En la agenda informativa de esta semana ha pasado desapercibido el Informe sobre la gestión de los servicios de urgencias hospitalarias que se ha presentado en la oficina del Defensor del Pueblo. No ha sido redactado únicamente por el equipo de la Defensora del Pueblo nombrada por el congreso de los Diputados sino elaborado de manera conjunta con los defensores de otras autonomías. El Síndic de Greuges de la Comunitat estaba entre los firmantes del documento y sería bueno que entre los profesionales de la sanidad de nuestras respectivas zonas de salud se le prestara atención a las 40 recomendaciones que realizan.
El informe dedica una especial atención al maltrato que reciben determinados colectivos como inmigrantes, enfermos mentales, mayores y crónicos. Lamenta la poca diligencia de la Administración General del Estado en la unificación de aplicaciones informáticas que faciliten la gestión de las historias clínicas. También señala la necesidad de que estos servicios no queden fuera de los programas de acreditación de la calidad. Y lamenta las carencias de formación en bioética que se perciben en los profesionales de urgencias cuando ignoran la autonomía de los pacientes en la negligente práctica de figuras como el consentimiento informado o testamento vital.
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