Política y libertad de expresión

La designación, por parte del Congreso de los Diputados, del nuevo presidente de RTVE, deja muy clara la estrategia del Ejecutivo en el final de la presente legislatura. El currículum, los antecedentes y la experiencia del elegido, José Antonio Sánchez, hacen presumir que la imparcialidad e independencia de la televisión pública brillarán por su ausencia. Ya ocupó este puesto entre los años 2002 y 2004 y no hay que recordar a la opinión pública cómo se manejaba la información en aquellos momentos en los que el director del telediario en horario de máxima audiencia lo ocupaba el Sr. Urdaci.

Y a las pruebas me remito. Mientras el Ente Público seguía manteniendo que era ETA la responsable de los atentados del 11-M, porque favorecía las aspiraciones electorales del PP, el resto de los medios nacionales e internacionales hablaban ya del terrorismo islamista como presuntos responsables de la gran masacre. Claro, después de las elecciones de 2004 los enemigos públicos más feroces para el PP eran medios como la Cadena Ser o Canal Plus.

La libertad de expresión es uno de los valores que mejor identifican a una democracia consolidada y cuanto menos se respeta más nos aproximamos a la selva del autoritarismo, en la que los políticos que nos representan, los gobernantes y los jefes administrativos no aceptan las críticas a su gestión e intentan controlar y manipular cualquier información para dejar a salvo su pellejo, o mejor dicho, para que su sillón y su báculo de mando no corran peligro alguno y se mantengan eternamente en el poder. No es de extrañar en un país como el nuestro, donde la actuación de los representantes de los poderes públicos les identifica más como hijos de la Dictadura y nietos de la Inquisición, que ideólogos de principios y valores de un Estado Democrático Constitucional de Derecho.

De lo contrario, no se estaría presionando constantemente desde la Moncloa a directivos de La Sexta televisión y de Cuatro para que algunos de sus programas no sean tan críticos con el Gobierno y, concretamente, la mira telescópica apunta directamente a programas como 'El Intermedio' que presenta el Gran Wyoming, a 'Salvados' de Jordi Évole o a ciertas tertulias que no agradan a Rajoy.

Ejemplos en el bando de los medios de comunicación afines al Ejecutivo y al PP los tenemos en televisiones autonómicas como las de Madrid, la desaparecida de Valencia o la de Castilla la Mancha. Es un insulto a los ciudadanos manchegos que este último medio y en el día en que se ha imputado a Ángel Acebes en la trama Gürtel y al ex alcalde de Toledo (del PP) por presunto cobro de comisiones ilegales a la empresa adjudicataria del servicio de limpieza (cuyos fondos fueron destinados presuntamente a financiar la campaña electoral del PP de Cospedal en las elecciones autonómicas de 2007), no le haya dedicado más de 20 segundos a la información y, desde luego, no fue noticia de portada en el informativo ni en otros programas de tertulia política del canal autonómico.

Tampoco se libran de críticas sobre dudosa imparcialidad y objetividad los medios públicos de gobiernos autonómicos del PSOE. Así, Canal Sur (televisión autonómica andaluza) también ha sido censurado de ser un medio manipulado por la Junta de Andalucía. El recurso al 'y tú más' es un ejercicio ruin que a menudo practican los políticos de uno y otro signo ideológico.

Por el contrario, en países con una larga tradición democrática (Reino Unido, por ejemplo) los medios públicos respetan escrupulosamente los principios de objetividad, imparcialidad e independencia y los ciudadanos reciben libremente información veraz sobre lo que ocurre en la vida cotidiana. En su 'Decálogo de valores editoriales' se especifica que la BBC (televisión pública del Reino Unido) es "independiente tanto del Estado como de los intereses de partido. Nuestra audiencia puede tener la seguridad de que nuestras decisiones no se verán influidas por personas, políticos o comerciales ni por ningún interés personal".

Es normal (y la manipulación informativa y lo que escuece al poder la libertad de expresión son dos granitos de arena más) que los ciudadanos estemos hartos de tanto desencanto, de tanta corrupción y de tanto caciquismo (también en los medios de comunicación controlados por el poder político). Luego hablan de regeneración democrática y de transparencia, cuando ni siquiera tienen la dignidad de renunciar a sus puestos, cargos públicos e incluso de militancia política si un juez declara indicios racionales de criminalidad contra ellos. ¡Vaya marca España que estamos vendiendo!