La Marca España

De todas las miserias políticas y/o judiciales que he leído últimamente, quizás, la más bochornosa, a mi juício, haya sido la referente a las andanzas mañaneras de un magistrado del Tribunal Constitucional llamado Enrique López. ¿Se acuerdan? Este señor fué detenido por la policía el día 2 de junio a las 7.30 horas en plena Castellana conduciendo una moto, sin casco, habiéndose saltado algunos semáforos en rojo y con una tasa de alcoholemia cuatro veces superior al máximo legal permitido. Según atestado manifestaba signos evidentes de ebriedad tales como: ojos enrojecidos, habla repetitiva y rostro congestionado. A consecuencia de tal conducta, el Sr. Magistrado del Tribunal Constitucional es imputado por un delito, no infracción administrativa, contra la seguridad vial propia del artículo 379,2 del Código penal que contempla una pena privativa de libertad de tres a seis meses o de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso con la privación del permiso de conducción de uno a cuatro años. ¿Saben del final de esta penosa historia? El señor Magistrado del Tribunal Constitucional presenta su dimisión "irrevocable" al día siguiente (coreada como "ejemplar y honrosa" por algunos medios). El Presidente del alto tribunal Pérez de los Cobos se la acepta y firma su cese ignorando lo previsto en el artículo 17.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que dice: "... los Magistrados del TC continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles". De esta manera extinguido el aforamiento el señor López evita ser juzgado por el Tribunal Supremo y sí, en cambio, por un juez ordinario. En concreto, por el titular del Juzgado nº 31 de Madrid. Juez que dicta el 11 de junio en sentencia de conformidad, un fallo harto benévolo y comprensivo con las debilidades humanas de sus superiores: multa de cuatro meses a razón de doce euros diarios (1.440 euros) y ocho meses de retirada del carnet de conducir. Sigue el culebrón. El 17 de junio, catorce días después de los hechos, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, presidida por Carlos Lesmes, acuerda, tras solicitud del interesado, el reingreso "automático" del ex Magistrado del Tribunal Constitucional en la Sala Penal de la Audiencia Nacional al no observarse: "impedimento legal" alguno. Una historia, en suma, chapucera, maliciosa y corporativa. Una historia impropia de un Estado de Derecho. ¿Qué credibilidad puede tener este señor impartiendo justicia penal en la Audiencia Nacional? ¿Qué credibilidad pueden tener los señores que le amparan? Veamos: Enrique López asiduo colaborador de FAES, la fundación del PP, estrecho amigo de Trillo, Michavila y Gallardón. Colocado con forceps, después de seis años de lucha y en solitario, por el PP en el Tribunal Constitucional. Pérez de los Cobos ocultó al Senado su afiliación al PP entre los años 2008 y 2011, con ocasión del debate, en esa cámara, de su candidatura a la presidencia. Carlos Lesmes, asimismo, asiduo colaborador de FAES y entre otras lindezas ferviente defensor (¡como fiscal¡) del indulto que el Ministro de Justicia, Sr. Gallardón, concedió al kamikaze de Valencia. Por cierto, indulto solicitado por el hijo abogado del Sr. Ministro, José Gallardón. El mismo que en la madrugada del día 15 de Junio se diera a la fuga (quizás para evitar que le hicieran la prueba de la alcoholemia) después de provocar un accidente (denuncia mediante) en la calle madrileña de Almagro y se refugiara, a renglón seguido, en el garaje de la casa de su papá. ¿Y qué dijo, al respecto, el Sr.Gallardón?: "Los asuntos de familia se tratan en familia". Y luego se molestan si les llaman "casta".