Jueves, 16 de agosto de 2018
Ciudad Rodrigo al día

La memoria de los “desterrados” republicanos en el SO de Salamanca: Ciudad Rodrigo (III)

Quedaban en la desmemoria la mayor parte de los solteros e incluso de los casados y viudos mayores y sin hijos

El devenir de las familias de represaliados mirobrigenses, o de otras localidades, con posterioridad a los hechos solamente ofrece datos contrastados en los expedientes tramitados a raíz del Decreto ley 35/1978 (BOE, nº 276, 16 de noviembre) sobre la concesión de pensiones a los familiares de fallecidos “como consecuencia de la guerra 1936-1939”, la Ley 5/1979, de 18 de septiembre (BOE, 28 de septiembre) “sobre reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social en favor de las viudas, hijos y demás familiares” y el Real Decreto 2635/1979,  sobre la aplicación de la ley anterior (BOE, 19 de noviembre). En este último texto se especificaba la documentación acreditativa para la concesión de las pensiones de viudedad, en favor de los hijos incapacitados, en favor de hijas o viudas, y de los padres. La mayoría de los expedientes presentados por vecinos (casi siempre vecinas) de Ciudad Rodrigo se tramitaron en 1979 conforme al Decreto ley 35/1978. Las solicitudes se enviaban al Director General de Política Interior. Después del Decreto ley 5/1979, la tramitación de los citados expedientes era incumbencia de la Delegación de Hacienda, según la circular nº 80 del Gobierno Civil de Salamanca. Esta documentación, al menos en parte se halla en el Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo (Exp. Viudas y Huérfanos). De su consulta se deduce que, a consecuencia de esta legislación y como se viene repitiendo, quedaban en la desmemoria la mayor parte de los solteros e incluso de los casados y viudos mayores y sin hijos; los padres de las víctimas mortales habrían fallecido, por lo general. Por lo demás, estos expedientes no ofrecen información sobre otras categorías de castigos y de castigados, que no se contemplaban en dicha legislación. Las indemnizaciones por tiempo de prisión igual o superior a tres años sólo se tuvieron en cuenta a partir de los años noventa (Ley 4/1990).

Como se expuso en las “Croniquillas” (30/08/16), el necrologio de los gestores republicanos de la Corporación Municipal de Ciudad Rodrigo se completa con las sacas carcelarias hasta el final del otoño de 1936 y la ejecución al año siguiente de Ángel López Delgado en aplicación de la sentencia de un consejo de guerra (“Secuelas”, 07/09/2017). Tres de ellos fueron víctimas de un presunto traslado a Salamanca que, de hecho, se terminó en la dehesa de Aceñuelas, donde aparecieron sus cadáveres a las 5.30 horas del día 15 de septiembre: Victoriano Gómez Hernández, Santiago González de la Iglesia y Ángel Grimaldos Múgica (o Mújica), compañeros de detención y ejecución, primero interrogados en el Juicio sumarísimo 265/936, sin duda a causa de sus presuntas responsabilidades en la defensa del orden republicano (lo que para los militares rebeldes era un “delito de rebelión”), y después ingresados en la prisión del partido judicial el día 1º de agosto de 1936 (AMCR, Desaparecidos). Victoriano Gómez, natural de Fuenteguinaldo, además de concejal y gestor de la Diputación, debía de pertenecer a  las Juventudes Socialistas. Estaba casado, pero se ignora el nombre de su esposa y eventual descendencia, por lo cual resulta obvio que tampoco se conocen los avatares de su grupo de parentesco. Santiago González de la Iglesia, natural de Pereña de la Ribera, curtidor, presenta un perfil político y social análogo al de Victoriano, como gestor y presidente de la agrupación socialista. Era viudo, sin que haya constancia de eventual descendencia.  Menos noticias todavía se tienen de los avatares de la familia de Ángel Grimaldos Múgica, concejal y directivo de la Casa del Pueblo. Quizá ello se deba, en parte como en los otros casos, a las circunstancias de su naturaleza foránea (Madrid), su profesión (ferroviario) y su estado civil (soltero).

