Luz verde al estudio para el desarrollo del sector junto a Capuchinos con uso comercial y...

El pleno del Ayuntamiento Santa Marta, aunque sin el consenso de todos los grupos, sacó adelante los dos puntos del orden del día. Por un lado, se aprobó definitivamente (con los votos del PP y UPyD; el voto en contra de IU y la abstención del PSOE) el estudio de detalle y ordenación de sector urbanístico SUNC-16, correspondiente a la zona ubicada junto junto al actual parque comercial de Capuchinos. Esto permitirá el desarrollo tanto en materia urbanística (uso residencial) como comercial (uso terciario comercial).

IU ha sido el más crítico, votando en contra al considerar que "debería consolidarse el núcleo urbano existente en lugar de hacer viviendas en los extremos de la localidad y porque este nuevo supermercado supone una competencia más para el pequeño comercio del pueblo".

Por otra parte, el pleno también dio el visto bueno a la aprobación de la Ordenanza Municipal para la Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruido, punto en el que los grupos de la oposición no estuvieron de acuerdo, saliendo adelante finalmente con los votos del equipo de Gobierno. Así, por ejemplo, desde las filas de la formación de UPyD ya se había avanzado que defenderían las alegaciones presentadas a la ordenanza, aprobada inicialmente en el pleno del pasado mes de octubre, y su texto original "permite la suspensión de las limitaciones de ruido impuestas en la Ordenanza, de forma indefinida, durante la celebración de las fiestas en la localidad y otras actividades aprobadas de forma discrecional por el Ayuntamiento".

Ya en el capítulo de mociones, el PSOE presentó dos mociones al pleno, siendo ambas desestimadas. La primera de ellas, relativa a la aprobación de un reglamento básico de transparencia para la creación de una bolsa de trabajo municipal regida por el principio de publicidad y rotación, así como que en la elaboración de este reglamento hubiera representantes de todos los grupos y de los agentes sociales del municipio. En la segunda de las mociones se proponía que el pleno instará al Gobierno a paralizar la tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana por vulnerar los principios fundamentales del derecho de reunión y protesta pacífica.