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JOH

Actualizado 24/03/2021
Manuel Alcántara

Hay países sobre los que el grado de desconocimiento en el nuestro es más alto que el habitual. Poco importa que su población sea significativa y que existan vínculos de diferente naturaleza. La cuestión es que no se habla de ellos, que su existencia pareciera estar envuelta en el misterio. Honduras es uno de ellos. Nada importa que tenga más de nueve millones de habitantes y que España sea, después de Estrados Unidos, el segundo país de emigración -hay unos cien mil hondureños en nuestro país, cifra que se ha multiplicado por tres en la última década y por cincuenta en las dos últimas décadas, viviendo más de la mitad en Cataluña-. Un país que, además, siempre ha sido prioritario como objetivo de la cooperación al desarrollo española puesto que dentro de los latinoamericanos es el que tiene la tasa de pobreza más alta (59,3%) (la de extrema pobreza afecta al 39,7% de su población) siendo su índice de desigualdad uno de los más altos de la región.

No obstante, para la ciencia política es un caso de estudio interesante pues es el epítome del estado fallido. Esa figura que a veces se usa de forma retórica, pero que en ocasiones tiene su trasvase en la realidad y que se ancla en el pasado bajo la expresión de república bananera. Honduras lo fue cuando las empresas fruteras norteamericanas se cebaron en el país y hoy camina hacia un narco estado donde el índice de criminalidad lo sitúa como el quinto peor país del mundo y los relativos a la percepción de corrupción y de calidad de la democracia lo colocan siempre entre los cuatro peores de América Latina. A ello los últimos meses se ha unido la devastación producida por dos feroces huracanas y por el impacto de la pandemia sobre su precario sistema sanitario. Además, las remesas de los emigrantes se han constreñido dramáticamente por ser población empleada en los sectores de la economía que más han sufrido los confinamientos.

Todo esto no es una cuestión ajena al quehacer de los líderes. El actual presidente hondureño, Juan Orlando Hernández (JOH), que ha tenido la habilidad de pasar desapercibido ante la opinión pública mundial, manipuló las instituciones para poderse presentar a las elecciones de 2017 cuando la Constitución se lo impedía y después alteró los resultados electorales como numerosos estudios e informes señalaron. JOH se encuentra en una delicada situación tras la condena a su hermano Tony por narcotráfico y la declaración ahora ante un juzgado federal norteamericano del narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga de haberle entregado 225.000 dólares a cambio de protección. El testimonio se ha llevado a cabo en el seno de un juicio contra otro narco, Geovanny Fuentes Ramírez, donde JOH aparece involucrado con el cartel de Los Cachiros. Mientras tanto, los partidos, que monopolizan el sistema político, han celebrado elecciones primarias con muy baja participación para determinar las candidaturas en los comicios de noviembre que indudablemente deberán posicionarse frente a JOH y su proceloso futuro.

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