Ciudad Rodrigo al día

Vindicaciones históricas por la independencia diocesana y episcopal civitatense

Esperemos que el silencio, la inacción que aparentemente se ha querido imponer, quede finalmente en una anécdota del devenir histórico

Llegada de Yurramendi a Ciudad Rodrigo en 1946 | Foto Pazos

El Ilustrísimo Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo no cumpliría con los deseos de sus comitentes, si dejase de llamar la atención de Vuestra Majestad [Isabel II], acerca de los males que está experimentando la Diócesis por falta del nombramiento del reverendo obispo que hace nueve años está sufriendo. Enumerarlos y encarecerlos sería tarea difícil, pero no pueden ocultarse a la alta e ilustrada penetración de Vuestra Majestad (…) Sería un día de júbilo para esta población aquel en que viesen entrar por sus puertas al mortal dichoso que había sido nombrado su pastor, pues que sobre tener a quién acudir en sus tribulaciones, encontrarían la tranquilidad en sus conciencias y la satisfacción de poder recibir el sacramento de la confirmación, de que hoy carecen casi todos los niños de la edad de diez años. Por estas consideraciones, Señora, no duda esta municipalidad acercarse al trono de Vuestra Majestad en tan justa demanda, sin añadir los títulos que tiene vuestra ciudad, siempre leal, porque confía que sus quejas hallarán acogida en el maternal corazón de Vuestra Majestad que tantas pruebas tiene dadas por el bienestar de los españoles; por tanto, suplica reverentemente a Vuestra Majestad se digne nombrar obispo para esta diócesis, en lo que añadirá un título más, porque su memoria quede eterna en el corazón de los moradores de este obispado.

Casas Consistoriales de Ciudad Rodrigo, 12 de enero de 1850

Ciudad Rodrigo, con su Tierra en la proyección diocesana, revive tiempos procelosos. No es nueva, evidentemente, la situación que ahora con cierto grado y perspectiva nos embarga: tememos, por enésima vez, que la jerarquía eclesiástica haya sopesado, y por lo tanto planteado y medido, dar el finiquito en diferido al obispado civitatense, inicialmente –como apuntan distintos mentideros- colocando a un prelado bicéfalo, radicado en Salamanca, para gobernar dos demarcaciones diocesanas. Un primer paso que nadie pone en duda que tendría visos de continuar por otros derroteros. Porque si la experiencia es un grado, aquí, en esta materia, estamos sobrados de ella: no sería la primera vez que esas circunstancias hayan tenido sus consecuencias y se haya tomado una decisión que se resolvía, simplemente, con el descabezamiento de facto de la pirámide eclesial por acción u omisión, casi siempre, al menos en los últimos tiempos, por un movimiento del titular mitrado que llevaría aparejado un posterior ninguneo –llamémoslo menosprecio- para evitar reconvertir el estamento eclesiástico diocesano a su statu quo. No obstante, la mayor evidencia de peligro de desaparición de la Diócesis de Ciudad Rodrigo se ha vinculado objetivamente a la ejecución de la letra de distintos acuerdos, verbigracia el Concordato de 1851 que apuntalaba la anexión de la demarcación eclesiástica civitatense a la salmanticense y que, en esencia, obvió las reivindicaciones conjuntas previas de distintas instituciones diocesanas –con el consistorio y el cabildo al frente-, acompañadas de las firmas de relevantes vecinos y representantes públicos del territorio eclesial, como se pone de manifiesto en la cita y entradilla de este escrito y pueden cotejarse en distintos archivos históricos.

La Diócesis de Ciudad Rodrigo ha vivido bastantes momentos críticos, aunque siempre, con un denodado trabajo y esfuerzo reivindicativo, ha conseguido salir airosa aunando y sumando fuerzas procedentes de todos los ámbitos que se pronunciaron en defensa de un estamento ligado históricamente a la ciudad, a su fundación y a su devenir secular. Y en primera línea siempre estuvo el estamento religioso, aunque ahora cause cierta sorpresa –sobre todo en estos tiempos un tanto tormentosos por acciones y actuaciones de difícil encaje-, una institución que oportunamente elevó la voz en defensa de la demarcación diocesana y su propia cabeza visible, identificada con un obispo propio, exclusivo y con fehaciente cercanía a sus administrados, traducida en una efectiva convivencia residencial.

