De mal en peor

Últimamente no hay ningún medio de comunicación que no le dedique diariamente a la información general su dosis de corrupción política. Y esta semana ha sido una de las más fecundas y de las peores que conozco en este mundo asqueroso que es el de la corrupción. Parece que estamos ante una trama criminal perfectamente orquestada, cuyo único objetivo es la obtención ilícita de dinero fácil destinado a los bolsillos de representantes políticos elegidos democráticamente por los ciudadanos. Y en esta trama, cuya operación de detenciones se ha denominado 'Púnica', está presuntamente dirigida por quién fue Secretario General del PP de Madrid (es decir número 2 de Esperanza Aguirre) y ex alcalde de Valdemoro y su amigo, el empresario David Marjaliza. No está mal la denominación de Púnica si, por asimilación, ésta fuera dirigida a erradicar definitivamente la corrupción política, como Púnicas se denominaron las guerras entre Roma y Cartago, en las que después de más de 100 años, la civilización romana arrasó a la de Cartago.

Hay una pequeña diferencia entre estas presuntas conductas criminales de la trama de Granados y las que conocemos con anterioridad: aquí el destino del peculio es para ciertos personajes sin pudor ni escrúpulos y en otros escándalos de corrupción, como Gürtel o Filesa, lo era, presuntamente, para la financiación ilegal de partidos políticos. Con este dinero negro las formaciones políticas pueden hacer mejores campañas, engañar con más facilidad a la gente y conseguir victorias electorales que conducen al poder, fin único y exclusivo de muchos representantes políticos, como nos lo están demostrando los innumerables casos de corrupción que desgraciadamente vivimos.

En unos y otros supuestos, si se prueban los hechos y se declara la culpabilidad de los responsables, lo primero que hay que constatar es que los delitos por los que sean condenados habrán sido cometidos por 'organización criminal', según la definición que proclama el Código Penal en su artículo 570 bis, es decir "la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas", o, en su caso, por "grupo criminal", definido en el artículo 570 ter del mismo Código, como "la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos o la comisión concertada y reiterada de faltas".

Cuando en los medios de comunicación se habla coloquialmente de organizaciones y grupos criminales, la opinión pública los identifica con traficantes de drogas, con los dedicados a secuestros y asesinatos de personas o con los más conocidos como organizaciones y grupos terroristas, cuya diferencia con las anteriores, es la de que "tienen por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública mediante la perpetración de cualquiera de los delitos de terrorismo", según el artículo 571 de nuestro Código Penal, pero generalmente nunca con la corrupción política o económica.

¿Por qué hago estas argumentaciones jurídico penales? Muy sencillo, porque lo mismo que los ciudadanos repudiamos el terrorismo de ETA o el del integrismo islamista, las conductas delictivas de las grandes redes de narcotraficantes, de tráfico de personas y niños, de prostitución o de explotaciones laborales, también debemos repudiar a quienes, aprovechando el apoyo de los ciudadanos, utilizan sus cargos públicos para enriquecerse ilícitamente y con el dinero de todos, cuando esos caudales deben ir dirigidos a financiar políticas sociales y servicios públicos. Esta gente despiadada y deshonesta, inmoral y depravada, debe ser apartada de la circulación política inmediatamente y sancionada (siempre dentro de las garantías del Estado de Derecho) penalmente como procede. Y, desde luego, quienes los propusieron, apoyaron, o nombraron (aunque la responsabilidad penal no les llegue a abarcar porque no pueda probarse si conocían o no las actividades delictivas de sus apadrinados) están desactivados para continuar en la vida política.

Pero desgraciadamente no ocurre así, no sólo no dimiten, sino que, por el contrario, tienen la desfachatez de calificar de 'proetarras' a ciertos políticos que, de momento, están libres de corrupción, como hace Esperanza Aguirre con Pablo Iglesias, líder de Podemos.