Sábado, 6 de junio de 2020
Las Arribes al día

Ayuntamientos del Bajo Tormes y varias organizaciones denuncian el desmantelamiento de la Atención Primaria durante el confinamiento

La medida aplicada desvela cómo quedaría la atención sanitaria en los núcleos rurales más pequeños de llevarse a cabo la reforma de la Consejería de Sanidad

Los consultorios permanecen cerrados desde el 16 de marzo y en los centros tampoco se realizan consultas salvo casos muy concretos

A raíz de decretarse el estado de alarma, la Junta de Castilla y León procedió al cierre de los consultorios locales desde el 16 de marzo y a concentrar al personal sanitario en los centros de salud comarcales, limitando la atención a las consultas telefónicas, la firma de recetas y las urgencias críticas. En el caso de los pueblos del Bajo Tormes, la organización comunitaria ha evitado los desplazamientos con el consiguiente riesgo que suponen para la población (Monleras, Sardón de los Frailes, El Manzano y Villaseco de los Reyes).

Así, los ayuntamientos del Bajo Tormes y las organizaciones Adecasal, Escuelas Campesinas de Salamanca y Asdecoba consideran que “el motivo de la centralización del personal sanitario era, supuestamente, concentrar los esfuerzos en el control de la pandemia y, quizás también, minimizar el riesgo de contagios eliminando la atención presencial”, y entienden que “en un primer momento de emergencia y desconcierto se adoptara una medida tan restrictiva. Pero han transcurrido más de seis semanas y todo sigue igual”, por lo que denuncian que “lo provisional se ha convertido en norma”.

Para los ayuntamientos del Bajo Tormes y estas organizaciones, “la situación, prorrogada en el tiempo, ha llevado en la práctica a un estado de desmantelamiento de la Atención Primaria en las zonas rurales: la atención que requieren los pacientes crónicos se precariza; las citas con las distintas especialidades médicas se demoran y las esperas se alargan; la prevención y promoción de la salud comunitaria, que sería una tarea esencial en este momento, se descartan; el proyecto de atención a personas mayores se resiente; los problemas de ansiedad, depresión y salud mental, derivados de un confinamiento prolongado y restrictivo, se ignoran; los certificados médicos, que podrían aliviar algunas situaciones críticas, no se expiden. Se extiende una sensación de lejanía de los sanitarios que mina la confianza de la gente, sobre todo de las personas mayores, y repercute en su salud”.

En la zona de Ledesma, según los datos oficiales que son de dominio público, apenas ha tenido incidencia el coronavirus. Y, si se detecta algún caso, el protocolo estipula que los enfermos permanezcan aislados en su casa, y que, solo si la situación se agrava, serían derivados al hospital en Salamanca. Ninguna persona con síntomas de coronavirus pasaría, en principio, por el centro de salud comarcal.

Ante esta situación se preguntan “¿qué sentido tiene que el personal sanitario permanezca durante su jornada laboral en el centro de salud comarcal, donde tampoco existen consultas, salvo en caso de urgencia? ¿No sería más razonable que médicos y enfermeros se desplazaran hasta los pueblos, reactivando el servicio de atención directa y de prevención comunitaria para cuidar la de la población? ¿Hasta cuándo se va a alargar esta situación de anomalía y precariedad en la atención primaria? ¿No es la atención sanitaria un servicio esencial que deba estar prestándose con normalidad?”.

Con todo, “lo que nos preocupa sobremanera es el futuro de la Sanidad en las zonas rurales. En cierto modo, esta situación de excepcionalidad nos está deparando un anticipo, que resulta revelador, de algunos de los puntos más controvertidos del modelo de reestructuración de la Atención Primaria en los territorios rurales que la Junta de Castilla y León pretende llevar a cabo, tales como el cierre de los consultorios locales, la atención telemática y el alejamiento del médico y enfermero de los pueblos. Justamente lo que hemos experimentado de manera cruda y real en este tiempo de emergencia sanitaria”.

Para estos ayuntamientos y organizaciones, “la Sanidad es un derecho social básico y en su planificación hay que contar necesariamente con la participación de los ayuntamientos, las organizaciones sociales y la población afectada. Como representantes de los ciudadanos, exigimos que se reabran los cauces de participación para aportar y hacer valer nuestras propuestas en orden a replantear el modelo de Sanidad pública que se necesita en este tiempo de coronavirus que si algo reclama, es una apuesta por el reforzamiento de los servicios públicos esenciales. Nos encontrarán siempre unidos en la defensa de los derechos sociales que hoy tiene más sentido que nunca defender”.