La ley que creó las televisiones autonómicas en 1983 no preveía que iban a costar al contribuyente varios miles de millones de euros, como así ha sido. Su modesto objetivo era aumentar la pluralidad en un país donde sólo existían dos canales estatales de TV y, sobre todo, propiciar la emisión en lenguas vernáculas distintas del castellano allá donde se hablaran.
Ya ven que ese propósito queda lejos de la hemorragia económica a que ha llevado el que España sea el país del mundo con más televisiones públicas (y más caras).
La paradoja es que justo en la época de su instauración se privatizaban o cerraban medio centenar de medios de comunicación escritos pertenecientes al Estado.
Otro absurdo no menos notorio: si era lógica la creación de teles en euskera, catalán o gallego, ¿por qué habrían de abrirse otras en castellano en el resto de España? ¿Y por qué, sobre todo, hacerlo después de la eclosión de canales privados, algunos de los cuales han acabado por cerrarse?
La única explicación de todo ello es la conveniencia de unos políticos que han usado las televisiones autonómicas en beneficio propio y de sus servidores y paniaguados.
El cierre de Canal Nou supone, al parecer, un punto de inflexión en esa sangría económica aunque acabe siendo bandera de un nuevo combate político entre los que están en el poder y quienes aspiran a sucederles.
Eso no tiene nada que ver con la condición de servicio público que proclaman los defensores de ese faraónico modelo.
La televisión sólo es pública si no da los eventos deportivos, culebrones, concursos y películas que emiten los canales privados. Eso sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, donde, claro, la PBS tiene una modesta audiencia del 2% debido a esa apuesta por la diferenciación y la calidad.
Para mantener el monumental tinglado de nuestras televisiones autonómicas tampoco es válido el argumento de la especificidad territorial y la cobertura informativa de acontecimientos locales. Eso podría solventarse como en Alemania, donde un solo canal federal, la ZDF, tiene tres horas diarias de desconexiones para que los distintos landër del país den su propia programación diferenciada.
Esa sí que sería una televisión autonómica sostenible y no el gigantesco fraude para los contribuyentes en que se han convertido nuestras TV públicas.