Domingo, 25 de agosto de 2019

Encrucijada

El aluvión electoral del 26M, con comicios en tres niveles de complejidad y significación política distinta, con un solo proceso en el europeo, 12 en el autonómico y 8.131 en el municipal, comporta serias dificultades de interpretación. A la dinámica diferenciada de cada caso se une el efecto sombra que ejerce el resultado de las elecciones generales del mes anterior. Además, el hecho de que el comportamiento electoral sea una dimensión substantiva de la democracia que se complementa con la conformación de gobiernos en cada instancia, supone un añadido en la complejidad del escenario. Ante ello hay cinco aspectos para reflexionar.

La participación electoral se ha mantenido en el ámbito municipal en su promedio histórico rondando los 2/3 del censo. Lo cual trae consigo que España tenga un índice de participación en la cita europea de los más altos de los restantes estados miembro.

El procés, azuzado mediáticamente por la simultaneidad con el juicio a los líderes independentistas habiendo sido alguno de ellos elegido para el parlamento español, ha evidenciado la estable polarización del electorado catalán. El independentismo mantiene un apoyo del 49% y, en su división, ERC aventaja al PdeCat, aunque su líder huido, Carles Puigdemont, recibió 987.149 votos en su candidatura al Parlamento Europeo (única en la que la papeleta incluyó la foto de quien encabezaba la lista de candidatos -como ocurrió con Pablo Iglesias en 2014-).

El sistema de partidos consolida su nivel de alta fragmentación iniciado en 2014. Sin embargo, los dos partidos tradicionales mayoritarios, PSOE y PP, recuperan entre ambos a la mitad del electorado (53%) alejándose además de quienes en un momento amenazaron con superarlos: Podemos y Ciudadanos (22 y 8 puntos porcentuales respectivamente). Vox, quinto partido con implantación estatal, ubicado en la extrema derecha, goza del 6,2% de apoyo. Luego están las fuerzas asentadas en diferentes circunscripciones con fuerza también desigual. La fragmentación partidista obliga a intensificar acuerdos que aseguren la gobernabilidad de municipios y de comunidades autónomas. Vigo o Extremadura con gobiernos monocolores fruto de mayorías absolutas son ya una rareza.

Buena parte de los independentistas catalanes y Vox son los dos grandes colectivos anti sistema que hoy tiene la política española en términos de poner en jaque al entramado institucional existente. Ello tiene consecuencias relevantes en lo atinente a su incorporación a coaliciones de gobierno. Mientras que la situación del ayuntamiento de Barcelona afecta a los primeros, la del madrileño y los de 18 capitales de provincia, así como de tres Comunidades Autónomas, están sometidas al segundo.

Por último, hace cinco años el señuelo de la nueva política creyó adueñarse de la esfera pública española. Hoy las aguas parecen volver a su cauce, aunque su propio dinamismo suponga que pocas cosas sean igual a las de antes. Los dilemas, por otra parte, son recurrentes como sucede con la aceptación de la primacía de la lista más votada o asumir pactos cuya geometría se extienda por igual a todos los lugares. La gran encrucijada se asienta primordialmente sobre el nacionalismo identitario.