La Academia Valenciana de la Lengua ha sido amenazada por la consejera autonómica María José Català con quedarse sin presupuesto el año que viene si no modifica su definición del idioma valenciano: "Lengua románica" que hablada fuera de la Comunidad Valenciana "recibe el nombre de catalán".
Los 21 académicos de la ?al parecer? prescindible institución, corren el riesgo de quedarse sin el pan y la sal en esta dura época de crisis y paros varios. No entiendo, pues, por qué se meten en estos berenjenales: lo cómodo hubiese sido preguntar al Gobierno regional qué definición quería o, mejor aún, que fueran sus funcionarios quienes redactasen el diccionario completo, con sus notas de pie de página incluidas.
Esta consideración no es baladí, pues ya hace años, un predecesor de Català en la Consejería de Educación, Font de Mora, irrumpió en un pleno de la Academia para impedir que adoptase una resolución que no agradaba a Paco Camps.
Todos estos líos son, precisamente, los que quiso evitar el entonces presidente autonómico Eduardo Zaplana cuando se instituyó la Academia en 2001 tras acordarlo con el líder socialista, Joan Ignasi Pla. Después de muchos años de enfrentamientos ?no sólo doctrinales? entre unionistas y secesionistas del valenciano y el catalán, la idea fue encerrar en un mismo espacio a académicos de las dos tendencias, remunerarles con largueza y por un largo periodo, y arrojar la llave al río para que discutiesen entre ellos y así la sociedad se mantuviese al margen y en paz.
Eso ha funcionado, más o menos bien, hasta que la Academia ha comenzado a dar frutos y redactar su diccionario. La ha liado. Está visto que en este país, en el que los políticos mangonean desde el Tribunal de Cuentas hasta el Constitucional, también quieren manipular las Academias, para dictar a su gusto desde la ciencia hasta la gramática.
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