Patricia Mariño Gonçalves
Defensora de los Derechos Humanos
En El Salvador, las “maras” han sido responsables de una gran cantidad de violencia y delitos graves. Se trata de pandillas criminales que operan en varias partes de América Central y que son conocidas por su violencia extrema y su participación en delitos como el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el homicidio. Ente las más conocidas se encuentran la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Barrio 18 (también conocida como 18th Street).
La aparición de estos grupos criminales en la sociedad salvadoreña ha tenido desde hace años graves consecuencias, entre las que se encuentra, en primer lugar, las altas tasas de violencia que han provocado el desplazamiento forzado de muchas personas, lo que a su vez ha generado una crisis humanitaria en el país. En segundo lugar, ha habido un debilitamiento del estado de derecho, pues se ha conseguido que que la población tenga poca confianza en las instituciones del gobierno. Por último, ha aumentado la pobreza y exclusión social, ya que muchos de los miembros de las maras provienen de comunidades pobres y marginadas, condiciones que contribuyen a la vulnerabilidad de los jóvenes y a la atracción hacia las pandillas.
A consecuencia de lo anterior, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha inaugurado el pasado febrero el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo construido en el tiempo récord de siete meses para contribuir a la lucha contra las pandillas. El presidente centroamericano cuenta con el apoyo de la mayoría de la población y, sin embargo, ha dado lugar a un controvertido debate, siendo acusado de usar torturas, arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas. De hecho , Bukele hace unos 10 meses había establecido un régimen de excepción llevando a cabo el arresto de mas de 60.000 pandilleros.
La filtración de una base de datos a la que ha tenido acceso Human Rights Watch muestran estos abusos anteriormente mencionados. En primer lugar, durante marzo y agosto de 2022, miles de personas habían sido detenidas y procesadas sin las garantías al debido proceso, violando así su derecho de defensa, a la presunción de inocencia, a un recurso judicial efectivo y el acceso a un juez. Por otro lado, Amnistía Internacional ha denunciado la utilización de la tortura, malos tratos y la muerte de al menos 18 personas bajo la tutela del Estado. Esto junto al discurso estigmatizador ya sea por llevar tatuajes, por tener algún familiar dentro de la banda o bien por el simple hecho de vivir en una zona controlada por una mara, hace que la marginación de estas personas siga en aumento.
En lo que se refiere al CETCO, señalado por su presidente como la “cárcel mas grande de América”, cuenta con una capacidad para 40.000 personas. Las condiciones en el interior son devastadoras. Los presos se encuentran hacinados en las celdas, lo que ocasiona problemas de insalubridad, salud y escasez de alimentos, vulnerando así su derecho a la vida y a su integridad personal. Por otro lado, los viídeos que han salido a la luz sobre el traslado de 2.000 presos vislumbraban lo que podría ser el futuro de los mareros. Aquí se les ve descalzos, con la cabeza rapada, maniatados y corriendo hacia el autobús con la cabeza agachada, a la vez que son supervisados por cientos de policías armados que están preparados para actuar en caso de que alguno decida no obedecer las órdenes. En palabras del presidente, “esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”.
Con todo ello, no pocas han sido las organizaciones de derechos humanos que se han pronunciado. Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía internacional para las Américas señala: «Nos hemos reunido con el presidente Nayib Bukele para presentar nuestras preocupaciones sobre la grave situación de derechos humanos en El Salvador. Esperamos que su gobierno aborde estos grandes desafíos con determinación y que adopte sin demora los cambios que necesita el país para hacer de los derechos humanos una realidad».
Mas allá de todo esto, lo que podemos tener claro es que si no se toman medidas se llevará a cabo la construcción de un estado de excepción permanente que continuará con la aplicación de políticas públicas de encarcelamiento masivo y vulneración de los derechos humanos. Si bien es cierto que no podemos mirar a estas personas, los mareros, como si nada malo hubiesen hecho, es necesario considerar que existen límites a la utilización de la violencia, y también que existen otros tipos de herramientas no para acabar con el problema, porque realmente es imposible, sino para por lo menos paliar sus consecuencias. De este modo, en lugar de reformas penales y la construcción de centros penitenciarios enormes, que lo único que logran es instaurar un derecho penal del enemigo donde se criminaliza a determinadas personas por su condición, se deberían apostar por políticas públicas sociales y económicas que puedan dar los recursos necesarios a todos esos jóvenes que están decididos a entrar a formar parte de una pandilla.