Si referencial fue el movimiento reivindicativo previo al Concordato de 1851, con una movilización global que partió de la base y encontró respuesta en estamentos superiores, significativo fue también el posicionamiento protagonizado, por ejemplo,  por don Narciso Martínez Izquierdo, obispo de Salamanca, en quien en última instancia dependía la administración eclesiástica de Ciudad Rodrigo fruto del interregno episcopal civitatense motivado por la aplicación del citado acuerdo entre la Iglesia y el Estado. Martínez Izquierdo no dudó un momento en apoyar al clero diocesano y al ayuntamiento mirobrigense en la reivindicación de un administrador apostólico propio, siguiendo de alguna manera el informe histórico que en 1857 elaboró una comisión eclesiástica motivando la continuidad de la diócesis civitatense con una cabeza visible, pero propia. Suyas son estas frases extraídas de un escrito que firmó en abril de 1883 y que incidían en la tesis reivindicativa: “Es un pensamiento muy basado en justicia y de conveniencia indispensable para la Iglesia y el Estado. Una diócesis que después de las últimas agregaciones cuenta con noventa y tres parroquias, casi todas grandes, y catorce anejas, bien merece obispo propio y ofrece vasto campo para ejercitar su celo pastoral, mucho más que siendo fronteriza y aumentándose la comunicación con Portugal por las nuevas vías que se abren, necesita presentarse bien administrada ante los pueblos del reino vecino, que en lo religioso se han perdido el hábito de comunicarse con España…”

Sin duda, como apuntan distintas fuentes, esta idea y este posicionamiento facilitaron que poco tiempo después, en 1884, Alfonso XII promulgara la orden que atendía las reivindicaciones señaladas y que “indudablemente han de resultar en bien de la Iglesia y de los habitantes de la ciudad y diócesis”. Además, la orden significaba y aparejaba el compromiso pecuniario del cabildo y del ayuntamiento para contribuir a los gastos mayores que originaría el nombramiento de un administrador apostólico: el estamento religioso aportaría 2.500 pesetas y el consistorio destinaría 1.500 pesetas, ambas cantidades con carácter anual, aportación que se mantendría durante los dos primeros años de la administración del prelado postulado, en este caso don José Tomás de Mazarrasa, para completar hasta las 10.000 pesetas necesarias entonces para el mantenimiento episcopal y que se debían recibir como congrua, según estipulaciones de la Nunciatura, un compromiso vigente hasta que finalmente, según comunicó en abril de 1886 el diputado a Cortes don Luis Sánchez-Arjona –actor relevante en esos momentos en la recuperación de la cabeza de la mitra civitatense- “la nómina completa para el administrador apostólico de Ciudad Rodrigo entraría en el proyecto de presupuestos –del Estado- para el año siguiente”.

La llegada de Mazarrasa a la diócesis de Ciudad Rodrigo supuso un respiro y una independencia fehaciente de la administración del obispado de Salamanca. Una de las primeras medidas adoptadas por el administrador apostólico civitatense fue la decisión de contar con un órgano de expresión propio que supondría la publicación del Boletín eclesiástico del obispado de Ciudad Rodrigo, desgajándose del de Salamanca según comunicación del 26 de mayo de 1885: “Habiendo llegado ya a la capital diocesana y encargándose personalmente de aquella jurisdicción el ilustrísimo Sr. Dr. D. Tomás de Mazarrasa, Obispo de Filippopolis y Administrador Apostólico de Ciudad Rodrigo, ha convenido con nuestro Excmo. Prelado, que el presente número del Boletín sea el último para ambos Obispados, debiendo en lo sucesivo tener cada uno distinta publicación oficial”. Una decisión que todavía prevalece.

