La falta y carestía de vivienda saca a la gente a las calles para protestar. En mayo del 2023 decíamos en esta misma columna que la vivienda era un problema que no podía esperar y en abril del 2024, volvíamos a poner el dedo en la llaga diciendo que el problema de la vivienda se había convertido en un drama. Ahora añadimos que es un drama individual para muchos ciudadanos y también lo es colectivamente. El problema se intensifica.
El clamor y la indignación popular en las calles de Madrid y Barcelona de días pasados y el que se manifestará próximamente en otras ciudades, se ve reflejado en carteles y pancartas exigiendo una solución. “La vivienda es un derecho, no un negocio” rezaba en una de las pancartas de la manifestación que hubo en Madrid el domingo día 13. Cosa que contrasta con la concepción que de la vivienda tienen las élites poderosas que no suelen ver más que la parte económica, negocio. Quizás por ello, también los medios de comunicación tratan el asunto de la vivienda en su sección de economía, más que en la de sociedad.
Cualquier análisis serio que se haga en torno a la vivienda no puede obviar ni olvidar el conflicto de intereses y derechos. Es un escenario en el que se enfrentan los derechos humanos con un aspecto financiero de primera magnitud. Este último, lo financiero, no solo es importante para el desarrollo económico, también para favorecer y hacer realidad el primero, los derechos humanos. Pero el mercado de la vivienda no se puede mirar únicamente bajo el prisma del negocio, del beneficio, porque tiene un componente social y humano que es punto de partida y de llegada.
Además de esos parámetros universales, también se enfrentan dos derechos constitucionales: el derecho que todo ciudadano tiene a una vivienda digna y adecuada, con el derecho a la propiedad privada. Ambos consagrados en la Constitución de 1978 y difíciles de casar. Desde el liberalismo económico se dice que el mercado se regula solo, pero no siempre lo hace y algunas veces lo hace con mucha crueldad para el común de las personas, como es el caso de la vivienda.
El problema de la vivienda, puesto de manifiesto por la escasez y carestía de la misma, tanto en la versión de compra como en los alquileres, está partiendo a la sociedad debido a esa creciente, insostenible y persistente contradicción entre la función social de la vivienda como hogar y su función económica en cuanto que activo financiero.
La pésima situación actual de la vivienda es refrendada por los datos recientemente publicados por el Banco de España, quien considera “deseable” que las administraciones públicas intervengan en el mercado, para incrementar el parque de vivienda pública en alquiler a precios asequibles, incentivar la oferta por parte de los particulares, priorizar las ayudas a colectivos vulnerables y abordar otros ámbitos que afectan indirectamente, como es el mercado de trabajo y la explosión del turismo.
El alza de los precios en el mercado de la vivienda y especialmente el alquiler, está golpeando duramente a los inquilinos con ingresos más bajos. Según sendos informes del Banco de España publicados el pasado día 16: uno sobre el mercado del alquiler de vivienda con datos de la Agencia Tributaria, y otro sobre el mercado de vivienda residencial en el que hace una comparativa internacional, casi la mitad de las personas que viven de alquiler en el país se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, debido al alto coste de los alquileres. Los arrendatarios con menos recursos destinan un 43,1% de sus ingresos a la vivienda, ¡una barbaridad! Se trata de la proporción más elevada de toda la Unión Europea, donde la media se sitúa en el 32%, estando Francia e Italia en torno al 30% y Alemania menos del 25%.
Agrava la situación el hecho de que España cuenta con un parque muy reducido de vivienda pública. Según datos de 2023, existen unos 300.000 pisos de alquiler social, lo que representa un 1% del parque inmobiliario total. Algo totalmente incomprensible si lo comparamos con los países avanzados de nuestro entorno. Así, en el conjunto de la OCDE el porcentaje se sitúa en el 7%, en Francia el 14%, Reino Unido el 17% y Países Bajos el 34%. Por otro lado, el Banco de España calcula que los particulares han puesto en el mercado de alquiler en torno a 100.000 viviendas cada año entre 2012 y 2022, incrementando así el peso de los pequeños propietarios, quienes tienen en sus manos el 90% del parque de vivienda.
En España la demanda de arrendamientos, hecha principalmente por los jóvenes y los inmigrantes (aunque no son los únicos) no ha dejado de crecer, especialmente en las ciudades. Mientras, la oferta disminuye por la abrupta conversión de viviendas en pisos turístico de alquiler. Según los cálculos de la citada entidad, España necesita 1,5 millones de viviendas de alquiler social para llegar a los niveles de otros países similares en economía y desarrollo social.
Esta situación está acabando con los pactos sociales tradicionales no escritos. Hasta no hace mucho, la vivienda en propiedad no solo representaba el hogar, también un medio y mecanismo para acceder a la ciudadanía y de ahí a la clase media, además de una garantía para el bienestar económico y protección social. En España eso suponía estabilidad, compromiso, inversión, y la configuración de una sociedad de propietarios. Los cambios sociales ya habían ido transformando esa manera de pensar. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera de 2008, la construcción en España cayó en picado, se aceleró la transición hacia el mercado del alquiler y provocó la fractura de la sociedad de propietarios.
Ahora, la gran y prolongada crisis de la vivienda, sobrevenida por la escasa construcción de vivienda pública durante años y la reconversión de viviendas en pisos turísticos, entre otras causas, está erosionando aquellos consensos sociales y económicos. La sociedad está cada vez más dividida entre quienes acumulan propiedades y obtienen ingresos por alquiler, y los inquilinos (en el caso de España, el número de personas que residen en una vivienda arrendada se situó en torno a los 9 millones a finales de 2023) aquellos que no tienen acceso a una vivienda en propiedad y que, a pesar de tener empleos estables, no llegan a poder pagar el alquiler, salvo que se lo quiten de otros requerimientos de la vida. En este contexto, el futuro de las nuevas generaciones se hace muy cuesta arriba. Las sociedades se hacen cada vez más desiguales y estratificadas por el patrimonio inmobiliario al que tengan acceso.
No es fácil solucionar el problema de la vivienda, porque intervienen muchos factores. Es preciso hacer muchas cosas, hacerlas a la vez y con un horizonte temporal amplio. Resolver el problema de la vivienda exige promover nuevos acuerdos que refuercen la función social que tiene, que eviten la especulación mercantilista y que garanticen el acceso universal, algo parecido a lo que se da en la educación y la sanidad.
La crisis de la vivienda, su escasez, carestía, falta de pisos de protección oficial y la derivación a pisos turísticos, suponen una de las principales preocupaciones de los españoles y uno de los problemas más complejos de resolver. Tanto, que si las administraciones públicas de todos los niveles, los agentes sociales y la sociedad civil en su conjunto, no encuentran las vías de solución, podría derivar hacia una crisis política con grabes consecuencias para la propia democracia y la convivencia.
Escuchemos a Nino Bravo en Esa será mi casa:
https://www.youtube.com/watch?v=uBOPBqz3WUY
Aguadero@acta.es
© Francisco Aguadero Fernández, 18 de octubre de 2024