La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fedampa) de Salamanca exige soluciones inmediatas ante la falta de personal, los recortes en el medio rural, las deficiencias en los comedores y el alarmante aumento de problemas de salud mental en las aulas
Coincidiendo con el proceso de admisión en los colegios salmantinos -las solicitudes finalizaron el día 8-, el presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fedampa) de Salamanca, Fernando Paricio, ha analizado la situación actual del sistema educativo en la provincia. A través de una radiografía que abarca desde las carencias en el entorno rural hasta la preocupante situación de la salud mental en las aulas o la deficiente gestión de servicios básicos como los comedores, Paricio ha expuesto las principales reivindicaciones de las familias frente a la administración autonómica de un sistema que considera "muy mal financiado" y repleto de desigualdades.
A pesar de las trabas administrativas, desde la federación mantienen una defensa férrea de la enseñanza pública. Paricio sostiene que es la opción de mayor calidad gracias a la preparación de su profesorado y a su carácter integrador. "Es para todos, no hace distinciones, es accesible y te enseña la realidad de las cosas", subraya el representante de las familias.
Sin embargo, la realidad diaria en los centros salmantinos dista mucho de ser la ideal. Las quejas de las asociaciones abarcan desde la falta de autonomía de los colegios hasta el abandono sistemático de las comarcas, pasando por una preocupante crisis de bienestar emocional entre los menores que los equipos docentes no pueden asumir en solitario.
El primer obstáculo que detectan las familias radica en las propias reglas del juego durante el periodo de admisión y matriculación. Fedampa denuncia que los centros concertados financiados con dinero público pueden destinar recursos a publicitarse, una opción vetada para los colegios públicos. "Si les sobra dinero para publicitarse, lo pueden destinar a dejar de recibir dinero público", argumenta Paricio.
Esta brecha se hace aún más evidente en la gestión de la educación de 0 a 3 años. Mientras los centros privados pueden ofertar sus plazas de forma autónoma para que sean concertadas, los colegios públicos dependen exclusivamente de las decisiones tomadas desde la Dirección Provincial o desde Valladolid. Tal como detalla Paricio, la financiación original que otorgó Europa y el Gobierno central iba destinada exclusivamente a la creación de plazas en centros públicos. Sin embargo, la Junta de Castilla y León ha destinado fondos propios para crear plazas en la concertada, limitando el crecimiento de la red pública pese a existir demanda real.
El medio rural salmantino sufre con especial virulencia los recortes educativos. "La concertada no existe, solo va donde es rentable", recuerda el presidente de Fedampa. Un ejemplo flagrante es la ausencia de Bachillerato en La Sierra, lo que obliga a los adolescentes a desplazarse diariamente a institutos de La Fuente de San Esteban, Guijuelo o vivir en residencias en la capital salmantina.
Las políticas de ahorro también afectan a las edades más tempranas. En Béjar, un centro público ha ofertado únicamente dos plazas para el ciclo de 3 a 4 años. Lo ideal, explican desde Fedampa, sería contar con tres grupos separados por edades (3-4, 4-5 y 5-6 años). Sin embargo, el objetivo de esta limitación, según denuncia la federación, es evitar la creación de un nuevo grupo y mantener a los menores en dos aulas que mezclan diferentes edades, ahorrando así la contratación de profesorado.
Los servicios complementarios acumulan quejas históricas que siguen sin resolverse. El servicio de comedor, basado en la línea fría procedente de Zaragoza, genera un profundo descontento por su baja calidad. Las quejas de las familias son habitualmente ignoradas o tachadas de "complot" por las empresas concesionarias.
La gestión de estos espacios en la provincia deja situaciones paradójicas:
El programa Releo Plus es otro de los focos de conflicto. Fedampa lo califica de "absolutamente injusto" porque la gratuidad depende del volumen de alumnos del centro y no de una política equitativa. En los colegios grandes, los bancos de libros están repletos, permitiendo que familias con rentas muy altas accedan a manuales gratuitos.
Por el contrario, en los centros más pequeños, superar el límite económico establecido, excluye automáticamente a las familias de las ayudas. "La educación tiene que ser gratuita en todo", reclaman desde la federación salmantina.
A las carencias docentes se suma un desmantelamiento de la estructura administrativa en los centros. Paricio ha denunciado una preocupante pérdida de trabajadores no docentes en la provincia tras el último concurso de traslados. "La inmensa mayoría de la plantilla de educación de aquí de Salamanca se ha largado", ha advertido el presidente de Fedampa.
Según ha explicado, la Junta de Castilla y León ha permitido que "vuelen todos los administrativos y auxiliares" en cuanto han tenido oportunidad. Esta fuga de personal agrava la carga burocrática de los equipos directivos y merma la capacidad de gestión diaria de los colegios e institutos públicos salmantinos.
Más allá de las infraestructuras, una de las mayores preocupaciones en la actualidad es el deterioro de la salud mental, agravado por problemas de acoso escolar o 'bullying' y discriminaciones. Según datos aportados por el jefe de Psiquiatría del Hospital de Salamanca durante una reciente charla divulgativa del formato The Conversation, los ingresos por autolesiones graves han pasado de ser esporádicos (uno o dos al mes) a registrarse prácticamente a diario.
Frente a esta emergencia, los recursos son "escasos y lamentables". La provincia cuenta con apenas ocho o nueve educadores sociales para atender a todos los centros. Las ratios elevadas impiden prestar la atención necesaria a los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) o al TDAH, y muchos de estos menores no logran el reconocimiento como Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE).
A esto se suma un profesorado envejecido -más de la mitad de la plantilla por encima de los 50 años- y una formación universitaria que no prepara a los nuevos docentes para las realidades clínicas y sociales que se encuentran al pisar el aula. El presidente de Fedampa es especialmente crítico con el Máster de Secundaria, señalando que enseña a cumplir mínimos burocráticos, como unidades didácticas o adaptaciones curriculares, pero que al llegar al aula los docentes descubren una realidad totalmente diferente para la que esa formación "no vale prácticamente para nada".
No obstante, Paricio ofrece un contrapunto esperanzador respecto al relevo generacional: destaca que los profesores más antiguos se van jubilando y está entrando un profesorado con un perfil "mucho más pedagógico, mucho más educativo, mucho más orientado a las capacidades y a las competencias" del alumnado.