La oposición tumba al equipo de Gobierno en las alegaciones del Reglamento del cementerio

La ruptura del pacto PP-UPS de hace mes y medio ya tiene consecuencias inmediatas en el Ayuntamiento de Vitigudino, aunque menos de lo que algunos creían o suponían tras los acuerdos adoptados en el pleno celebrado este miércoles 30 de abril.

Los cinco concejales del PP no fueron suficientes para desestimar las alegaciones presentadas por varios vecinos respecto a la modificación del Reglamento del cementerio introducida en 2013 y la modificación de la Tasa reguladora de precios por concesión de sepulturas.

La unión de los seis concejales en la oposición, 3 PSOE, 2 UPS y 1 Independiente, logró rechazar la propuesta de la Alcaldía para que fueran desestimadas las alegaciones, según los informes jurídicos de Secretaría y de la Diputación Provincial, por haber sido presentadas fuera de plazo.

Aún así, en ningún caso el rechazo a que fueran desestimadas significa que las alegaciones deban ser admitidas, pues el texto de la propuesta no refleja tal posibilidad, por lo que todo indica que el acuerdo quedará en el limbo de las actas municipales, especialmente porque seguidamente se aprobó un nuevo punto en el sentido que demandaban los vecinos respecto a la modificación del Reglamento, no así de la Ordenanza de la tasa, que quedará para un siguiente capítulo.

La enmienda introducida a la propuesta presentada por el PSOE en el pleno anterior, pero de acuerdo con los vecinos y resto de grupos políticos en la oposición, UPS e Independiente respecto a la Modificación del Reglamento y que recogía las demandas vecinales, se quedó a medio camino.

El PP se abstuvo, y tras la aprobación inicial de este miércoles, la modificación al Reglamento deberá pasar el proceso de información pública tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia durante el periodo de un mes, tiempo abierto a la presentación de alegaciones. Su aprobación definitiva, en el mejor de los casos, sería en el mes de julio, aunque si se presentan alegaciones su entrada en vigor podría demorarse de forma indefinida. Hasta entonces, por lo tanto, se aplicará el Reglamento actual.

Pequeña batalla a favor de la oposición

El acuerdo de hoy tiene como principales beneficiados a todos aquellos vecinos que no han procedido a la renovación de sus contratos a perpetuidad, pues los que ya han abonado la renovación de 30 años lo tienen aún muy difícil para que les sea devuelto el dinero.

La renovación de sepulturas llevada a cabo en este tiempo por el Ayuntamiento es un acto administrativo más que se ha realizado bajo las normas jurídicas que han regido la Administración local hasta este momento, y la propuesta aprobada este miércoles por los grupos en la oposición no señala que se declaren nulos los actos administrativos anteriores, entre otras cosas porque tendría que demostrar que se realizaron de manera ilegal, cuestión que solo podrá ser demostrada en el Juzgado.

Lo ocurrido hasta aquí ha sido una pequeña batalla que la oposición y vecinos afectados han librado a su favor, pero muy lejos de que haya sido la definitiva. Ahora, además de la modificación de la Ordenanza que regula los precios de las sepulturas, queda pendiente un nuevo acuerdo plenario por el que se determine la devolución del dinero abonado a los que decidieron renovar los contratos de sepulturas antes de esta última modificación del Reglamento.

Lo aprobado en esta propuesta se ciñe a la posibilidad de la cotitularidad en los contratos de concesiones y a que se reconozcan por 99 años, a partir de la entrada en vigor del Reglamento en el año 2001, las concesiones a perpetuidad expedidas anteriormente a esa fecha, pero en ningún momento se aborda el futuro de los que realizaron las renovaciones como un acto administrativo más ejecutado por el Ayuntamiento en el periodo de vigencia de la anterior norma.

Tensión en la sala

Y estos fueron los puntos de interés para los vecinos que llenaron el salón de plenos, por algún momento tenso tras la intervención en reproches hacia el equipo de Gobierno. Aunque finalmente no se materializó, el alcalde ordenó desalojar la sala a alguno de los presentes, incluso advirtió de la posibilidad de suspender el pleno si el público continuaba interrumpiendo a los concejales. Finalmente no sucedió.

El punto que mayor crispación levantó fue la resolución de las alegaciones presentadas por los vecinos. El portavoz del PSOE, Francisco Javier Zudaíre, calificó de "penoso" que tuvieran que llegar al pleno, y acusó al equipo de Gobierno de haberse "aprovechado de la buena fe de los vecinos". Asimismo, recordó el "afán recaudatorio" de la medida y recordó otros como la subida del agua o las sanciones en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana.

Por su parte, el alcalde, Julio Santiago, hizo un llamamiento a la responsabilidad de los concejales, y recordó que la decisión del equipo de Gobierno estaba sustentada en informes jurídicos, por lo que advirtió a los ediles de un posible delito de prevaricación si optaban por el voto contrario a la propuesta de Alcaldía, aunque a tenor del resultado, sus palabras no amedrentaron a la oposición.

También el portavoz de UPS, Antolín Alonso, atacó al alcalde, en esta ocasión apelando a los "sentimientos de la gente", a la vez que recordó que todos aquellos con responsabilidades en este Ayuntamiento en algún momento cometieron "irregularidades, sin querer", argumento con el que pedía al PP que cambiase su sentido del voto, para concluir acusando al alcalde de "reírse de los sentimientos".

Ante esta "agresión personal", Julio Santiago calificó de "poco noble" la actitud del portavoz de UPS, y para concluir acusó al PSOE de mantener una actitud "electoralista".

También en este pleno se informó del seguimiento del plan de ajuste y ajustes presupuestarios, además, se procedió al sorteo de los miembros que compondrán las mesas electorales con motivo de la celebración de las Elecciones Europeas.