Irrespeto de los Derechos Humanos en el sistema penitenciario del Ecuador

Juan Pablo Cabrera Izquierdo

Activista por los Derechos Humanos

El sistema penitenciario de un estado es una herramienta fundamental para que un país mantenga en orden la seguridad pública y el estado de derecho. Sin embargo, la situación que los nacionales o extranjeros de un país determinado viven dentro de los llamados centros de detención o rehabilitación, más conocidos como cárceles, pueden llegar a ser un buen referente del cumplimiento y comprometimiento de los valores jurídicos de la constitución y las leyes. Incluso los niveles de manejo generalizado del sistema penitenciario pueden llegar a ser también un relevante indicador de respeto de los derechos humanos en un país en concreto.

En base a lo dicho anteriormente y a fuentes como Amnistía Internacional u otras organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación nacionales privados y públicos, así como también fuentes oficiales del Estado ecuatoriano, se ha logrado evidenciar que como tantos otros países de la región latinoamericana, los problemas dentro de las prisiones son un tema de suma importancia para los estados a día de hoy. La República del Ecuador puede servir como ejemplo para dar cuenta de ciertas cuestiones al respecto.

El Ecuador tiene aproximadamente una población de 16 millones de habitantes y cerca de 37 mil ciudadanos se encuentran privados de libertad, cumpliendo condenas o en espera de ser sentenciados, en diferentes cárceles de todo el territorio ecuatoriano. De los 37 mil, alrededor de 3 mil personas son extranjeros provenientes principalmente de Colombia, Perú, Venezuela y México. Estos cuentan con las mismas garantías jurídicas que los nacionales así como también cuentan con las mismas oportunidades de rehabilitación social habilitadas para todos y que aparecen descritas en el segundo capítulo de derechos y garantías de las personas privadas de libertad.

No obstante, entre los problemas que este país de Sudamérica afronta está el hacinamiento penitenciario. La exministra de Justicia del Ecuador, Rosana Alvarado, señaló que el hacinamiento estaría rondando el 37.9% para inicios del 2018, siendo uno de los más bajos en la región solo superado por Chile, Uruguay y Argentina. Naturalmente, menor al porcentaje alarmante de Perú con el 180% y Bolivia del 230%.

La seguridad interna de los planteles y las graves violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades nacionales de la Policía Nacional del Ecuador han sido en realidad lo más resonado en los recientes años. En relación a esto, se acumulan crímenes y faltas graves de los reglamentos internos de los establecimientos, conteniendo actos de tortura, negligencia, corrupción administrativa y falta de capacitación en los temas de mujeres embarazadas, gente de la tercera edad privada de libertad o indígenas, entre otros grupos de posible vulnerabilidad.

Ejemplos hay muchos, pero podríamos destacar el fallecimiento en el presente año 2018 de un ciudadano, cuya familia prefiere mantenerse en el anonimato por temor al Estado, que falleció tras estar una semana y media preso en el Centro de Detención Provisional (CDP) del El Inca, en Quito. Murió porque, a pesar de estar acreditado médicamente con una condición cardiaca aguda por hipertensión, sus custodios impidieron el ingreso de sus medicamentos. A sus 57 años, Pablo Arturo Suárez falleció por un infarto en el hospital público. Su detención se dio en cumplimiento de un apremio ordenado en un juicio de alimentos y su caso ha demostrado el desconocimiento de las autoridades al momento de tratar con casos especiales.

Procesos aún más graves que han salido a la luz demuestran los fallos más críticos del sistema penitenciario del Ecuador. En Cuenca, mayo de 2016, según la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), bajo una supuesta autorización previa del Director del Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Sur -Turi-, un grupo de aproximadamente 80 efectivos policiales realizaron un operativo de requisa sin supervisión del Director o de un Fiscal. Sacaron a todos los internos de sus celdas y les ordenaron colocarse boca abajo con las manos en la nuca. Los agentes caminaron sobre ellos, pisándoles la espalda y las coyunturas y uno que otro más desafortunado recibió golpes de toletes (porras) y patadas. Para evitar la intervención de los internos de los pabellones anexos se dispararon bombas lacrimógenas. Luego obligaron a los internos a desnudarse, a realizar sapitos, a colocarse en cuatro e introdujeron los toletes (porras) en los anos de los internos. Además, les pasaron descargas eléctricas en la piel desnuda, les rociaron con gas lacrimógeno y varios fueron golpeados severamente.

Ecuador sigue y seguirá teniendo fallos en su adaptación al régimen de derechos humanos regional e internacional y, como ha dicho Mónica Vera Puebla, defensora de los derechos humanos y Presidenta de INREDH Ecuador, el modelo penitenciario que se construyó en Ecuador en el año 2011 y se implementó en el 2013 quería supuestamente instaurar una tendencia garantista de derechos. Sin embargo, la prioridad principal fue la construcción de edificaciones con una mirada de panóptico, con la intención de disminuir los índices de hacinamiento y peligrosidad con la que se vivía en los anteriores centros de privación de libertad, ubicados en las principales ciudades del país, asunto que evidentemente no penetró directamente al núcleo del problema penitenciario sino que solo corrigió ciertos parámetros secundarios de acondicionamiento carcelario.

Sin duda, el Ecuador ha realizado grandes avances jurídicos e infraestructurales otorgándoles a los reclusos el derecho a trabajar y cumplir su condena en instalaciones donde los servicios básicos, la seguridad y la recreación sean garantizados. Empero, muchos de los logros del Estado ecuatoriano se han visto opacados con chocantes casos de tortura y negligencia que dejan mucho que desear del sistema penitenciario del país ecuatorial. De cara al futuro, no queda más que corregir las fallas y hacer justicia por los crímenes suscitados que podrían existir debido a la falta de capacitación y conocimiento de las autoridades policiales sobre el modelo penitenciario orientado al respeto y la promoción de derechos humanos, recogidos incluso por la misma constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos.