El coronavirus también afecta a los derechos humanos

Jesús Piñuela

Defensor de los Derechos Humanos

 

La primera vez que oímos hablar del coronavirus nos sonó como algo lejano. Una especie de gripe que no iba a llegar muy lejos. Pero lo que parecía un brote pasajero, comenzó a propagarse, a abrir telediarios, a extenderse. A convertirse en un grave problema a nivel mundial.

 

Desde hace muchas semanas no se habla de otra cosa. Todo el mundo es consciente de que la prioridad máxima es controlar la pandemia y evitar escenarios que nadie quiere imaginar. La respuesta a una pandemia tiene el potencial de afectar a los derechos humanos de millones de personas. Primero, y ante todo, está el derecho a la salud, pero también hay otros derechos en juego. Por ello, desde Amnistía Internacional se han realizado propuestas para evitar que esta crisis sea una justificación para recortar algunos derechos humanos, esencialmente aquellos que afectan a los grupos más vulnerables.

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado una emergencia de salud pública de importancia internacional por el brote del coronavirus (2019-nCov). A finales de diciembre de 2019, los médicos de Wuhan compartieron con colegas sus temores sobre pacientes con síntomas parecidos al brote del síndrome respiratorio agudo grave (SRAG) que comenzó en el sur de China en 2002. Las autoridades locales los silenciaron de inmediato y los castigaron por “difundir rumores”.

 

El derecho a la salud, tal como lo garantiza la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece el derecho a acceder a atención médica, el derecho a acceder a información, la prohibición de la discriminación en la prestación de servicios médicos, la libertad para no recibir tratamiento médico no consentido y otras garantías importantes. Los medios de comunicación locales han informado de que la gente no puede acudir rápidamente a los hospitales porque se ha cerrado el transporte público y, en algunos casos, no puede retirar los cadáveres de las personas fallecidas de sus hogares. En este punto, no debemos olvidar las dificultades que está atravesando nuestro país como consecuencia de los recortes en la sanidad pública llevados a cabo desde hace años.

 

El gobierno chino también ha atacado a gente que ha tratado de compartir información sobre el coronavirus en las redes sociales. Por ejemplo, el destacado abogado y profesional del periodismo ciudadano Chen Qiushi denunció acoso de las autoridades después de publicar imágenes de hospitales en Wuhan.

 

También se han dado casos de discriminación y xenofobia. La gente de Wuhan —incluso la que no tiene síntomas— ha sido rechazada de hoteles, se ha encontrado bloqueada en sus propios apartamentos y ha visto cómo sus datos personales se filtraban online en China, según la información publicada en los medios de comunicación. En España se han producido, también, situaciones lamentables de xenofobia hacia ciudadanos de origen chino.

 

En respuesta al virus, muchos países han cerrado sus puertas a quienes viajan desde China u otros países asiáticos, mientras que otros han impuesto estrictas medidas de cuarentena. Dichas medidas se han extendido en la Unión Europea. Amnistía Internacional considera que las cuarentenas, que restringen el derecho a la libertad de circulación, sólo pueden estar justificadas en virtud del derecho internacional si son proporcionadas, tendrán límites temporales, se deben imponer con fines legítimos, serán estrictamente necesarias y se aplicarán de forma no discriminatoria.

 

Otras medidas como el cierre de escuelas infantiles, colegios y universidades, la interrupción del comercio o los viajes internacionales, la suspensión de actividades culturales y deportivas, el aislamiento o cuarentena de lugares y otras medidas orientadas a combatir la expansión del COVID-19 deben ser de duración limitada, y sujetas a revisión periódica. Deben ser legítimas y necesarias.

 

Es en este momento cuando la cooperación internacional y la solidaridad son cruciales. Todos los países que pueden responder deberán hacerlo lo más rápido posible, respetando los derechos humanos, y teniendo en cuenta las necesidades particulares de los grupos más marginados y vulnerables de la sociedad.