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CCOO rechaza la privatización de los Registros Civiles que será efectiva a partir de este verano
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contra la ley orgánica del poder judicial

CCOO rechaza la privatización de los Registros Civiles que será efectiva a partir de este verano

Actualizado 30/01/2015
Rosa Fernández

El sindicato denuncia que el Gobierno quieren entregar un servicio público y gratuito a los registradores mercantiles y de la propiedad

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Javier Hernández, coordinador estatal del sector Justicia de CCOO, ha afirmado hoy en Salamanca que este sindicado seguirá luchando por la gratuidad de los Registros Civiles, "pese al interés del Gobierno de Rajoy en su privatización", que será efectiva en junio de 2015.

Para Hernández, lo que pretende hacer el Gobierno, entregar la gestión de los registros a los registradores mercantiles y de la propiedad, hasta ahora un servicio universal, público y gratuito, "es un escándalo, con una presunta corrupción" tanto del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como del exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, "con familiares directos que son registradores". El coordinador de Justicia apuntó que con la privatización que pretende aplicar el Gobierno "no habrá protección de los datos personales y se cobrará por un servicio que es público", algo que rechaza rotundamente CCOO, que tiene previsto presentar en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular.

Javier Hernández explicó las contradicciones de la privatización de los Registros Civiles. "Si los registradores mercantiles y de la propiedad son funcionarios, como dice el Gobierno, no pueden cobrar el IVA, y ellos lo cobrarán cuando realicen gestiones de registro" y se mostró confiado en que el Gobierno, que cuenta con el rechazo del resto de partidos, recapacite y sigan siendo un servicio gratuito y público. CCOO ya ha anunciado que seguirá con las protestas y movilizaciones contra esta propuesta del Ejecutivo.

Calificando de "lamentable" la gestión del exministro Gallardón al frente de Justicia, afirmó también que la Ley de Tasas "es un ataque insoportable" a los derechos de los ciudadanos y mostró su rechazo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que pretendía eliminar cientos de partidos judiciales y juzgados de paz. Medidas con las que el Gobierno, que dio marcha atrás, "quería acabar con el acceso directo de los ciudadanos a la Justicia".

Fotos: Alberto Martín

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