CGT reclama la readmisión de una conductora en la empresa de los autobuses, a la que reprocha el incumplimiento de los acuerdos que se exhibieron públicamente ante la prensa para preservar la plantilla
El sindicato CGT aprovechó la presentación de los nuevos autobuses para denunciar una vez más el incumplimiento del ayuntamiento de los acuerdos con las adjudicatarias de preservar el empleo y respetar las condiciones laborales. CGT reivindicó la readmisión de una trabajadora, María José Jaramillo, esgrimiendo la empresa Salamanca de Transportes razones económicas.
La organización sindical acusa directamente al gerente de la empresa y por extensión al alcalde "de hacer un paripé público dando la impresión que se mantienen los puestos de trabajo y luego, por detrás, se expulsa a trabajadores".
COMUNICADO DE CGT SOBRE EL CONFLICTO
La Confederación General del Trabajo quiere denunciar públicamente, la actuación totalmente injustificada de la empresa Salamanca de Transportes S.A., concesionaria del transporte urbano en autobús, contra una conductora, vulnerando gravemente sus derechos fundamentales.El pasado día 17 de julio, nuestra compañera María José Jaramillo fue despedida, con la "excusa" de razones económicas, una medida que no se sostiene en sus argumentos ni en sus justificaciones. Cabe recordar lo siguiente:
Esta empresa, después de 27 años gestionando el transporte urbano por autobús, volvió a hacerse con la concesión de este servicio público el pasado mes de abril. Estos meses parecen un tiempo insuficiente para que hayan surgido modificaciones sobrevenidas que no estuvieran recogidas en el pliego de condiciones del concurso y que fueran asumidas por la empresa del Grupo Ruíz.
El contrato, a pesar de desarrollarse a riesgo y ventura, está subvencionado tanto en la explotación como en la inversión de material móvil. La subvención de explotación asciende a casi 7 millones de euros anuales de dinero público, y se determina en función de kilómetros recorridos.
Existe un compromiso entre Ayuntamiento, empresa y mayoría del comité de empresa, que se escenificó en el mes de abril de 2013, que garantizaba el mantenimiento de la plantilla de la empresa a cambio de una importante pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras.
Después de la reunión que mantuvimos con el Gerente de la empresa, éste fue incapaz de explicar qué otras medidas habían tomado o iban a tomar, para mejorar las supuestas pérdidas económicas, ya que una medida tan traumática como un despido sin otras actuaciones, parece que no van a alterar mucho las cuentas de resultados de una empresa como Salamanca de Transportes. Hay que tener en cuenta que, sobre un presupuesto anual
superior a los 14 MILLONES DE EUROS, el despido de nuestra compañera supondría un ahorro insignificante. El Gerente tampoco quiso informarnos de los criterios que se habían aplicado para determinar qué trabajador o trabajadora de los más de 200 que componen la plantilla debía de ser despedido. La elección de nuestra compañera resulta poco entendible cuando existen 38 conductores y conductoras con menos antigüedad que ella. Y se entiende menos que sea una mujer la despedida en una empresa en la que la inmensa mayoría de la plantilla son hombres.Parece claro que el despido de Marijose no obedece a causas económicas; la verdadera razón de su despido radica en su lucha constante en la defensa de los derechos laborales y del derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar, y por ser parte muy activa en las actuaciones sindicales de CGT.
La Confederación General del Trabajo, en las últimas elecciones sindicales, fue la segunda fuerza más votada, y desde entonces ha realizado numerosas denuncias ante los juzgados y la inspección de trabajo por diferentes incumplimientos empresariales, lo que parece molestar mucho a los responsables de esta empresa, que en más de una ocasión se han visto obligados a modificar sus actuaciones por resoluciones judiciales logradas gracias a demandas de CGT. Nuestro sindicato ha sido el único que se ha opuesto a la concesión del transporte urbano, reclamando que sea el propio Ayuntamiento el que gestione este servicio público, lo que supondría un ahorro para las arcas municipales.
También esperamos que el Ayuntamiento de Salamanca, como responsable último de este servicio público, actúe de forma urgente, obligando a la empresa concesionaria a cesar en su actitud antisindical y obligue a la readmisión inmediata de nuestra compañera, y, en consecuencia, aplique las cláusulas por incumplimiento grave del pliego de condiciones.
Si la pretensión de Salamanca de Transportes es que este despido tenga un efecto ejemplarizante para aquellas trabajadoras y trabajadores que no permiten el recorte de derechos, o atemorizar y acallar la voz de CGT, se han equivocado, ya que vamos a realizar todas las acciones necesarias hasta que se consiga la readmisión de Marijose y seguiremos oponiéndonos a cualquier medida injusta.