En la misma saca y en idénticas circunstancias fueron eliminados otros cuatro vecinos mirobrigenses, detenidos y sacados en las mismas fechas, pero sobre los cuales escasean también los datos contrastados de todos los componentes y el devenir de sus familiares. Marcelino Marcos Martín, natural de Salamanca, de 30 años, carpintero, estaba casado, pero no hay constancia de la identidad de su esposa y eventual descendencia. Desiderio Criado Barés, de 24 años, natural de Mogarraz, jornalero, pertenecía a la Juventud Socialista, y como tal asistió a las reuniones del Ayuntamiento los días 18 y 19 de julio de 1936, por lo cual fue llamado a declarar por el juez de instrucción Fausto Sánchez (J.sum.265/36). Estaba soltero, como Constantino Domínguez Guerra, de 24 años, albañil. Se desconoce el nombre de la esposa y eventual descendencia de tres casados: Félix Martín Moro, de 50 años, Segundo Lobato Plaza, de 55 años, natural de Pastores, y Eladio Pulido González (a) “el Ratón”, jornalero. Este último estaba casado con María Luz Calzada Hernández (portadora de los mismos apellidos que el jefe de Falange, Juan Agustín Calzada Hernández), que en 1980 residía en Ciudad Rodrigo, cuando solicitó la pensión de viudedad (AMCR, Exp. Viudas). En el expediente de Germán Repila Tetilla (P.sum.139/37) se da por desaparecido a Eladio Pulido, muerto, sin explicar la motivación y circunstancias. Según las declaraciones de algunos testigos de los sucesos en la primavera de 1936, incluidas en dicho expediente, se habría visto implicado en la agresión del derechista Modesto Hernández Villarroel el 5 de marzo, en la Calle del Sol, por alguien de un grupo de borrachos que eran conducidos por guardias de Seguridad a la Inspección. Entre ellos iban Germán Repila, Eladio Pulido y José López (a) “Garabayo”, que negarían haber sido los autores del palo que el derechista recibiera en la cabeza (f.47-51).

El desconocimiento del entorno familiar y el hermetismo del juzgado de instrucción del partido judicial no han permitido esclarecer el caso de algunos de los nueve excarcelados el día 23 de septiembre. Eran nueve detenidos que habían ingresado en la prisión del partido entre los días 24 y 31 de julio; una detención temprana que sin duda es indicio de peligrosidad en las perspectiva de los represores. Cinco de ellos reingresaron y fueron víctimas de las sacas de octubre (infra). Los otros cuatro, encarcelados entre el 24 y el 26 de julio, no volvieron a la cárcel y su destino posterior es incierto, sin que se deba excluir una ejecución clandestina (Iglesias 2016: 301, “Croniquillas”, 23/09/16): Isidoro Hernández Fonseca, Justino Román Hernández, Francisco Hernández Martín y José Manuel Sangalo Martín. El primero era natural de Gallegos de Argañán y los otros tres de Ciudad Rodrigo; pero la “Relación” de la cárcel no suele indicar otros datos personales o del entorno social del detenido. Así que, a día de hoy, estas personas forman parte de los “desterrados” de la memoria. No hay indicios de que alguien los recuerde. 

En la segunda saca carcelaria de octubre, el día 9, fueron ejecutados en la clandestinidad dos vecinos de Ciudad Rodrigo, con las dudas y lagunas que el método sembraba: Manuel Durán Sánchez y Antonio de Julián Sánchez, el primero detenido el 26 de julio y el segundo el 3 de agosto. No hay constancia del lugar de ejecución y enterramiento. Manuel sería obrero (jornalero) y  presumiblemente soltero. A falta de otra información, su ejecución está confirmada por el testimonio de un sobrino, Román Durán (ASMJ), lo cual, a la vez, prueba que su sacrificio ha permanecido en la memoria de la familia y que ésta ha seguido residiendo en la Ciudad al menos en parte. En cuanto a Antonio, en el listado de a ASMJ se registra con dos variantes en el segundo apellido, Marcos / Márquez, aunque parece evidente que se trata de la misma víctima (y no de dos). Antonio de Julián era natural de Córdoba, escribiente. Estaba casado con Isidora González Aranda, con quien tenía dos hijos. De éstos no se tienen noticias. Isidora residía en Ciudad Rodrigo cuando solicitó la pensión de viudedad (AMRC, Exp. Viudas).

 Los responsables y ejecutores, indudablemente, sabían hacer muy bien sus fechorías, no sólo en lo que atañe a la opacidad con que las realizaban para no dejar rastros, sino a que con ellas infundían tal miedo en los familiares, que éstos renunciaban a mantener vivo el recuerdo de sus víctimas, más allá del círculo íntimo. Fuera del mismo, nada podía impedir los rumores, que de poco servían. “Yo no he visto nada”, decía la dueña de la finca del Valle del Lagar (al iniciarse las labores de exhumación, impedidas al cabo de dos o tres días en el verano del año 2012), que sería el destino de una de las sacas más sonadas, la del 16 de octubre de 1916, por tratarse en ella de la “señora Gaona”, figura legendaria en la tradición mirobrigense (Iglesias 2016:  304-306, “Croniquillas”, 16/10/2016). Pero no hay constancia de que, a excepción de la familia de Ángel Sierro Mangas (infra), los familiares de los entonces ejecutados clandestinamente se hayan interesado, de un modo visible, por aquellas víctimas, ni siquiera los que hubieran tenido derecho a solicitar pensiones de viudedad, orfandad o paternidad.

