mantener un Estado del Bienestar sino para sostener los pilares elementales de una estructura social que nos permita progresar y desarrollarnos en las adecuadas condiciones para seguir avanzando como Sociedad del Siglo XXI.

La Salud en un Estado desarrollado como el nuestro se concibe como un Derecho y un bien tutelado por los poderes públicos. Por tanto, éstos tienen la obligación de prestar. En nuestro país son los Servicios Autonómicos de Salud los competentes en esta materia y deben procurar una buena financiación vía impuestos y una asignación de recursos vía presupuestos para lograr su efectividad. Según los expertos, el gasto global del sistema sanitario en 2007 representaba el 8,5% del Producto Interior Bruto (inferior a la media de la UE) y el gasto sanitario público el 6,1 del PIB que se corresponde con un gasto de 1.442 ? por persona/año. Esta es básicamente su responsabilidad en macro-gestión, pero también deben asumir su responsabilidad de micro-gestión adjudicando la gestión y organización de las áreas de Salud y los hospitales a los profesionales más preparados. La dinámica del todo vale y de que cualquiera vale para cualquier trabajo se puede usar en la política y en sectores de escasa competencia profesional; pero no es válida para la gestión de la Sanidad y de la Educación ni para la efectividad de los Derechos como la Salud y la Calidad de enseñanza.

Por tanto, por responsabilidad social no se puede y no se debe hacer política con la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales puesto que existe la obligación de conseguir efectividad y eficiencia para que los ciudadanos puedan crecer y vivir saludablemente en un país avanzado y moderno como el nuestro. Los acontecimientos y movimientos sociales como las mareas de batas blancas constituyen un signo de la concienciación de parte de la Sociedad sobre la responsabilidad social en temas de Gestión y Sanidad.

JAMCA