La Ley Mordaza o el derecho a protestar amenazado

Autor: Gabriel de la Mora. Activista de Amnistía Internacional.

En las últimas semanas hemos visto como la respuesta ciudadana a la tramitación de las conocidas como Leyes Mordaza: reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal, se ha incrementado. No ha sido ajena nuestra ciudad, donde la represión de la protesta en los últimos años ha venido reproduciendo muchas de las prácticas que se suceden en el resto del país, provocando así que la ciudadanía se haya nuevamente movilizado, esta vez, por su derecho a la protesta.

Desde Amnistía Internacional se critica abiertamente este nuevo intento de cercenar las libertades de los ciudadanos, recordando que algunas de las actuaciones del gobierno español son intolerables en una democracia avanzada, tales como el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes pacíficos, incluyendo uso indebido de material antidisturbios; las sanciones administrativas a personas que participan en manifestaciones no comunicadas aunque pacíficas, que pueden buscar desincentivar la protesta y, por supuesto, el intento de estigmatizar o incluso criminalizar a algunos de los movimientos sociales.

La respuesta de las autoridades también ha desvelado las deficiencias de la legislación española en la regulación de las libertades. En lugar de corregir estas deficiencias y apuntalar del derecho de reunión pacífica, el gobierno, en contra de sus obligaciones contraídas por el Derecho internacional de los derechos humanos, ha optado por presentar propuestas legislativas más restrictivas en relación a estas libertades principalmente mediante la reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana que se traduciría de ser aprobadas, en un aumento de conductas sancionables, incremento de penas y de la cuantía de las multas.

Desde Amnistía Internacional rechazamos por tanto este tipo de prácticas y actuaciones, solicitando la retirada y modificación de las reformas legislativas que tengan como efecto restringir o sancionar el derecho de libertad de expresión y reunión pacífica, adaptándolas a los estándares internacionales de derechos humanos. No es posible que las fuerzas de orden público puedan actuar discrecionalmente y sus actuaciones no estén sometidas a fiscalización y control, ni se respete el derecho a la libertad de información de los periodistas a informar sin restricciones.

Las autoridades deben establecer mecanismos para que sea posible evaluar o revisar cualquier actuación policial en la que se ha utilizado material antidisturbios o ha habido uso excesivo de la fuerza, estableciéndose un mecanismo independiente de investigación para alegaciones de graves violaciones de derechos humanos, así como fiscalías especializadas responsables para la investigación y persecución de uso excesivo de la fuerza o tortura y malos tratos por parte de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

Además, condenamos enérgicamente el burdo intento de legalizar las devoluciones en caliente, precisamente a través de una disposición especial de la Ley Mordaza, que modificaría la actual Ley de Extranjería. Los convenios internacionales de derechos humanos ratificados por España impiden legalizar esta práctica irregular, que supone el desamparo de aquellas personas que con gran desesperación cruzan la frontera, que tienen, al menos, el derecho a ser oídos y a solicitar su asilo, refugio y protección, obligaciones internacionales que no pueden ser incumplidas por España mediante legislación interna alguna.