En dicha operación macabra se vieron implicadas nueve personas, seis de las cuales eran vecinos de Ciudad Rodrigo, incluido Alfredo Miguel Plaza, que por entonces se salvó de la muerte, pero sería eliminado en la saca del 16 de diciembre de aquel año. Dos eran vecinos de pueblos aledaños, Graciliano Hernández Tomás (Gallegos de Argañán) y Antonio Hernández Rastrero (Casillas de Flores), ya evocados en el lugar oportuno (“Secuelas” del 23/03/2017 y del 24/04/2017). Queda la duda de la vecindad de Balbino Escalera Iglesias, natural de Villamiel (Cáceres), que podría estar asentado en Ciudad Rodrigo, y sobre cuya ejecución existen diversas teorías en lo que atañe a la fecha y lugar de enterramiento, sin apoyo de datos fehacientes. De los otros mirobrigenses se tiene muy escasa información contrastada sobre las circunstancias de la muerte, la memoria familiar y los avatares de los eventuales descendientes.

Por la “Relación” de la cárcel, se sabe que tres de estos vecinos, como los citados Balbino y Graciliano, habían sido detenidos por orden militar entre el 26 y el 31 de julio, por supuestamente “peligrosos”. Pablo Santos Sánchez, natural de Palma de Mallorca, era socialista, concejal; sin constancia de edad, filiación, profesión y estado civil, quizá soltero. Estuvo detenido tres veces por orden militar (27 de julio, 21 y 26 de septiembre) antes de la saca. Sus descendientes colaterales en Ciudad Rodrigo no han sabido aclarar otras circunstancias sobre su destino final. Otros sacados habían reingresado en el centro carcelario el día 26 de septiembre: Ángel Sierro Mangas (primer apellido Sierra en el listado de a ASMJ), de 25 años, jornalero. Según la ASMJ, el testimonio de su viuda (sin nombre) habría confirmado el fallecimiento en tal fecha: “murió el 16 de octubre de 1936” (AMCR, exp. 460, inf. DGS, que hasta ahora no se ha podido cotejar). Remigio Baz Martín sería soltero y presumiblemente sin descendencia. En el juzgado de instrucción del Regimiento de La Victoria le abrieron expediente en 1938, “por faltar a su incorporación” como recluta del reemplazo de 1928 y en 1939 seguía “en ignorado paradero” (Exp. CR/38). Remigio  había sido  uno de los emisarios de Ciudad Rodrigo encargados de transmitir las consignas de oposición al Alzamiento, en compañía de Manuel Mateo, que estuvo detenido tres veces en 1936 y fue procesado en 1939.  No se tiene constancia de que en 1979 o los años siguientes los padres de Remigio, José y Regina, solicitaran la pensión a que tuvieran derecho, quizá por fallecimiento o por no poder acreditar los motivos de la petición.

En esta saca fallecería Gertrudis Sánchez Montero (a) “Gaona” y quizá otra mujer, Clara Manchado Vieira, de quien no hay más datos que los que ofrece la “Relación” de la cárcel. Gertrudis, en cambio, es una referencia socorrida de la represión republicana local, pero, más que por hechos contrastados, precisamente por el casi exterminio de su familia, lo que, por un efecto perverso, habrá atraído sobre la misma la habitual culpabilización. Según información genérica (CR 2017), dos hijos de Gertrudis se libraron de la furia asesina de sus victimarios y, en consecuencia tiene descendientes que no se han alejado de Ciudad Rodrigo. La tradición local no señala los motivos explícitos por los que Gertrudis fue llevada al matadero del Valle del Lagar, viaje sin vuelta al que la habrían acompañado sus hijos Francisco y Esteban Vicente Sánchez, considerados activistas de izquierdas. Ya les había precedido en el sacrificio Juan Vicente Sánchez, otro hijo de Gertrudis (“Secuelas”, 07/09/2017). Existe alguna duda sobre la filiación de Francisco, que era ferroviario y estaba casado con María Collado, con quien tenía un hijo. Su esposa solicitaría la pensión de viuda en 1979, en cuyo expediente se indica que fue “ejecutado por su significación marxista y actividades contrarias al Glorioso Alzamiento”  (AMRC, Exp. Viudas y Huérfanos, ASMJ). En cambio, está claro que Esteban era de los izquierdistas que andaban a la gresca con los jóvenes fascistas mirobrigenses en la primavera de 1936, por lo que Agustín Calzada, jefe de Falange, llegó a ofrecer dinero a algún derechista para que lo matara (“Croniquillas”,16/10/2016).

Queda bastante por hacer para recuperar la memoria de todas estas personas.