Monarquía y democracia

La abdicación del Rey es, hasta el momento, la última pieza del puzzle de la crisis social que padecemos en España y que tiene lugar, curiosamente, después de los resultados de las elecciones al parlamento europeo, que rompe el bipartidismo en España.

Sabemos que nuestra Carta Magna es un texto muy digno compuesto por una parte dogmática (título preliminar y título I) que nada tiene que envidiar a las constituciones de los países más avanzados del mundo (con una óptima regulación de los principios y valores del Estado de Derecho y de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos) y por una parte orgánica (títulos II al X y final) que, en algunos de sus postulados, se pisotean los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Es el caso de la regulación de la Monarquía, concretamente en lo relativo a la "Sucesión en la Corona" del artículo 57, con reminiscencias anacrónicas y contrarias a los principios del Estado de Derecho (la prevalencia de varón sobre la mujer vulnera el artículo 14 de la Constitución y donde se prevé que si el sucesor a la Corona contrae matrimonio contra la expresa prohibición del Rey, será excluido en la sucesión, contrario claramente, entre otros, a la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y al libre desarrollo de la personalidad recogidos en el artículo 10).

Pues bien, desde que el Rey ha anunciado su abdicación a la Corona, el Gobierno ha elaborado el proyecto de ley orgánica y el Parlamento lo tramitará y lo aprobará. El divorcio entre clase política y ciudadanía es cada vez más palpable. Por un lado, el Gobierno y el Parlamento (controlado por un bipartidismo excluyente) trasladan a la opinión pública que la continuidad de la Monarquía Parlamentaria como forma política de Estado, es incuestionable, dado que es respaldada por el 90 % de las Cámaras Legislativas. Por otro, la ciudadanía demanda la auténtica democracia, es decir, que sea consultada en las decisiones políticas de especial trascendencia. No olvidemos que somos los ciudadanos quienes tejemos los jirones de la convivencia y tenemos que reconocer que, actualmente, el 90 % del Parlamento no es equiparable a lo que piensa el 90 % de los españoles.

Por tal motivo y aprovechando la abdicación del Rey, considero que sería el momento ideal para actualizar nuestro marco jurídico y político convocando un referéndum, como establece el artículo 92 de la CE, para consultar al pueblo soberano cuál es la forma política del Estado que prefiere (Monarquía Parlamentaria o República) y posteriormente proceder a la reforma constitucional. Si el pueblo apoya la República, se debería actuar en consecuencia y si la opción sigue siendo la Monarquía, el futuro monarca, Felipe VI, estaría más legitimado aún para asumir la Jefatura del Estado y, probablemente, saldríamos de la inercia histórica que nos sigue manteniendo tan divididos a los españoles. En cualquier caso, aunque la opción fuera la Monarquía habría que reformar la Carta Magna, porque la actual regulación constitucional de la sucesión es decimonónica.

Si queremos que la democracia sea real y participativa, el poder político debe potenciar que el hombre se manifieste sobre lo que realmente quiere, conserve su capacidad crítica y si no está de acuerdo, no se refugie en lo que opine y dice la mayoría. Esa libertad individual es la mejor garantía de la democracia. De lo contrario, y como dejó plasmado brillantemente el psicólogo alemán Erich Fromm en "el miedo a la libertad", cuando el hombre moderno se refugia entre las masas para no sentirse desplazado ni inseguro aceptando resignadamente cualquier ideología, pierde su libertad y la capacidad de luchar contra las desigualdades y la tiranía.