Una independencia que, más allá de este hecho significado, quedó manifestada de forma palmaria en el sumario del primer número del Boletín: “Independencia de la Diócesis de Ciudad Rodrigo por la creación de un Administrador Apostólico con carácter episcopal”, después de estar vacante y suprimido el obispado desde 1843 y regido por gobernadores eclesiásticos hasta que en 1867 la Santa Sede determinó que el prelado salmanticense se encargase, como administrador apostólico, de la diócesis civitatense.


Pero la designación de Mazarrasa como administrador apostólico no espantó totalmente el fantasma de la desaparición de Ciudad Rodrigo como demarcación diocesana,  tal y como escribió el vicario general civitatense, don Nicolás Martín Matías, en 1998 en su discurso de ingreso como miembro numerario del Centro de Estudios Mirobrigenses y cuyo denodado trabajo influyó, creo que decisivamente, en el nombramiento episcopal de 2003 que recaería en don Atilano Rodríguez como prelado civitatense. En su discurso recoge algunas reflexiones y frases de Mazarrasa en 1897: “Una y otra vez vuelven a pedir los fieles que Ciudad Rodrigo, como las demás diócesis de España, tenga su independencia y su obispo, como lo reclaman la gloria de Dios, la salvación de las almas y la prosperidad de los pueblos. ¿Con qué justicia y equidad será privada de ello la diócesis de Ciudad Rodrigo, siendo evidente que es más digna que otras muchas?”, resaltando su importancia eclesiástica, poblacional y superficial. Un razonamiento que utilizaría más tarde, en 1935, el presbítero don Mateo Hernández Vegas al abordar en su historia este periodo crítico y otros que sufrió la diócesis civitatense a lo largo de los tiempos.

Esta inquietud por la posible desaparición de la demarcación eclesiástica de Ciudad Rodrigo seguiría vigente durante bastantes años, abarcando desde finales del siglo XIX y adentrándose con generosidad en la centuria siguiente, cuando se temía que finalmente se ejecutase lo determinado en el Concordato de 1851, tan lesivo para los intereses civitatenses. Por eso, cuando el cabildo tuvo conocimiento  en mayo de 1941 –a finales de año se iniciaría otro período crítico tras la muerte del prelado don Manuel López Arana- de que había movimientos en la Santa Sede sobre el futuro de las diócesis españolas, noticias que llegaron de la familia Foxá –Agustín había sido diplomático agregado en la Embajada de España en Roma- y que alertaban “…de que se trataba de las Diócesis de España y Concordato y creía que era ocasión de gestionar la conservación de la Diócesis…”. Una información que sirvió de acicate para retomar los movimientos en defensa de la demarcación eclesiástica y que fue transmitida a distintas instancias, entre ellas, como no podía ser menos en ese momento, al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.

Las gestiones se activaron en defensa de la diócesis civitatense. Se veía una oportunidad que no era despreciable y se contaba con contactos que podrían influir, entre ellos el conde de Montarco, a la sazón secretario particular del ministro de Asuntos Exteriores –Ramón Serrano Súñer-, quien remitió un telegrama al ayuntamiento mirobrigense “prometiendo y asegurando que elevaría la Diócesis de Ciudad Rodrigo a sufragánea”, comprometiéndose a activar en lo posible esa resolución.

Las noticias que se iban sucediendo fueron consideradas halagüeñas, pero pasaba el tiempo sin concreciones de interés para el futuro diocesano y, por ende, de la mitra civitatense. Las gestiones fueron acentuándose en los meses y años siguientes, recabando apoyos y compromisos tras una ingente labor diplomática en la que se aunaron quienes tenían capacidad de influencia desde el ámbito local, provincial e incluso nacional. Y llegaron los primeros frutos: en la reunión del alcalde y el vicario con el ministro de Justicia, Fernández Cuesta, este les espetó que “la Diócesis ha estado en peligro. Hoy ya no hay que temer…”, aunque surgirían algunas divergencias sobre si debía ser preferente la elevación de la diócesis al nombramiento de obispo. El criterio del Gobierno fue lo segundo, designándose al poco tiempo -1946- como prelado civitatense al guipuzcoano don Máximo Yurramendi, supeditándose la elevación de la diócesis a la definición de un nuevo e inminente concordato, aunque la tozuda realidad y la desconfianza acumulada por distintos reveses invitaban a continuar con las gestiones que finalmente tuvieron su fruto el 20 de diciembre de 1949, generando la noticia una “grandiosa manifestación de entusiasmo” que irradió a todos los ámbitos de la sociedad diocesana que vería cómo, tras haber sido preconizado obispo don Jesús Enciso y Viana el 12 de octubre de 1949, llegando a la sede civitatense el 4 de junio de 1950. En su primera alocución el nuevo prelado compartió la alegría de su nombramiento por todo lo que suponía para Ciudad Rodrigo y su diócesis tras épocas críticas que hicieron temer por su continuidad; agradeció a Dios haber dispuesto que “fuera yo el primer obispo propio de Ciudad Rodrigo y comenzase así una nueva dinastía episcopal”.

