Un episodio más de corrupción

La verdad es que desde que el Rey anunció la abdicación a la Corona y el Gobierno y Parlamento han paralizado sus funciones generales para dedicar todos sus arsenales a la preparación, elaboración y aprobación de la Ley de Abdicación que desarrolla el artículo 57.5 de la Constitución, las informaciones sobre corrupción ya no causan tanto impacto sobre la ciudadanía. Es muy triste, porque parece que cada día que pasa nos vamos inmunizando ante tanta podredumbre.

Una de esas noticias que causan pavor y sobre la que no he visto ninguna reacción en los medios de comunicación ni en las redes sociales, es la que publicó un diario nacional en relación al Tribunal de Cuentas, ese supremo órgano constitucional encargado de fiscalizar las cuentas del Estado, Partidos Políticos y Administraciones, así como sancionarlos en caso de desviaciones de dinero público, conforme a lo establecido en el artículo 136 de la Carta Magna.

Los Consejeros del Tribunal de Cuentas son elegidos por las Cortes Generales y, en consecuencia, se los reparten los partidos políticos, como los miembros del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial.

Según la referida información periodística, el Tribunal de Cuentas modificará los jurados examinadores que seleccionan a sus trabajadores, que son funcionarios: altos cargos, letrados, auditores e informáticos. Además de que éstos perciben unos salarios un 30 % superiores a los de otros funcionarios de organismos equivalentes, es un nicho para colocar a familiares y amigos. En algunos supuestos, el nepotismo es alarmante. Así, el vicepresidente de la institución y presidente de la sección de Fiscalización, la más importante, tiene a cuatro familiares en el Tribunal: su esposa, dos hermanos y un pariente de su mujer. Otros, como la esposa de Federico Trillo o un hermano de Aznar, son ejemplos poco edificantes de trabajadores que forman parte de la plantilla.

Es normal que los ciudadanos desconfíen de la independencia e imparcialidad en las actuaciones de consejeros, asesores o auditores del Tribunal de Cuentas del Reino cuando tienen que investigar presuntas irregularidades de Administraciones o Partidos Políticos que son los que les han designado. Es comprensible, por tanto y desde una perspectiva partidista no investigadora y objetiva, que ante las presuntas irregularidades en la contabilidad del PP, el presidente Rajoy se pavonee diciendo que la contabilidad del PP está correcta porque ha superado el "filtro" fiscalizador del Tribunal de Cuentas.

Actuaciones de este calibre generan inseguridad jurídica e indefensión en los ciudadanos. De lo contrario ¿cómo se puede explicar que haya políticos presuntamente implicados en turbios asuntos contables que el Tribunal de Cuentas no investiga y, en cambio, cuando a cualquier particular se le olvida incluir ingresos en la declaración de la Renta de las Personas Físicas, es sancionado sin piedad por parte de la Agencia Tributaria?

Este tipo de corruptelas provoca el desapego y la indiferencia del pueblo soberano hacia los gobernantes y los partidos políticos y, como consecuencia, la promoción (en las confrontaciones electorales) de formaciones políticas que predican honradez, condenan a los corruptos, se bajan sus sueldos y gestionan con objetividad los intereses generales de los ciudadanos.