Justicia e historia: una relación conflictiva

Una sentencia reciente del Tribunal Supremo declara que “la búsqueda de la verdad es una pretensión tan legítima como necesaria”, pero añade que no corresponde a la justicia su satisfacción, sino al Estado, mediante otros organismos y profesiones, especialmente la de los historiadores. “El derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal y sólo tangencialmente puede ser satisfecho”. El TS responde así en última instancia a la Asociación Soriana “Recuerdo y dignidad” (ASRD),  que pedía abrir una investigación judicial sobre el hallazgo de restos de siete personas en una fosa común de la Guerra civil  sita en Cobertelada (Soria). Al menos, el TS reconoce que el derecho a saber la verdad sobre las circunstancias de un crimen es razonable, aunque limita a eso el alcance de la demanda y cierra el expediente sin aclarar nada.

Pero no se trata de saber, o no solo. En 1983 un libro pionero de Gregorio Herrero y Antonio Hernández sobre la represión franquista en la provincia de Soria avanzaba ya los hechos esenciales del caso: el 25 de agosto de 1936 fueron asesinados cuatro maestros de pueblo, “un catedrático cuyo nombre no se recuerda (…) y un mendigo”. Todos ellos fueron sacados de la cárcel de Almazán (Soria) y tiroteados “como si fuera una cacería,  uno a uno”, en el paraje de Los Tomillares, cerca de una cuneta. Gracias a su investigación, la ASRD –modélica en su rigor y tenacidad– ha puesto nombres a cinco de ellos, aunque en la fosa hay restos de otras dos víctimas no identificadas, una más de las esperadas. La fosa es recordada ahora como la de “los maestros” y ello indica la especial inquina que el fascismo español tenía contra los docentes que simpatizaban con los valores republicanos y la libertad de enseñanza. La ASRD es la que ha completado una investigación que hubiera debido llevar a cabo el Estado –los tribunales, más exactamente– y la que solicitaba, partiendo de los datos obtenidos, una actuación judicial que, una vez más, se niega. (Aprovecho la ocasión, también una vez más, para recordar que en el juzgado de guardia de Salamanca, años atrás se negaron incluso a registrar un escrito donde el que suscribe daba cuenta del hallazgo de restos de tres individuos en una fosa común exhumada en La Orbada. Ante mi insistencia, el escrito fue registrado, pero jamás tuvo contestación. Se da la circunstancia que la normativa vigente [un protocolo de actuación del Ministerio de la Presidencia] exige dar cuenta de ese tipo de hallazgos a la autoridad judicial, algo que probablemente el juez de guardia desconocía).

Sea como sea, resulta que el TS considera impropio pedirle peras al olmo: no se puede esperar que un tribunal investigue y explique la historia. El problema –el vergonzoso problema– es que tampoco se le pueden pedir peras al peral, esto es, justicia a un tribunal. El TS repite su doctrina anterior y descarta cualquier vía para investigar los crímenes del franquismo, por más que ello sea una afrenta para los familiares de las víctimas, una deficiencia, una más, de la democracia española y un desprecio de los tratados de justicia internacional que España ha suscrito y su constitución recoge en el artículo 10.

 Ahora bien, por otro lado, se da el caso de que dos juzgados españoles tienen abiertas sendas causas contra dos historiadores precisamente por investigar y dar a conocer esa verdad que el TS reconoce como un derecho ciudadano. Un juez de Jerez de la Frontera lleva adelante un expediente contra Juan Ríos Carratalá por señalar en un libro de historia al alférez Antonio Baena Tocón como participante en el consejo de guerra que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández (pena luego conmutada por cadena perpetua). Más recientemente, el historiador Fernando Mikelarena ha sido demandado por publicar que el líder carlista Jaime del Burgo era jefe de requetés cuándo se produjo una de las mayores matanzas de republicanos en Navarra durante la guerra. No son los únicos casos. Hace años Francisco Espinosa pudo escribir todo un libro con episodios semejantes. (Matar al mensajero. Península, 2009). En ellos, el derecho a la investigación y a la libertad de expresión se vieron cuestionados por quienes –por motivos familiares o de otro tipo– ponen el “derecho al honor” de los verdugos sobre el de sus víctimas e intentan eliminar los rastros documentales que impliquen a sus antepasados en graves violaciones de derechos humanos. Para ello recurren a los tribunales con el propósito de amedrentar y, si es posible, castigar a historiadores o periodistas que se atrevan a exponer la historia documentada. Y si bien algunos casos los jueces han dado la razón a estos, incluso en el TS, este es el momento en que no se ha logrado asentar una jurisprudencia que impida ataques a la libertad de expresión y de investigación.

Si se me ha seguido, se verá que estamos ante un círculo vicioso: la justicia española no se digna actuar en casos de violaciones de derechos humanos de la dictadura franquista, pero también considera aceptable, admitiendo a trámite en algún caso, que se intente frenar la investigación y publicación de una historia que los saque a la luz.

(Foto: Fosa de Cobertelada, en Soria. ASRD)