Justicia Universal

Estoy a favor de la justicia universal, estoy a favor que los delitos de lesa humanidad sean perseguidos y castigados en todos los rincones del mundo, como hacen ya más de quince países en el planeta, pero dicho lo cual estoy absolutamente en contra de la postura de determinados jueces, sobre todo de la Audiencia Nacional que no sólo critican abierta y públicamente la reforma de dicha Ley, sino que alguno manifiesta que no la cumplirá y otros que es inconstitucional, como es el caso del juez Andreu que la califica de chapuza; ¿se imaginan una crítica similar a cualquiera de sus sentencia? Peor aún es el caso del juez José Ricardo de Prada que pide "plantar al Gobierno y seguir aplicando la justicia universal", es increíble que un juez que debe exigir el cumplimiento de la Ley manifieste que no se cumpla y que se siga haciendo lo que a él le venga en gana. No entiendo nada.

Debemos recordar en insistir que la voluntad del pueblo está depositada en el Parlamento a través de las urnas y que es este poder legislativo, elegido por el pueblo el que promulga las leyes y que es el Poder Judicial, precisamente, el garante de que esas leyes se cumplan, sin excusa alguna, pues hay que respetar la voluntad del Parlamento y del Gobierno que, en definitiva, es respetar la voluntad de la mayoría del pueblo manifestada en las urnas. Como ciudadanos pueden criticar lo que consideren oportuno, como jueces tienen que cumplir y hacer cumplir la Ley, gobierne la derecha, la izquierda o el vecino del tercero. Si les repugna en conciencia la aplicación de una Ley determinada, pueden inhibirse e incluso dejar la carrera judicial, se inscriben en un partido político afín a su ideología e intentan desde la política entrar en el Poder Legislativo y cambiar las leyes, las que sean, pues son los políticos, nos gusten o no, y nos gustan poco, los únicos que son elegidos por el pueblo y por tanto los únicos legitimados para promulgar leyes desde las Cámaras, que son de obligado cumplimiento para todos, incluso para los disientes.

En España solamente se someten a la voluntad popular el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, poder que dimana del pueblo, pero el Poder Judicial es adquirido por medio de unos estudios y una oposición, poco bagaje para considerarse representantes de la voluntad popular. Reitero que pueden, como ciudadanos, criticar las normas que no les gusten, pero hacerlo desde la judicatura es una falta de lealtad para las Cámaras y para el pueblo que las ha elegido; obsérvese que cuando se critican sus sentencias se rasgan las vestiduras y exigen respeto para los jueces, aunque haya sentencias de dudoso respeto, como aquella que absolvió a un presunto violador porque la mujer llevaba pantalones vaqueros y así resultaba imposible realizar la violación, o porque la víctima no ejerció una resistencia mayor al presunto delincuente; y eso que las sentencias pueden ser recurridas y a veces cambiadas, es decir la Ley es interpretable y son los jueces quiénes la interpretan, pero jamás los jueces podrán no aplicarla por razones de conciencia o de ideología mientras ejerzan como jueces, y mucho menos por razones políticas.

Tal vez deberíamos pensar si no sería conveniente que determinados jueces de determinadas audiencias fueran elegidos por sufragio universal y así, elegidos por los ciudadanos, ejercerían el poder en nombre del pueblo porque hoy, a pesar de lo que se dice, parece que desearan ejercer el poder en su propio nombre. En un estado de derecho es el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo los garantes de la democracia que se manifiesta a través de las normas aprobadas y promulgadas por las Cámaras que constituyen el Poder Legislativo, por ello, y que la separación de dichos poderes es lo mejor para la democracia, respétense mutuamente y acátense las decisiones que a cada cual, en el marco de su competencia les corresponde.

Por otra parte, gobernar es tomar decisiones barajando todas y cada una de las posibilidades y consecuencias que los actos de gobierno implican, y sí, efectivamente es verdad que el cambio de la Ley se ha hecho a petición de China, pero hay que recordar que China tiene el veinte por ciento de la deuda soberana y que por ello, pudiera ser muchísimo más el daño producido por sus gobernantes a un estado en una profunda crisis económica, que el beneficio obtenido por el procesamiento de unos supuestos genocidas, y eso es gobernar. Si lo hacen mal serán castigados en las urnas y podrán cambiar esas leyes quienes le sustituyan, pero mientras estén en vigor, los jueces tienen la obligación de acatarlas. Otros estados pueden ejercer esa competencia, pero no lo hacen, y nosotros seguimos siendo los eternos Quijotes que deseamos salvar al mundo. Sería bueno tener un poquito de Sancho y ser un poco más pragmáticos y recordar que en España hay una crisis, aunque los jueces prácticamente no la sufran, y que en este país hay cerca de cinco millones de parados que, supongo, desean se invierta en España, se creen empresas y puestos de trabajos, siendo para ellos lo más importante en estos momentos.