Las procelosas aguas diocesanas calmarían su agitación durante varias décadas, no sin tibios temores de volver a las andadas derivados de los cambios obligados por distintas causas y motivos. El penúltimo se generó con el traslado de don Julián López al obispado de León, generando un interregno en el que afloraron las dudas sobre la continuidad de la Diócesis de Ciudad Rodrigo. Afortunadamente, una llamativa movilización institucional y ciudadana se embarcó en una ingente labor reivindicativa por el mantenimiento de la diócesis civitatense, pero con un objetivo meridianamente claro e irrenunciable: contar con un obispo propio, exclusivo y residencial.

En ese espejo histórico, nutrido con un grado de compromiso incuestionable desde todos los ámbitos institucionales y ciudadanos, con una ingente labor difusora y mediática –como ocurrió entre 2002 y 2003 cuando se sufrió por la continuidad de la sucesión episcopal y de la propia esencia diocesana-, deberíamos mirarnos ahora que asistimos nuevamente a las mismas tribulaciones que embargaron a nuestros antepasados y que nosotros mismos hemos padecido. Pero existe y es palpable, aunque quizá no se esté viendo aquel esplendor reivindicativo, aquella movilización de otrora en estos tiempos, tan azarosos por otra parte en estos momentos como derivación de la situación que está marcando nuestra particular existencia, traducida en la propia esencia y consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo y que, por los lógicos imperativos y la necesaria responsabilidad individual y colectiva, limita nuestros propios movimientos, básicamente nuestras relaciones sociales y por extensión parte de nuestros cauces de expresión.

Cierto es que tal vez no se palpen, que no se aprecien en la intensidad deseada aquellas movilizaciones, caso de las últimas de este siglo. Pero es constatable que tampoco hay resignación ante el determinismo que quiere abrazarnos y las voces van superando con creces a la sugerida mordaza. Porque no es de recibo que desde la cabeza visible diocesana se pida silencio y que no aparezca con contundencia, ni siquiera se aparente el movimiento reivindicativo de apenas hace dos décadas protagonizado por el estamento eclesiástico. No creo que haya quintacolumnistas en este comportamiento, pero a veces la duda surge cuando falta comunicación y transparencia en las gestiones, que sin duda las ha habido y las habrá; cuando el compromiso se tiñe de apariencia y la desazón que pudiera generarse se quiere aplacar con los designios del paso del tiempo, pero también con el conformismo secular ciudadano que ha llevado a la mengua progresiva de servicios que en su día florecieron en esta tierra y que por distintas acciones y omisiones –silencios- irremisiblemente se han ido perdiendo.

Esperemos que el silencio, la inacción que aparentemente se ha querido imponer, quede finalmente en una anécdota del devenir histórico diocesano. Aunque algo se nos muestra de forma palmaria en el presente: se han querido cambiar las reglas del juego con ciertos posicionamientos y estrategias con un fin determinado, con una pauta temporal establecida y con la argucia del paso de tiempo como la gran aliada. Algo que no se puede, que no podemos permitir por el bien general, por el futuro de esta tierra tan vaciada en población y servicios –tal vez al revés, uno consecuencia de lo otro- que afronta un nuevo episodio que puede derivar en su supervivencia, en donde la Iglesia todavía tiene mucho que decir… y hacer.